Editorial EL UNIVERSAL /Autodefensas no deben repetirse

Hace seis años la población de Michoacán se encontraba a merced de los grupos del crimen organizado que peleaban por el control de territorios. Se conocieron muchas historias de abusos y vejaciones. Los gobiernos locales poco podían hacer para enfrentar el poder de la delincuencia, incluso muchos estaban en complicidad con las bandas. Ante el vacío de autoridad, surgieron grupos de civiles dispuestos a llenar ese hueco. Así aparecieron los llamados “autodefensas”, para realizar labores de seguridad en diversas zonas; se conformaron 32 grupos. La intervención del gobierno federal, mediante un delegado especial en la entidad, logró el desmantelamiento e incorporación de sus elementos como agentes policiacos en las corporaciones municipales; los menos se transformaron en bandas delincuenciales o se fueron a las filas del crimen organizado. A seis años de distancia, los autodefensas no son historia, sino realidad. En tres comunidades michoacanas su presencia es cotidiana, aunque solo en Coahuayana su actividad registra resultados positivos: el municipio es uno de los más seguros en la entidad. En cinco años solo se han registrado 11 homicidios dolosos, dos casos de extorsión y ningún secuestro. Los civiles armados se capacitan en criminología y criminalística, bajo estándares del Nuevo Sistema de Justicia Penal. También operan en Aquila y La Ruana, donde la situación es distinta, pues los índices de inseguridad se han incrementado. En estas zonas prevalecen la violencia, las muertes, los secuestros y las extorsiones. La presencia de civiles armados que buscan combatir al crimen es señal inequívoca de la debilidad de los gobiernos locales democráticamente constituidos. Se incumple así el mandato ciudadano que otorga a sus gobernantes el monopolio de la fuerza para generar un ambiente de seguridad. La incapacidad o —peor aun— la infiltración de criminales en las filas policiacas son la única explicación posible a la claudicación oficial en la lucha contra grupos delictivos. La desesperación de ciudadanos lleva a la decisión de defender familia y patrimonio por propia mano sin esperar a la acción oficial. En 2013 decenas de municipios michoacanos eran un territorio sin ley donde dominaban los más fuertes. Reinstaurar la legalidad fue un proceso que tomó varios meses. Ni al estado ni al país le conviene ahora que revivan escenarios de ingobernabilidad. Significaría que nada se aprendió. Los grupos que sobreviven son un recuerdo de lo que no tiene que volver a repetirse. OPINIÓN/ Neoliberalismo, inseguridad y violencia

López Obrador suele responsabilizar al modelo neoliberal de la actual violencia e inseguridad, con sus miles de muertes y desapariciones. Cierto que el problema del crimen organizado derivado del narcotráfico se salió de cauce en los últimos años, pero ello responde a múltiples variables como el relajamiento de los controles federales sobre los políticos locales, el sellamiento de Florida durante el gobierno de Bill Clinton (como él mismo lo reconoció), los cambios en los mercados norteamericano y mexicano de drogas, o incluso las medidas poco planeadas y precipitadas de Felipe Calderón a un mes de llegar al gobierno. No es pues el neoliberalismo en sí, que si bien tuvo grandes deficiencias, insuficiencias y abusos, no es responsable — o el único responsable — de todos los males nacionales. Aseguraba AMLO: “Por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y del campo, la falta de empleos y la desatención a los jóvenes, se desataron la inseguridad y la violencia que han causado miles de muertes”. (2018; La salida. 2016). Sin duda que la pobreza y falta de oportunidades son una variable que incide en la delincuencia, organizada o no, pero no es la única ni seguramente la más determinante. Dadas nuestras circunstancias geopolíticas, la narcoviolencia habría surgido bajo cualquier modelo económico que estuviere vigente, generando los mismos desafíos que se han visto en los últimos años. En todo caso cabría preguntar, si la crisis de inseguridad es consecuencia del neoliberalismo, ¿por qué estalló hasta muchos años después de inaugurado en nuestro país? ¿Por qué durante los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo e incluso la primera parte de Fox, la tasa de homicidios venía a la baja? ¿No son entonces otras variables las que mejor pueden explicar la crisis de inseguridad y el aumento de la violencia, y no la política económica neoliberal? Los datos disponibles (aunque quizá no los de AMLO) apuntan a que “en 2007 no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo con las fuerzas armadas” (Seguridad interior, elementos para el debate. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2017). El problema de un diagnóstico tan simple es que el remedio seguramente pecará también de simplismo. De acuerdo con este modelo los jóvenes se alejarán en automático de los cárteles del crimen, quedando éstos en total abandono por falta de mano de obra, sicarios y operadores (mismos que no se podrán hallar ya en el mercado laboral pese a los generosos ingresos ofrecidos por la redituable industria criminal). Y es que, sostiene AMLO, “Un distintivo del periodo neoliberal o neoporfirista ha sido, precisamente, la marginación y el ninguneo de la juventud. Por la falta de oportunidades para las nuevas generaciones se han producido frustración, odios y resentimientos que atizan la violencia que padecemos” (2018; la salida). Pero la relación causal entre tales becas y la reducción de narcoviolencia está por verse. Desde luego, no se puede responsabilizar a AMLO sobre la violencia en estos primeros meses, ni determinar el éxito o fracaso a partir de ello. Pero el propio AMLO aplicó con otros gobiernos (de la mafia) ese mismo criterio; responsabilizó a Peña Nieto y a Miguel Ángel Yunes de la violencia en sus primeros meses de gobierno. Ahora rechaza que ese mismo criterio se aplique a su gobierno. Hay en esto, una vez más, un doble rasero para evaluar a los gobiernos neoliberales de manera distinta al suyo propio o los de Morena. En todo caso, a partir de la idea simplista de que la narcoviolencia es producto del neoliberalismo, al decretar el fin de este modelo supondría que iniciará su vertiginosa caída. Pero la realidad, desafortunadamente, es mucho más compleja que eso. No reconocer dicha complejidad es casi una garantía de fracaso. Ahí está el intento veracruzano de reducir la violencia regalando 500 vacas. Ojalá esa medida resulte eficaz.

Frentes Políticos

1. Dolor de cabeza. Un grupo de cubanos se fugó de la estación migratoria en el municipio de Comitán, en el estado de Chiapas. Durante la madrugada del domingo aprovecharon que los vigilantes dormían para quitar la protección de una ventana. Aparentemente, los guardias de seguridad no se percataron del momento de la fuga, sino hasta que se acercaron a la sala donde ya no se encontraban los isleños. Este es el segundo grupo de migrantes que se escapa en una semana en el país. Es claro que pierde las riendas el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, pues, la fuga de mil cubanos deportados en Tapachula, y el hacinamiento en otras estaciones migratorias en la República Mexicana, tienen a los migrantes desbordados. Hay que estar más pendientes. 2. Contra las “tabletas”. Esta mañana de lunes, el Movimiento Nacional Taxista en la Ciudad de México, realizará frente a la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, una movilización para dar a conocer su postura con relación a los decretos publicados el 24 y 26 de abril en la Gaceta Oficial sobre diversas disposiciones al Reglamento de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, “con las que la autoridad capitalina presume otorgarnos ‘piso parejo’, lo que es irreal”, se quejaron algunos integrantes de este movimiento. Piensan hacerle ruido a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, quien, ciertamente debe dejar bien claras las reglas de operación de taxistas tradicionales y tecnológicos. Porque ya lo dice el dicho: a río revuelto… 3.  A dar el ejemplo. Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, tiene una oportunidad de oro para demostrar que esta administración sí va en serio.. La paraestatal mexicana deberá publicar los expedientes, contratos y facturas que amparan la adquisición de 550 autotanques para transportar gasolinas, como parte de la estrategia para combatir el huachicoleo, anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 21 de enero pasado, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (Inai). Las promesas de la nueva administración se verán reflejadas si Romero Oropeza cumple esta exigencia en Petróleos Mexicanos. ¿O será más de lo mismo, señor?  4. Costal de ideas. La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Almaguer Pardo propuso la creación de una fiscalía social de carácter honorífico en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para evitar que se cometan actos de corrupción, entre otras prácticas de pasadas administraciones. La legisladora del sol azteca precisó que la fiscalía social tendrá el objetivo de vigilar de manera sistemática todos los procedimientos relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura que se realicen con recursos públicos. Dicen que la administración anterior fue “una fuente de corrupción y tráfico de influencias”, el problema es que no acusan directamente a nadie. ¿A qué se debe? 5.  Sus verdades. Ante el temor de un imaginario “albazo legislativo”, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que “¡ante la imposición, la revolución!”, debido a la aprobación de la reforma educativa en días pasados. Mientras los maestros disidentes se manifiestan y bloquean vialidades, un conductor que se topó con ellos, les dijo: “Ustedes son maestros, tienen un trabajo muy bueno y se quejan de todo. Los quisiera ver levantando mezcla, una barda, barriendo un lugar, viviendo lo que vivió uno. Aprovechen que estudiaron y hagan algo bueno. Quieren puro dinero, dinero, dinero”. ¿Cómo lo ven? Mejor retrato no pudo haberse trazado. Ambiciosos sin fin. Bitácora del director /Escuela y trabajo

Una de las críticas que se escuchaban con mayor frecuencia a la Reforma Educativa aprobada el sexenio pasado –actualmente en proceso de desmantelamiento en el Congreso– es que se trataba fundamentalmente de una reforma laboral que poco hacía por actualizar los planes de estudio. A reserva de ver cómo opera la nueva legislación en materia de acceso, reconocimiento y promoción de los maestros, seguramente enfrentará la misma crítica que su antecesora: ¿qué se va a enseñar a los niños y jóvenes en las escuelas de educación básica? El asunto es de la mayor relevancia, pues, por su enseñanza, México se ha colocado en el sótano del conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, grupo de las 36 naciones más desarrolladas al que nuestro país se sumó hace ya casi un cuarto de siglo. La última vez que se aplicó la prueba PISA, elaborada por la OCDE, el resultado fue que sólo 1% de los estudiantes mexicanos que la tomaron pudo colocarse en un nivel alto de conocimientos y habilidades básicas. Es una lástima que nuestra discusión pública sobre educación siga centrándose en los derechos laborales de los profesores y no en las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Y es que, además del rezago educativo, el país se enfrenta a la innegable realidad del cambio de paradigma en el mundo del empleo. Alentado por mi compañero Ángel Verdugo, el fin de semana leí las 151 páginas del informe del Banco Mundial llamado La naturaleza cambiante del trabajo. Ahí se advierte que “muchos niños que actualmente asisten a la escuela primaria, una vez que lleguen a la edad adulta, trabajarán en empleos que hoy ni siquiera existen”, por lo que la institución llama a los países en desarrollo a “adoptar medidas rápidamente para asegurarse de que podrán competir en la economía del futuro” y advierte sobre las consecuencias de “descuidar las inversiones en capital humano en términos de la pérdida de productividad de la próxima generación de trabajadores”. Es cierto que la amenaza de la pérdida de empleos siempre ha acompañado el desarrollo de la técnica y que éste, al final, ha logrado crear más fuentes de trabajo que las que destruye. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con la aparición del libro impreso, hace más de 500 años, cuando la labor de los escribas dejó de tener un propósito, la transformación que entraña la más reciente ola tecnológica –con los avances en la robotización y la inteligencia artificial– podría arrasar con muchos empleos infinitamente más rápido de lo que desaparecieron los clientes de los copistas (un siglo o más) o de los tejedores manuales (décadas). La diferencia entre esta ola y las anteriores, dice el historiador Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, es que “a la larga, ningún puesto de trabajo se librará de la automatización” y que los nuevos empleos “exigirán un gran nivel de pericia”. Por ello, no será posible improvisar el entrenamiento de quienes se desempeñen en los nuevos campos laborales. Entiendo al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, cuando dice que la educación debe incluir la enseñanza de civismo y humanismo, para formar ciudadanos para la convivencia y no sólo para el trabajo. Es verdad, pero no puede dejar de preparar a los alumnos para su entrada en el mercado laboral, especialmente cuando se consideran los cambios que he descrito arriba. Qué maestros les darán las armas para enfrentar esas transformaciones debe ser una prioridad del Estado mexicano.