Editorial EL UNIVERSAL / Monreal al rescate de Matamoros

El viernes pasado estalló la huelga en 26 empresas exportadoras radicadas en Matamoros. Los trabajadores de otras trece industrias optaron por el paro ilegal de labores. 36 mil 700 trabajadores, en total, han suspendido sus actividades por una negociación salarial difícil de resolver. El origen del conflicto fue el incremento del salario mínimo decretado para la frontera a partir del primero de enero. Las empresas se vieron obligadas a subir, de golpe, de 88.36 a 176.72 pesos diarios y encajaron el esfuerzo sin reclamar. Pero en Matamoros la demanda fue más lejos: encabezados por la abogada Susana Prieto Terrazas, los trabajadores exigieron que, además, se otorgara un aumento generalizado del 20% para todos los obreros. También fijaron como condición la entrega de un bono para cada trabajador por la cantidad de 32 mil pesos. Sorprendió a las empresas que no fuera Juan Villafuerte, líder sindical que representa formalmente a estos trabajadores, quien condujera la exigencia, sino una abogada de Ciudad Juárez residente en el Paso, Texas. ¿Quién llamó a Susana Prieto Terrazas para que orquestara el paro en Matamoros? Cabe temer que esta mujer responda a intereses inconfesables, cuyo verdadero propósito es desestabilizar a la industria exportadora mexicana. El movimiento que ella encabeza ocurre justo cuando los sindicatos, canadiense y de los Estados Unidos, así como el gobierno de Donald Trump, señalan a México como un país incierto para la inversión industrial. Hay también evidencia de que otros actores estarían interesados en potenciar la crisis. Juan Villafuerte señaló por nombre y apellido a las “manos extrañas” detrás del conflicto. Por ejemplo, al líder del sindicato minero en Matamoros, Javier Zúñiga García. Se trata de un hombre allegado a Napoleón Gómez Urrutia que, sin tener que ver con el tema, ha sido orador principal del movimiento. Igual han participado José Ángel Frías, empresario tortillero, y Ernesto Picasso, líder obrero, ambos dirigentes locales de Morena. Otro actor es Mario López, presidente municipal de Matamoros, quien ganó la elección en julio pasado también por Morena. Estos datos de contexto, sumado a que Susana Prieto Terrazas presume ser simpatizante del partido fundado por López Obrador, llevó a que los empresarios afectados sospecharan del gobierno federal. La desconfianza tomó fuerza cuando representantes de las empresas acudieron a visitar a las autoridades de la Secretaría del Trabajo sin que sus preocupaciones fueran atendidas. En revancha, otros actores de la alta jerarquía morenista enviaron un mensaje distinto. Concretamente el senador Ricardo Monreal, quien en las últimas horas comenzó a operar para buscar una solución al conflicto. Sorprendió una llamada telefónica entre la abogada Susana Prieto y el senador Monreal, ocurrida el sábado 26 por la noche, y que se difundió por las redes sociales. Ahí Monreal dejó en claro que el presidente no iba a permitir que los derechos de los trabajadores se vieran lesionados, “pero tampoco que se caiga la economía en el estado (de Tamaulipas) y el municipio (de Matamoros).” Trascendió después que el senador citó el día de hoy al líder sindical, Juan Villafuerte, en la ciudad de México, para intentar una negociación política que ponga fin a la crisis. Desde la noche del sábado la abogada Prieto está furiosa y acusa al presidente López Obrador de haber ordenado arbitrariamente levantar la huelga. ZOOM: Sería importante saber quién respaldó en un principio a la abogada juarense: ¿Los gringos? ¿Napoleón Gómez Urrutia? ¿Fuerzas locales de Morena? Mientras tanto, el senador Ricardo Monreal es el responsable de parar un carro que iba derecho al precipicio.

OPINIÓN / La agonía del régimen electoral mexicano

Las dos instituciones que encabezan el régimen electoral mexicano están atravesando por un desierto: de un lado, el conflicto entre los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ha llevado a la renuncia de Janine Otálora a la presidencia de ese órgano; y de otro, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha enderezado una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados para tratar de hacerse con los recursos que, según los consejeros electorales, resultan indispensables para organizar los comicios que tendrán lugar el próximo 2 de junio. De un lado, la disputa interna en el Trife ha mostrado su flanco más débil: el encono entre magistrados, agigantado por las disputas que despertó la resolución de las elecciones de Puebla, que probablemente quedará registrada como una de las más polémicas en la historia de ese órgano, pero que de ninguna manera justifica la ruptura entre sus integrantes. ¿Qué puede esperarse de un colegiado que está llamado a dirimir los conflictos electorales, pero que es incapaz de controlar sus propias pasiones? En su renuncia, la magistrada Otálora habló de una transición necesaria en el tribunal. ¿Pero una transición hacia dónde? De otro lado, nos enteramos de que “la drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas (a los que debe añadirse Puebla), con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades; expida millones de credenciales para votar gratuitamente; fiscalice los recursos de los partidos políticos y las candidaturas; monitoree las transmisiones de radio y televisión; o bien, que cumpla con otras obligaciones constitucionales y legales”. Nada menos. Para completar el escenario ominoso, añádase que el régimen de partidos que se construyó al final del siglo pasado está sumido, a su vez, en una crisis que hoy parece imposible de remontar. Los que protagonizaron la transición de finales del siglo pasado y sentaron las bases del sistema electoral que hoy tenemos, están atravesando por el peor momento de toda su historia. Ninguno parece contar con los argumentos suficientes para salir airosos de sus propios abusos, ni para enfrentar la emergencia de una nueva fuerza política anclada en la poderosa legitimidad del presidente de la República, que promete reconstruir la hegemonía de un partido prácticamente único. Y, sin embargo, es con ellos con quienes sigue operando el régimen electoral que tenemos, como si no hubiera pasado nada y como si todas las circunstancias estuvieran intactas. Y por si algo faltara, hay que sumar que nadie recuerda siquiera a la Fepade, que la fiscalización de los partidos se convirtió en una farsa, que las elecciones locales siguen siendo motivo de conflictos interminables sin filtro, que el voluminoso financiamiento de los partidos está en jaque y que el nuevo gobierno se ha propuesto cargar con más responsabilidades al INE, para organizar consultas cada vez que sea necesario. Dadas estas circunstancias, me resulta obvio que el régimen electoral mexicano, tal como lo conocimos, está en agonía. Y me parece evidente la urgencia de llamar a modificarlo lo más pronto posible, a fin de conjurar el riesgo de volver al tiempo en el que la distribución del poder se resolvía por vías ajenas al voto, aunque hubiera elecciones. Hay que desatar los nudos formalistas, simplificar los procesos que no llevan a ningún lado y rediseñar las instituciones que hoy están revelando, como nunca antes, la doble causa de sus debilidades: la pasión y el dinero.

Frentes Políticos I. Sólo en México. Es de pena ajena que los gobiernos de los estados de nuestro país contraten a funcionarios improvisados y sin experiencia en puestos que requieren no sólo conocimiento técnico, sino también ser reconocidos en el sector. Es el caso del nombramiento de Andrés Massieu como secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, un personaje gris que llega a esa posición, sin experiencia previa en la materia y sólo por haber laborado en la Presidencia en el sexenio pasado. Adicionalmente, es de llamar la atención, y de todos sabido, que Massieu le jugó las contras a Alfredo del Mazo en el proceso interno del PRI para seleccionar su candidato a gobernador. Ojalá en los tiempos de la 4T este tipo de prácticas se acabe. II. Ajuste de cinturón. Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN, presentará un proyecto de sentencia que determinaría si se levanta o no la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán y que congeló la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. El proyecto propone revocar la suspensión. ¿Las razones? La Ley prohíbe suspender la aplicación de las normas generales que se controviertan en una acción de inconstitucionalidad. Además, la Constitución establece un balance, que consiste en que las leyes se presumen constitucionales hasta que la Corte defina lo contrario, por lo que, mientras la Ley de Remuneraciones entra y sale del refrigerador, las normas deben surtir todos sus efectos. Los salarios estratosféricos serán historia. ¡Qué afán de querer ganar más que el Presidente! III. Se tapan las fugas. La Secretaría de Hacienda anunció una serie de medidas para fortalecer la capacidad productiva de Pemex, por medio de éstas estima que liberará alrededor de 11 mil mdp de recursos por año, alcanzando un total de 66 mil mdp disponibles para invertir en 2024, los cuales serán destinados “única y exclusivamente a inversión en exploración y producción”. Además, elementos de la Marina y de la Agencia de Investigación Criminal decomisaron 850 mil litros de hidrocarburo de dos buques que navegaban frente al puerto de Dos Bocas, en Tabasco. Y de acuerdo con el titular de la UIF de Hacienda, Santiago Nieto, han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a bandas de huachicoleros. En un año, el robo de combustible no existirá. A este ritmo, lo creemos. IV. Fuera de lugar. De qué sirven las palabras y las exigencias de Jesús Román Bojórquez, alcalde de Chimalhuacán, Estado de México, quien pidió todo el peso de la ley para los responsables del asesinato de la niña Giselle Garrido Cruz, de 11 años, quien desapareció el 19 de enero y cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en el municipio de Ixtapaluca. Durante los días previos al hallazgo del cuerpo, ciudadanía, servidores públicos del Ayuntamiento, policías municipales, investigadores de la FGJEM y del orden federal mantuvieron la búsqueda con diversas estrategias, como el uso de binomios caninos, drones y barrido de espacios a cielo abierto. En vez de generar un ambiente de tranquilidad social, el edil exige recursos para seguridad “y evitar casos como el de Giselle”. Pena debería tener. V. Frágiles. Es oportuno ver este par de casos en los que elementos de la Secretaría Ciudadana se vieron rebasados por ciudadanos que cometieron alguna falta. En el primero, elementos del Sector Cuautepec, en Gustavo A. Madero, son captados en video, en una aparentemente detención, cuando un hombre semidesnudo y con un tubo los intimida y logra liberar a otro hombre que ya estaba detenido. El segundo ocurrió sobre Avenida Insurgentes Sur, en Benito Juárez, policías infraccionaron e inmovilizaron una camioneta y fueron encañonados por quien se ostenta como oficial; le indican apuntar hacia el suelo y él se niega, incluso a proporcionales el arma. ¿Por qué en otros países la policía es implacable, efectiva y respetada, pero aquí no? BITÁCORA DEL DIRECTOR / Chantaje de la CNTE mata la austeridad

Como parte de la política de austeridad del gobierno federal y su leal mayoría en el Congreso, el Presupuesto de Egresos de la Federación incluyó un descuento en la partida correspondiente a dos organismos autónomos, el INE y el Inegi. Al primero, le rasuraron 950 millones de pesos; al segundo, 500 millones. Ambos institutos advirtieron que el recorte a su presupuesto dificultaría sus tareas. El INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte; el Inegi, sin descartar la posibilidad de hacer lo mismo, anunció que deberá dejar de aplicar 14 estudios que publica regularmente y que sirven para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones de política monetaria, entre ellos, el Censo Agropecuario y las encuestas nacionales de Gasto en los Hogares y sobre la Confianza del Consumidor. Ayer, la Coparmex se pronunció sobre estos recortes, advirtiendo que podrían poner en entredicho “la operación efectiva de las instituciones autónomas y el cumplimiento de su mandato”. Sin embargo, hay algo aún más grave: paralelamente a esta restricción presupuestal, el gobierno federal anunció su intención de complacer a los maestros de la CNTE que están bloqueando, desde hace 14 días, las vías férreas en el estado de Michoacán –afectando el transporte de insumos y productos terminados de muchas industrias en el centro y norte del país–, mediante el otorgamiento de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales entre 2014 y 2018. Dichas plazas habían dejado de asignarse con la entrada en vigor de la Reforma Educativa –la cual dispuso su otorgamiento vía concurso–, pero ahora el gobierno federal propone que los “maestros democráticos” vuelvan a las andadas con esta exigencia, que en el pasado se convirtió en un jugoso ingreso para el gremio, pues cada una de esas plazas paga una cuota sindical. Crear esas plazas elevaría la nómina en 780 millones de pesos al año, pues desde 2014 han egresado de las ocho escuelas normales de Michoacán –ubicadas en Morelia, Tiripetío, Cherán y Arteaga– unos cinco mil alumnos, que pasarían a tener un sueldo de 13 mil pesos mensuales. Es decir, los profesores de la CNTE han logrado más con sus actos de presión –el más notorio es el bloqueo de las vías del tren– que los especialistas y organizaciones que han alegado que el recorte a los organismos autónomos atenta contra la democracia y la divulgación de información de interés público. Se privilegia, pues, a cinco mil aspirantes a maestros sobre 127 millones de mexicanos. Eso es inaceptable. Los 780 millones de pesos que se erogarían para crear esas plazas –producto del chantaje– representan 82% de lo que se quiere recortar al INE y 156% de lo rasurado al Inegi. La pregunta ineludible es por qué quiere el gobierno federal beneficiar a una minoría –rapaz, esa sí, además de chantajista– por encima de decenas de miles que podrían perder sus empleos si los actos de presión de la CNTE y otras “organizaciones sociales” se vuelven regulares, afectando a la economía. Y también, por qué son más importantes las pretensiones de los profesores disidentes que las razones de organismos autónomos que han probado su capacidad de organizar elecciones con un enorme grado de certeza –tan es así que Morena ganó los comicios de 2018– y dotar a ciudadanos y autoridades de información estadística confiable para tomar decisiones. Por desgracia, la respuesta parece ser que el gobierno federal tiene una alianza política con grupos de presión como la CNTE, a la que prometió la derogación de la Reforma Educativa, cosa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido hasta ahora con el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa que se discutirá en el periodo ordinario de sesiones que se inaugura en febrero. Ayer, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador llamó a la CNTE a ser razonable en sus exigencias –además de las plazas, pretende que se le paguen cinco mil millones de pesos por presuntos adeudos– y dijo que no se dejaría chantajear. Yo no sé de qué otra manera se puede llamar lo que hacen los maestros con el bloqueo de las vías. Pero ellos no tienen que preocuparse. El Ejecutivo también dijo que no mandaría a la fuerza pública a desalojarlos porque no cree en la “represión”. Mientras se siga confundiendo aplicar la ley con reprimir, las “organizaciones sociales” saben que tienen la puerta abierta para hacerse de recursos públicos que, inevitablemente, se comerán los ahorros que el gobierno dice querer hacer.