Editorial EL UNIVERSAL / El enigma de la asesina que cobraba poco

La lección de Plaza Artz debería ser que los delincuentes no actúan con racionalidad ni cuentan con información perfecta. Las estrategias contra el delito deberían de ajustarse a ese hecho

El jueves pasado, una mujer asesinó a dos israelíes en una plaza comercial de la Ciudad de México. Tras el tiroteo, la mujer fue detenida.La atención de los medios se ha centrado en la trayectoria rocambolesca de las víctimas. A mí me interesa más la presunta asesina ¿Qué sabemos sobre ella? No mucho: según información de medios, se llama Esperanza, trabajó en un bar en Tláhuac y cobró 5 mil pesos por la ejecución. El bajo precio cobrado por la supuesta gatillera sorprende. Según un reporte publicado por la organización Impunidad Cero, la tasa de impunidad por el delito de homicidio doloso en la Ciudad de México fue 62.4% en 2017. Es decir, casi 4 de cada 10 homicidas recibió una sentencia condenatoria. Para fines del argumento, asumamos que la tasa de impunidad creció en los últimos dos años hasta llegar a 90%.La pena por el delito de homicidio calificado en la capital del país va de 20 a 50 años de prisión. Supongamos que, una vez atrapado y sentenciado, un homicida tiene un 10% de probabilidad de recibir y cumplir la pena máxima. Es decir, la probabilidad ex ante de que un asesino pase 50 años tras las rejas sería 1%.Asumamos que, en su empleo formal, Esperanza recibía un salario mínimo. Es decir, aproximadamente 3000 pesos al mes y 36 mil pesos al año. Y supongamos que ese ingreso no cambia por el resto de su vida laboral, tal vez 40 años. Dicho de otro modo, podría aspirar a recibir 1.44 millones de pesos en las próximas cuatro décadas.Pero, si recibe la pena máxima por homicidio, va a perder ese ingreso. Considerando las probabilidades de que las cosas salieran mal, Esperanza tendría que haber cobrado al menos 14,400 pesos por el asesinato, tres veces más de lo que presuntamente cobró. Y eso sin considerar el riesgo de acabar muerta, los costos psicológicos que pueda generar la pérdida de la libertad, etc.En resumen, Esperanza, si recibió lo que dice que recibió, no cubrió ni de cerca el riesgo de matar a dos personas ¿Por qué lo hizo entonces? Van algunas posibilidades: 1. El autor intelectual la obligó a hacerlo 

2. El homicidio genera algún tipo de compensación intangible que suplementa el pago en efectivo

3. Ya sea por una naturaleza impulsiva o por el consumo inmoderado de alguna sustancia, Esperanza no valora el futuro.

4. Hay un efecto lotería: una asesina a sueldo sabe que le están pagando muy poco, pero tiene la esperanza (así sea remota) de convertirse en la jefa de jefas.

5.Esperanza estaba mal informada y subestimó severamente los riesgos que enfrentaba. Esta última posibilidad resulta particularmente interesante. Los humanos somos malos para calibrar los riesgos: a veces tendemos a sobreestimarlos severamente (por ejemplo, el riesgo de viajar en avión) y a veces los subestimamos bestialmente (el riesgo de viajar en automóvil).  A ese rasgo humano hay que añadirle insuficiencias de información: la gigantesca mayoría de la población no tiene ni idea de cuál es la sanción por un homicidio ni, mucho menos, cuál es la probabilidad de ser procesado.Entonces, tal vez, un esfuerzo de combate al delito violento tendría que tener un componente de comunicación: informar sobre los riesgos objetivos que incurre alguien por ponerse del lado equivocado de la ley. La comunicación podría ser masiva o directa: en las prisiones, por la vía de iglesias, escuelas u organizaciones sociales, con las familias de jóvenes en riesgo, etc. Quizás funcionaría, quizás no. Como sea, la lección del asunto de Plaza Artz debería de ser que los delincuentes no actúan con plena racionalidad ni cuentan con información perfecta. Las estrategias para combatir el delito deberían de ajustarse a ese hecho ineludible. [email protected]. @ahope71 OPINIÓN / Autoridades, periodismo y violencia

Al concluir el primer semestre de 2019 es claro que la violencia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos continúa y está lejos de desaparecer. De los 149 casos de periodistas asesinados desde el año 2000 en México, ocho se han presentado durante los primeros meses de 2019. Lo anterior, sumado a las amenazas y otros ataques, tales como el allanamiento que se habría llevado a cabo en días pasados en el domicilio de la periodista Lydia Cacho, hacen que nuestro país sea considerado como uno de los más inseguros para el ejercicio de la actividad periodística en Latinoamérica.Pese a las declaraciones y compromisos que diversas autoridades han hecho para el esclarecimiento de estos casos y la aplicación de la ley a los responsables, conforme al último análisis realizado por la CNDH a las indagatorias relacionadas con los homicidios de comunicadores, se determinó que en cerca del 90% de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a 100% en los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde 2005 y 2006, respectivamente. En nuestro país no existe un entorno seguro para el periodismo y los crímenes que se cometen en contra de quienes ejercen esa actividad no se investigan ni sancionan: la impunidad impera. Esta situación, que la CNDH ha señalado en forma reiterada, fue recientemente evidenciada por el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, quien señaló que en nuestro país no se ha observado un cambio significativo con respecto a la libertad de expresión, al no registrarse un fortalecimiento del mecanismo de protección a periodistas, mejoras en el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, ni existir certeza sobre el que las autoridades no vigilen las actividades de quienes ejercen el periodismo, vulnerando su privacidad, pese a las denuncias que en tal sentido se han formulado en el pasado. La disposición y compromiso de las autoridades por defender y promover el libre ejercicio de la actividad periodística en nuestro país, tendría que materializarse mediante la atención a los puntos antes mencionados, pero también mediante la construcción de una relación de respeto y reconocimiento hacia el trabajo de periodistas y comunicadores. En días pasados, desde instancias gubernamentales, se volvió a descalificar públicamente la credibilidad y calidad profesional del trabajo llevado a cabo por algunos medios de comunicación que cuestionaron o disintieron de acciones o determinaciones de gobierno. Lejos de entrar a un debate o aclaración, sustentados en hechos concretos e información verificable, las autoridades ejercieron un malentendido derecho de réplica, victimizándonse y pretendiendo desacreditar, sin fundamento, a medios y periodistas, lo cual también propicia las condiciones para que se den actos de violencia en contra de estos últimos. La libertad de expresión y el derecho a la información no se preservan ni fortalecen con un periodismo “bien portado” con autoridades y gobiernos. La vigencia de estos derechos demanda un periodismo crítico, comprometido con la verdad, que investigue y denuncie los abusos de poder para generar insumos que contribuyan a que exista una sociedad informada y reflexiva sobre los actos que la perjudican y agravian. Estigmatizar o pretender condicionar la actividad periodística mediante la promoción de un discurso polarizante en contra de quien ejerce dicho oficio de manera libre y crítica, puede traducirse en una forma de violencia, que vulnere derechos humanos y debilite la democracia. México requiere abatir la impunidad con verdad y justicia, no necesitamos opacidad ni división.Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Frentes Políticos 1.  A la cabeza. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó con todo hacia quienes asfixiaron al sector salud a un grado insostenible. Aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo encabezado por personas de muy bajo nivel y sólo Antonio Ortiz Mena y Jesús Reyes Heroles estuvieron a la altura de la institución. El mandatario confió en que Zoé Robledo, actual director de esa institución, esté a la altura de dichos personajes y se comprometió a que los médicos residentes reciban una beca justa. Hizo alusión a la chispa de la vida y aseguró que el gobierno debe tener la capacidad de distribución de las refresqueras para hacer llegar las medicinas a todos los rincones. 2. De quinta. Policías rurales interceptaron a un grupo de migrantes hondureños en la comunidad Babilonia, del municipio de Palenque, en Chiapas, y les exigieron pagar 500 pesos por cada uno para dejarlos continuar su camino. Si eso es ya de por sí grave, los dejaron seguir cuando este grupo logró reunir, entre todos, la grandiosa cantidad de 800 pesos. “Como Dios es grande, nos logramos salir de ahí y ya salimos a la calle”, detalla uno de los migrantes en un video en redes sociales. Con Rutilio Escandón como gobernador, Chiapas está peor que nunca. Bloqueos carreteros por doquier, asaltos, desempleo y un alto índice de pobreza. Policías corruptos y centaveros. De lo peor. Es urgente arreglar las cosas en esa entidad. 3. Cerrar filas. Andrés Manuel López Obrador reveló en Chiapas que Gonzalo Hernández Licona, el exdirector del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ganaba 220 mil pesos mensuales. Hay mucho ruido alrededor de la posible desaparición del organismo. Y sí, sería una lástima que, por malas gestiones de sus encargados, le dieran punto final. Con estos salarios se evidencia el absurdo, medir la pobreza desde la riqueza. ¿Es tan difícil de entender que el presidente López Obrador no critica la labor de este Consejo, sino los gastos para hacer esa encomienda? Si el Coneval se muere, los sepultureros son quienes lo llevaron hasta ahí. 4. Sin salida. Siguen revelándose las operaciones de uno de los hombres más poderosos de México, hoy ceñido en desgracia, Juan Ramón Collado. Conocido como el abogado del poder mexicano, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. De acuerdo con información del diario español El País, controló en la Banca Privada d’Andorra, durante ese periodo, 24 cuentas, donde figuraron como titulares, en la mayoría de los casos, sociedades radicadas en las Antillas Holandesas. Y fue el beneficiario último de las mercantiles, según documentos a los que tuvo acceso el rotativo. Se acumulan pruebas en su contra. Nadie sale de un lodazal tan fangoso. 5. Fractura. A un año de la victoria electoral que les dio la mayoría absoluta en el Congreso, la armonía en los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se tambalea por la disputa de poder de cuatro grupos que buscan la presidencia del Senado y el dominio de ese instituto político a nivel nacional. Una veintena está con Martí Batres para que mantenga el control de la Mesa Directiva del Senado, y el resto, 39, cierra filas con su coordinador, Ricardo Monreal, y tienen la propuesta de que sea una mujer la que encabece el Senado. Mientras, Mario Delgado y Bertha Luján ya se ven sustituyendo a Yeidckol Polevnsky en la presidencia nacional. La feroz batalla los dejará malheridos. No se ensañen. MARIO LUIS FUENTES / Muertos en el abandono

Miguel de Unamuno decía que los seres humanos somos “animales guarda muertos”; y añadía que antes de construir templos y palacios, lo primero que hicimos fue edificar tumbas para guardar a quienes han partido.

Ningún país podría haber estado preparado para enfrentar la magnitud de la mortandad que tenemos en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2018 se registraron en el país 35,964 homicidios intencionales: un promedio de 4.1 casos por hora. Por disposición de ley, cada asesinato obliga a que la autoridad “recoja” los cuerpos y practique la autopsia a fin de determinar cuál fue la causa de la muerte, y con ello recabar elementos que permitan sancionar al o a los responsables del homicidio de la víctima. La crisis de inseguridad y violencia que lastima a diario al país ha generado que en algunos estados de la República los Servicios Médicos Forenses (Semefo) se hayan visto desbordados, tanto en su infraestructura, como en recursos humanos, pues se estima que el número de médicos forenses que trabajan en los centros de los estados no rebasa la cifra de 450, mientras que el número de peritos especializados en identificación de cadáveres llega apenas a cerca de 650 expertos. Adicionalmente, hay enormes vacíos de información, por ejemplo, de acuerdo con varias notas periodísticas, el número de cadáveres sin identificar en los centros de los Semefo oscila entre seis mil y 20 mil; una cifra monstruosa, pues implica que haya cuerpos que permanecen sin identificar hasta por cinco años en estos centros.

El filósofo Miguel de Unamuno decía que los seres humanos somos “animales guarda muertos”; y añadía que antes de construir templos y palacios, lo primero que hicimos fue edificar tumbas para guardar a quienes han partido. Eso está roto en nuestro país, y significa no sólo una crisis institucional, sino también una crisis social inédita. La idea de la muerte y la forma en cómo los mexicanos la enfrentábamos fue magistralmente descrita y comprendida por Octavio Paz, sin embargo, esa forma de ver la muerte se ha modificado radicalmente en nuestros días, pues morir en México ya no es lo mismo, hay algo más que el hecho de perecer en miles de homicidios en los cuales las víctimas son desmembradas, incineradas o monstruosamente disueltas en todo tipo de ácidos. La idea de morir con dignidad está “tocada” en nuestro país. Porque ella implica que, al morir, los restos de quien fallece pueden ser llorados, despedidos, guardados por sus familiares o amigos. Pero acá es urgente preguntarnos críticamente ¿cómo se llora ante una cabeza desprendida del cuerpo; cómo se llora ante sólo pedazos de cuerpos tirados en la vía pública, cómo se despide a trozos de carne encontrados en las fosas del terror que se siguen encontrando por todas partes? Lo anterior no es tremendismo; y las preguntas debemos hacérnoslas con toda seriedad, porque en ello nos va la forma en cómo nos definimos ante la muerte, pues, necesariamente, lleva implícito el valor y la dignidad que intentamos otorgarle a la vida. Atravesamos por un periodo auténticamente macabro, en el cual casi todo se ha frivolizado; casi toda idea de felicidad termina en una tienda, advierte el sociólogo Bauman, y con todo ello, incluso el mal y su práctica se han banalizado. El resultado es siniestro, muertos sin nombre, que son vistos como “meros cadáveres”, condenándolos al olvido perpetuo al despojarlos del aliento, pero también de su nombre y su memoria. El Presidente de la República ha dicho en reiteradas ocasiones que su gobierno busca generar condiciones para la realización de la felicidad del pueblo, pero ésta no puede darse en medio de tanta violencia y de tanta maldad, al grado de tener miles de cadáveres olvidados, literalmente en proceso de desaparición total, porque de ellas y ellos no tenemos ni el nombre, sólo la carne trémula a la que le fue arrancada la vida de manera violenta. Urge, en consecuencia, una respuesta institucional mayor porque en ella debe cifrarse una respuesta contundente del Estado mexicano, que permita restituir la dignidad de la vida, y también el derecho de toda persona a un trato digno después de la muerte. Desde esta perspectiva, debe decirse: la transformación de la República no se concretará sin lograr antes la reconciliación, la paz y la vida y muerte digna para todas y todos.