Editorial EL UNIVERSAL / Independencia judicial e irreductibilidad de salarios

Alexis de Tocqueville, el gran pensador político francés del siglo XIX, vio en la tiranía de la mayoría el mayor riesgo de los gobiernos democráticos. Uno de los temas centrales de su clásico estudio, De la democracia en Américo, es la forma en que las instituciones previenen el peligro de una opinión pública demasiado poderosa que termina tiranizando a minorías impopulares. Un poder político ilimitado y sin contrapesos depositado en la legislatura, como ocurrió en Francia tras el triunfo de la Revolución, conducía a la tiranía y así a la inestabilidad política. Para Tocqueville, el éxito de la democracia en Estados Unidos se fundaba en el cuidadoso equilibrio los poderes, que permitía a las mayorías –a menudo volátiles e impulsivas– gobernar y al mismo tiempo dejaba salvaguardados los derechos de la minoría. Una de las piezas clave en este equilibrio era la judicatura, con dos características: su independencia y la capacidad de detener los excesos de los otros dos poderes mediante la revisión de la constitucionalidad de sus actos. En México, la transición a la democracia implicó no sólo una transición política, sino también otra de carácter judicial. Mediante reformas que se realizaron entre 1987 y 1996, el poder judicial se reorganizó, se reforzaron las garantías de independencia y se crearon nuevos mecanismos para la revisión de constitucionalidad. Además del juicio de amparo y la controversia constitucional, establecidos en México desde el siglo XIX, en 1994 se introdujo el juicio de acción de inconstitucionalidad. Este nuevo mecanismo, por el cual se puede declarar la nulidad de una ley, ha convertido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el último filtro en el proceso legislativo. Un buen ejemplo del papel del Poder Judicial en la protección de los derechos de las minorías lo tenemos con la controversial Ley de Seguridad Interior, que buscó regular el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. El despliegue del Ejército y la Marina en labores de seguridad ha sido una política con respaldo popular. Por ello, las cámaras del Congreso aprobaron la iniciativa con el voto de mayorías amplias. Grupos e instituciones opuestas a normalizar el uso de la milicia en tareas de seguridad pública –la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y legisladores– promovieron una acción de inconstitucionalidad. La SCJN les dio la razón y declaró la nulidad de la ley. Más recientemente, la aprobación Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ha puesto a prueba el equilibrio constitucional y su capacidad para defender los derechos de minorías. Mediante la regulación de los artículos 75 y 127 de la Constitución, el Congreso, ahora bajo el control de una mayoría, decidio darle efectividad a la disposición que establece que ningún servidor público puede tener una remuneración superior a la del presidente de la República. Sin embargo, lo ha hecho de tal manera que habilita a una coalición formada por el presidente de la República y una mayoría de la Cámara de Diputados para dictar la política salarial a otros poderes, incluyendo el Poder Judicial y órganos constitucionales autónomos. El problema con la nueva Ley es que parte de una lectura descontextualizada del artículo 127 de la Constitución. En particular, ignora lo dispuesto en artículo 99 de la misma Carta Magna que prohíbe disminuir las percepciones de los integrantes del Poder Judicial. La norma constitucional de irreductibilidad de salarios no es un privilegio de jueces, magistrados y ministros, sino una garantía de independencia, generalizada en el mundo democrático. Suprimirla pondría a la judicatura en una relación de subordinación ante una mayoría de la Cámara de Diputados. Por ello, resulta apropiado que, tras los miles de amparos que se han promovido contra la Ley Federal de Remuneraciones, la CNDH interpusiera una acción de constitucionalidad. Están en juego no solo los derechos de la minoría, sino uno de los principales mecanismos constitucionales por los cuales se protege.

Frentes Políticos I. Los perdedores. El bloque opositor se reconformó y ahora al PAN, al PRI, a MC y al PRD les toca estar en la banca. Lástima, perdieron su oportunidad y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) les arrebató, a la buena, la mayoría de los cargos. Les toca, como lo advirtieron, trabajar de la mano con el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional, agregó que no permitirá que México se convierta en un país de caudillos. El miedo les corroe. El fantasma del autoritarismo, de las dictaduras y de todos los mitos alrededor de la izquierda los tiene sin dormir. Exigen resultados tan buenos como los que ellos tuvieron. Calidad moral cero. II. Cercanía. Mucho de teatral tiene la nueva etapa que vive México. Se cumplen cada día una o más promesas de campaña. El avión presidencial se va hoy a California, para iniciar el proceso de venta; Los Pinos es ya un museo del que la gente, el primer día, pisoteó y se robó las macetas de nochebuenas; se disolvió el Estado Mayor y se reestructurarán las Fuerzas Armadas, con los nuevos mandos, el general de División, Luis Cresencio Sandoval González, en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el almirante José Rafael Ojeda Durán en la Secretaría de Marina, y López Obrador vuela en líneas comerciales al lado de la gente. Inédito ambiente se percibe. Este cambio sí se nota. III. Terminología. En Quintana Roo, autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una primera reunión para elaborar el Plan Nacional de Seguridad, cuyo coordinador regional en Solidaridad es Henry Martínez Aguilar. Al respecto, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, aseguró que la Cuarta Transformación requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad para resolver los problemas de México, lo cual será una realidad. Señaló que, en el caso de la región, para recuperar la paz social se pondrán en marcha acciones con una visión global e integral. Escucharemos términos nuevos; lo importante es que funcionen. IV. Ánimo contagioso. Es cierto que las muestras de cariño hacia el nuevo Presidente de la República parecieren exageradas, pero son parte de la catarsis que vivió el país en las elecciones. La gente se le acerca como a ningún otro mandatario mexicano. Y, así, a la efervescencia se une también la Iglesia católica mexicana, que aseguró tener clara la postura ante los nuevos tiempos, la cual será de colaboración, pero sin complicidad, como lo señaló la Arquidiócesis de México, que señaló que “México necesita mucho más que políticos. Requiere que cada mexicano se afiance en sus convicciones honestas y respetuosas”. Es verdad, pero por algo se empieza. V. Salvavidas. Lo mejor que le pudo pasar a Nuevo León es que llegara el primero de diciembre. El nuevo gobierno federal hizo sentir de inmediato su presencia en el estado, pues ayer iniciaron las reuniones de seguridad entre el gobierno estatal y el federal para reducir los índices delictivos. Fue a puerta cerrada en Palacio de Gobierno y estuvieron presentes, entre otros, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, y la coordinadora federal en la entidad, Judith Díaz, así como el secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua. Ahora sí vendrán los cambios, porque El Bronco, su mandatario, se la ha pasado en todo menos gobernando.