Editorial EL UNIVERSAL /Un arma contra la violencia

La violencia es una herida abierta en el corazón de nuestro país. Es un flagelo que padecen miles de personas todos los días en las regiones en las que el cumplimiento de la ley dejó de ser prioritario hace mucho tiempo. Mientras tanto, las muertes provocadas por el crimen organizado se han recrudecido con el paso de los años y mantienen altos índices en los registros oficiales. Desde que el gobierno federal ordenó la lucha abierta contra el crimen organizado, en 2007, el número de homicidios dolosos se incrementó; así fue que 2011 se convirtió en el año más violento registrado hasta entonces. El cambio de gobierno, un año después, no mejoró el panorama. A pesar de los esfuerzos institucionales y con un cambio de estrategia de seguridad, 2017 impuso una nueva y lamentable marca. La lucha por la pacificación de nuestro país ha sido continua e infructuosa, pues la larga travesía para reducir la violencia fue emprendida por el Estado mexicano desde hace años y los resultados no han sido los esperados. El crimen organizado no conoce de tiempos políticos, puesto que la violencia sigue ahí y estos grupos imponen cada día su ley en amplios territorios del país. Contra los grupos delictivos se optó primordialmente por la fuerza y se relegaron las herramientas tecnológicas y de inteligencia. En capturas de grandes capos, por ejemplo, las labores de investigación de la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA) siempre fueron clave en los operativos. La consolidación de bases de datos, así como la coordinación óptima entre autoridades federales y estatales, tendrían que tener un peso igual o mayor al de utilizar elementos policiacos o militares. En el actual gobierno hay planes para apostar a la inteligencia y a la tecnología en el combate a la inseguridad. La inteligencia puede aportar elementos para realizar de forma quirúrgica las acciones en contra de los grupos del crimen organizado, principales causantes de la violencia en el país. Recuperar y fortalecer esa herramienta puede ofrecer certezas al Estado para evitar que la violencia se enfrente con más violencia, según ha explicado López Obrador. Sería una medida sensata, debido a que esta la tecnología y la investigación siempre debieron ser base para atacar la criminalidad. El país necesita paz. Los años pasan y el fenómeno delictivo se incrementa cada vez más, mientras que los que más sufren son los mexicanos más vulnerables. Este es solo el primer paso de los muchos que hay que dar para alcanzar ese objetivo.

Frentes Políticos I. Nueva ética. Se nota el cambio. A unas horas de la llegada de Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, lo primero que desechará son las ventanas blindadas que encontró al ingresar a su oficina. “La jefa de Gobierno no tiene miedo”, confesó. Además, terminó con el cuerpo de granaderos; se abrió al público el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, con una exposición fotográfica, y por si fuera poco, firmó un convenio con las fundaciones Carlos Slim y Proviva para la edificación y rehabilitación de viviendas en Iztapalapa. Anunció que todos los afectados por el sismo del año pasado tendrán una casa digna y los recursos que para ello se eroguen, se irán a fondo perdido. Hasta el Zócalo estrenó look. Y apenas lleva horas al frente de la oficina. II. Punto sensible. La amnistía tan mencionada durante las campañas, tanto por los de Morena promoviéndola, como sus adversarios rechazándola, está en marcha. Nestora Salgado García, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, informó que ya tiene listo el censo de presos políticos o de consciencia en el país que le solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En unos días llegarán a manos de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, los expedientes de 176 de esas personas en el país, a fin de que analice su situación, para una eventual amnistía. La mayoría de los casos se concentran en Chiapas, Guerrero y Oaxaca; y “hay casos emblemáticos de luchadores sociales y ambientalistas”. ¿Se acabó el abuso del poder como herramienta de presión social? III. Cambios para bien. En dos ocasiones, ciudadanos que se hicieron pasar por periodistas pudieron acercarse a Andrés Manuel López Obrador. Por ello, ya considera reforzar su seguridad personal, pues así se lo pide su familia, amigos y colaboradores. Es evidente que no puede tener un sistema de protección tradicional, pero sí discreto y eficaz, que mitigue las amenazas mucho antes de que se escenifiquen. Los procesos de transición implican reajustes de los centros de poder. No hay duda: el Estado mexicano necesita una nueva institución de protección a dignatarios de carácter civil, basada en la inteligencia y ligada a seguridad nacional. El pueblo lo quiere, ha dicho, y lo protegería. Pero estaríamos todos más tranquilos. IV. Abismo. Senadores presentaron ante la Corte un recurso contra la Ley de Remuneraciones. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, precisó que si los funcionarios públicos están inconformes con ganar menos de 108 mil pesos mensuales, pueden optar por el sector privado. De “poco serio” calificó el argumento de los integrantes del Poder Judicial de que la reducción salarial fomenta la corrupción. “Es deshonesto cuando un funcionario acepta hasta 600 mil pesos mensuales, eso sí es corrupción”, comentó. Martí Batres, presidente del Senado, precisó que hay una diferencia de salarios en las mismas dependencias de gobierno, hasta de 100 a uno entre los funcionarios y los empleados, cuando en países desarrollados esta diferencia no va más allá del 10 a uno. Justicia social. Basta de agandalle. V. Encontronazo. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitó al Congreso estatal la remoción de los fiscales de Justicia y Anticorrupción, Uriel Carmona y Juan Salazar, por considerar que no reúnen los requisitos legales para mantenerse en el cargo. El consejero jurídico del gobierno, Samuel Sotelo, confirmó este hecho y ya se pospuso la discusión en el pleno debido a la falta de acuerdos. El legislador José Casas González acusó a Miguel Lucia Espejo, exdirigente de Morena en Morelos, de manipular a los diputados, porque ha sido Morena quien ha hecho un frente contra la remoción de los fiscales “sin presentar ningún argumento”. La remoción ha sido frenada con la ausencia de los diputados de Morena en el Congreso estatal, quienes se niegan a sesionar en la Junta Política. ¿Que no van en el mismo barco?