Editorial EL UNIVERSAL / Canasta de problemas mexicanos

En los 1820, el gobierno de Madrid supuso que la insatisfacción en la antigua Nueva España era de tal magnitud, que una pequeña fuerza invasora —la comandada en Tampico en 1829 por el brigadier Isidro Barradas— sería catalizador suficiente para alentar a la propia población a retornar al status colonial. El ambiente de desorden que acompañó a la sorpresiva caída de la dictadura de Porfirio Díaz a inicios del siglo XX, llevó a que muchos apoyaran el golpe militar de 1913 para devolver a México a la época de “mucha administración y poca política”. No fue el caso. El pasado no retornó y la nueva normalidad tardó en arribar. No hay comunidad nacional enteramente satisfecha con su situación, pero hay unas menos conformes que otras. Y por el propio resultado de la elección del 2018 o de las encuestas recientes sobre seguridad, la mexicana se cuenta entre las más disconformes. Hoy, y como en los ejemplos citados, ese malestar es, en parte, fruto inevitable del proceso de cambio. La transformación que está teniendo lugar en nuestro país se propone intentar nuevas soluciones a múltiples problemas añejos, acumulados a lo largo de mucho tiempo, incluso de siglos. Sin embargo, y paradójicamente, en el corto plazo, el empeño por introducir cambios puede agudizar las inconformidades, generando una atmósfera donde la armonía aparece como algo lejano, casi imposible. En algunos sectores, esos que directa o indirectamente perdieron las elecciones de 2018, el malestar, la inconformidad y la frustración están aflorando como resultado —entre otras razones— de su temor al cambio, del miedo a la “venezolanización” del país o a perder lo ganado, sea en términos materiales, de prestigio social o poder de negociación. Hay en esa parte del espectro social un sentimiento de frustración por haber visto difuminadas las seguridades y certezas respecto a su porvenir individual o de la nación. En el otro extremo se encuentran las agrupaciones e intereses que ven en el resquebrajamiento de los equilibrios y acuerdos del orden (?) pasado, la oportunidad para irrumpir en el espacio público de manera más o menos estridente y provocadora para exigir mayores ventajas y posiciones: a río revuelto, ganancia de pescadores. Entre esos dos polos están quienes supusieron que, pasadas las elecciones, un nuevo gobierno se instalaría en los puestos de poder, pero sin hacer mucho ruido ni levantar polvareda y hoy les inquieta la sensación de caos propia de toda gran obra en construcción. Y a todo lo anterior hay que añadir las inevitables tensiones propias de una división de poderes que funciona más que antes y de las tensiones internas del nuevo gobierno. Finalmente, están las disfuncionalidades de las instituciones heredadas, los enfrentamientos entre el nuevo gobierno y los partidos de oposición más las fricciones con entes autónomos como la SCJN o el INE. Y la lista puede continuar. En este contexto ¿cuáles y cuantos son los “grandes problemas nacionales” a los que debe enfrentarse la transición y que problemas en el ámbito de cada gran problema van a acompañar el proceso del cambio? No hay consenso en el inventario de los problemas ni en su orden de importancia. Sin embargo, pareciera haber un cierto acuerdo en que, en lo inmediato, México y su gobierno deben de enfrentar cuatro temas urgentes: la violencia del crimen organizado, las manifestaciones más escandalosas de la corrupción pública, la falta de dinamismo de la economía y la difícil relación con la gran potencia del norte. El gobierno de la IV transición ha apostado por las fuerzas armadas como instrumento inmediato, que no único, para enfrentar los tipos más peligrosos de criminalidad organizada. Los sexenios anteriores también lo hicieron, pero sin éxito. Esta vez la novedad está en una atención cotidiana y directa del tema por el presidente y en una guardia nacional desplegada en todo el territorio y organizada en 266 regiones para enfrentar en cada caso la singularidad del crimen ahí dominante. La oposición considera que esto es militarización, que deben ser las policías el instrumento idóneo para la tarea y que la violación a los derechos humanos va a aumentar. Sólo los resultados validaran cada uno de los enfoques. En torno a una corrupción que en los últimos años adquirió niveles de escándalo mundial, el gobierno se ha centrado en cerrar las oportunidades que en el pasado permitieron que el sector público fuera usado de manera muy creativa como una moderna cueva de Alí Babá. Sin embargo, una parte de la sociedad exige justicia, que los corruptos del pasado sean llevados ante la justicia, restituyan lo robado y que purguen penas de cárcel. Hasta ahora, el gobierno se ha resistido a invertir su energía en investigar y castigar a lo pasado, asumiendo implícitamente que Luis Cabrera tenía razón cuando los señalados por corruptos en su época le pidieron que lo probara: “los acuso de corruptos —respondió Cabrera— no de idiotas”. Pero sin castigo, no hay justicia. El ataque presidencial al neoliberalismo económico y la promesa de un mayor crecimiento del PIB se está topando con la crítica de los “realistas”: no se debió clausurar el proyecto del NAIM, debe haber reforma fiscal pese a la promesa de no aumentar impuestos, no debe rescatarse a la gran empresa fallida del Estado que es Pemex, etcétera. Frente a Estados Unidos unos piden responder a los insultos y presiones de Trump con mayor enjundia, otros cerrar el país a los inmigrantes como demanda Trump, otros más exigen sumar a México al medio centenar de países que siguen a Washington en su reconocimiento del insurgente Juan Guaidó como presidente de Venezuela, etcétera. En suma, y para volver a Maquiavelo: nada hay más difícil que un cambio de régimen. Las inconformidades brotan de todos lados y los resultados, positivos y negativos, sólo se apreciarán cuando el estruendo y el polvo de derribar lo antiguo y levantar lo nuevo se hayan asentado. Y para llegar ahí va a pasar tiempo. OPINIÓN / El lado malo del outsourcing

Cumplir la ley en México es un tema complicado. Encuestas, estudios e investigaciones nacionales e internacionales dan cuenta de que en el país el Estado de Derecho –desde sexenios atrás– es pocas veces acatado sin que la situación se modifique. Ejemplos de lo anterior hay muchos. Este diario aborda hoy uno: el de las empresas que simulan ser especialistas en contratar personal, incumplen la ley y con ello dañan las finanzas nacionales y las del trabajador. El outsourcing o subcontratación se incluyó hace unos años en la ley laboral mexicana pensando en compañías que no tienen experiencia en temas fiscales, laborales o de seguridad social. La normatividad les permite contratar servicios de firmas reclutadoras que les proveen de recursos humanos y que al mismo atienden las obligaciones que fija la ley laboral en la relación empresa-empleado. La débil supervisión oficial ha propiciado el surgimiento de firmas que fingen cumplir con la ley. La Asociación Mexicana de Capital Humano estima en 900 el número de compañías que evade las obligaciones legales en materia de outsourcing. La práctica más extendida consiste en no dar de alta ante autoridades el salario real de los trabajadores. Siempre declaran que el trabajador percibe un salario menor para cubrir las cuotas de IMSS e Infonavit con base en un ingreso más bajo. Además de afectar las finanzas públicas por no aportar las contribuciones que establece la ley, afectan también el futuro del trabajador, pues su pensión y crédito para vivienda estarán calculados en menores ingresos a los que siempre recibió. Hasta ahora solo existe la opción de que las empresas que contraten a una tercera puedan verificar si ésta cumple con las obligaciones para el personal; firmas de outsourcing ven deficiencias en el mecanismo, pues solo se informa si la empresa subcontratista paga las cuotas, pero no si reporta adecuadamente el ingreso salarial. El gobierno federal tendría también que invitar a los trabajadores a verificar si ante IMSS e Infonavit se reporta correctamente el sueldo que reciben. Campañas de información y facilidades tecnológicas se vuelven necesarias. En este tema hay mucho dinero en juego que no va a las arcas públicas, mucho menos al bolsillo al trabajador, sino a las cuentas bancarias de empresas que han hecho de la burla a la ley una tarea cotidiana sin que alguna autoridad proceda contra ellas. Otro flagrante caso de violación al Estado de Derecho.

Frentes Políticos 1. Entretenida. En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hay río revuelto. La dirigencia filtró información falsa sobre la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice las elecciones internas, gracias a la solicitud de cinco de los seis aspirantes a la presidencia del partido. El único que no desea un proceso de consulta abierto a la militancia y simpatizantes es José Narro, pero, para la dirigencia, él es el bueno. Claudia Ruiz Massieu, la líder nacional, dice que el INE no les puede ayudar, pero el instituto ya hasta les cotizó: 230 millones de pesos para la instalación de 15 mil casillas. La líder del tricolor está distraída. Solicitó un crédito bancario por 280 mdp para construir la “Nueva Biblioteca del PRI”. ¿Su prioridad es ésa, no la militancia? 2. Fracaso. La molestia por la no aprobación de la Reforma Educativa viaja de Palacio Nacional a la coordinación de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, pues dos morenos se ausentaron y perdieron la mayoría relativa. Uno de ellos, Juan José Jiménez, senador por Querétaro. Darle las gracias y llamar a Gilberto Herrera, titular de la fórmula de primera minoría, sería lo de menos, pero en su breve paso por el Senado, Herrera votó contra algunas propuestas de Morena. Y lo peor, ni el suplente, José Jiménez, ni el titular, Gilberto Herrera, están inscritos para Morena. Errores así son imperdonables para un partido que ostenta el poder. Se dice en las calles que “están chavos”. ¿Será? 3. Rebasados. Después de varios meses recibiendo migrantes centroamericanos, quienes, por cierto, inundan las calles de ya muchas ciudades del país, el Instituto Nacional de Migración sigue mostrando sus agujeros. La madrugada de este domingo “salió de nueva cuenta un grupo de migrantes sin autorización” de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. En esta ocasión se trató de alrededor de 90 cubanos. “El personal del Instituto evitó la confrontación actuando de manera prudente”, refirió el organismo en una tarjeta informativa. Es decir, se le fugaron. Tonatiuh Guillén López, titular del Instituto Nacional de Migración, vuelve a fallar. El Instituto pierde credibilidad. 4. Justicia. El aparato de reacción en el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), de Germán Martínez Cázares, pronto rindió resultados. El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, en Oaxaca, obtuvo sentencia condenatoria de un año nueve meses de prisión, y multa por 13 mil 350 pesos, contra un hombre por el quebranto en contra del Instituto por 65 millones 800 mil pesos. Otro de los casos que ya se atiende es el robo de antirretrovirales para el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, y otros medicamentos controlados. Para darse una idea de lo que se llevaron: 191 piezas de 14 medicamentos distintos, es decir, 465 mil 918 pesos. Caerán. El enemigo está en casa. 5. Problemas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa por 725 mil 400 pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral a Movimiento Regeneración Nacional, debido a que este partido incumplió sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. La sanción se derivó de las denuncias presentadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que Morena se negó a dar a conocer información relacionada con convenios para la adquisición de bienes y servicios, actas de sesiones, gastos de representación, entre otros rubros. Yeidckol Polevnsky, la líder nacional, está en aprietos. ¿Somos o no somos transparentes? Bitácora del director / Balas perdidas

 El sábado pasado, en San Pedro Cholula, Puebla, un niño de nueve años de edad, identificado como Santiago, ayudaba a su abuelo, quien trabaja como acomodador de autos en un hotel. El pequeño disfrutaba de esos momentos, pues su abuelo le permitía dirigir la entrada y salida de los vehículos, como hace un “viene viene”. En eso estaba, en la entrada del estacionamiento, cuando repentinamente se desplomó. El abuelo quiso ayudarlo a levantarse, pero al ver que el niño no reaccionaba, llamó a los servicios de emergencia. Cuando llegaron, Santiago estaba sin signos vitales. Una bala perdida lo había alcanzado en el pecho y le había quitado la vida casi de inmediato. Éste es un país en el que alguien puede estar haciendo una actividad de lo más rutinaria y, un instante después, caer fulminado por una bala que quién sabe de dónde salió. Por ejemplo, uno puede estar tomando una clase de matemáticas, en el aula de una preparatoria de la Ciudad de México, y quedar ahí, alcanzado por el disparo que alguien hizo con la intención de matar a alguien más o de hacerlo huir, o por practicar con un arma o accionarla por pura algarabía. Eso, aparentemente, le sucedió a Aideé Mendoza Jerónimo, la joven estudiante del CCH Oriente, quien hace una semana falleció por el impacto de un proyectil 9 mm que entró por la puerta de su salón. ¿Quién mató a Santiago? ¿Quién mató a Aidée? Nadie. Los mató una bala perdida. Lo mismo le pasó a Briseida Sayuri, de ocho años de edad, quien caminaba de la mano de su mamá, el 14 de abril pasado, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y a Jacobo Aguayo, estudiante de la Universidad de Guanajuato, quien recibió un disparo cuando circulaba por avenida Reforma, de Irapuato, en compañía de su novia y su hermano, el 11 de enero. Y a Evelyn Sarahí, de 14 años de edad, quien recibió un balazo en la cabeza cuando estaba en su casa, en el barrio de Oblatos, en Guadalajara, el 25 de enero, y a quien ya le había tocado ser herida por otra bala perdida en 2014. Y a Harry O., percusionista del conjunto musical de Bertín Gómez Jr., mientras tocaba con sus compañeros en un baile en la comunidad de San José, municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero, el pasado 31 de marzo. Y a Eduardo, quien festejaba su cumpleaños número diez, en compañía de su mamá, en Las Choapas, Veracruz, donde una bala disparada durante una riña, le atravesó el cráneo, el 14 de abril. Y a Madison, de siete meses de edad, cuando una bala perdida entró por el techo de lámina de su casa en Milpa Alta, Ciudad de México, el 17 de febrero pasado. La madre llevó a la bebé al hospital de zona, donde sólo le limpiaron la herida y le pusieron una gasa. Murió dos días después. Y al hijo nonato de Lidia Claudette, quien acababa de hacer las compras en una tienda de autoservicio, en la colonia Mezquitillo, de Culiacán, y recibió un balazo en el abdomen, el 25 de febrero. Y a Axel Gael, de 10 años de edad, cuando iba caminando a la tienda, en Jiutepec, Morelos, y resultó muerto por las balas que criminales disparaban a un mecánico que huía de un acto de extorsión. Una sencilla búsqueda en internet arroja decenas de casos recientes en diferentes estados de la República, víctimas inocentes en un país que se ha armado como no ocurría desde la Revolución. ¿Quién los mató? Nadie. Una bala perdida que salió de ninguna parte.