Editorial EL UNIVERSAL / Confianza y apoyo popular

Las condiciones para este gobierno no pueden ser mejores. Van tres datos: 1) El desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una aprobación muy aceptable en las encuestas. 2) El plan contra el robo de combustibles, criticado por una aparente falla en la estrategia que ocasionó desabasto de gasolina en al menos 10 estados, tuvo una aceptación de 74.5% entre la población, según una encuesta publicada hace unos días en EL UNIVERSAL. 3) Ahora, el Índice de Confianza del Consumidor —que miden Inegi y Banxico— se ubicó en enero en 46 unidades, su nivel más alto en 18 años.Millones de mexicanos están avalando las acciones de la actual administración federal, con un porcentaje incluso superior al de aquellos que le dieron su respaldo en las urnas en julio pasado (53%). La responsabilidad que tiene sobre sus hombros es enorme y al mismo tiempo delicada, debido a que cada programa y cada decisión que se tome deberá cumplir las expectativas de la mayoría.El respaldo es entendible, pues apenas van dos meses de iniciado el gobierno de López Obrador. No sería raro que las cifras disminuyan conforme avance la gestión, cuando se cometan —quizá— algunos errores o si los resultados no son los esperados por la ciudadanía.El apoyo podría mantenerse en ese rango si en el gobierno se ejerce la capacidad de escuchar y de detectar cuando algo no esté funcionando para corregirlo o dar marcha atrás.Una de las críticas más duras que se esgrimían contra el sexenio anterior era que se encontraba desconectado de la realidad que viven millones de mexicanos, situación que varios expertos señalan como responsable de la estrepitosa derrota en los comicios. En algunos casos el gobierno ha sabido rectificar, como en el recorte inicial que se planteó al presupuesto de las universidades públicas. En estos momentos hay una situación similar debido a que hay protestas por que se quitaron recursos para la operación de estancias infantiles. Los temas cruciales para este gobierno serán al menos dos: seguridad y economía. Para hablar de metas alcanzadas tendría que darse una percepción generalizada de que disminuyeron los hechos violentos en el país. En materia económica, mantener la inflación baja y devolver capacidad adquisitiva al salario serán objetivos centrales. Ambos asuntos influirán en el ánimo ciudadano.El apoyo popular debería entenderse como un bien invaluable que tiene que cuidar el gobierno. Y podría mantenerse en los niveles actuales si se atienden reclamos sociales, si hay el valor cívico de reconocer errores y de cumplir las demandas más sentidas de la población. Sensibilidad, pues.

OPINIÓN / El fin de la guerra contra los capos y el huachicol

Los primeros días de gobierno suelen ser el parteaguas del éxito o fracaso de una administración, ya que en estos se trazan los principales ejes de las políticas públicas que habrán de instrumentarse. Uno de los ejes que a mi juicio resultan estratégicos y obligatorios de abordar por Andrés Manuel López Obrador, es el de la política en materia de seguridad. El 30 de enero, el presidente anunció que concluyó la “guerra contra el narco”, por lo que los esfuerzos gubernamentales se concentrarán en reducir los homicidios y generar paz. Definitivamente la guerra contra el narco y la estrategia de perseguir grandes capos, no dieron resultados, incrementaron la violencia y balcanizaron las organizaciones criminales, sólo se trabajaba para enviar a grandes capos a Estados Unidos. Si bien coincidimos con la importancia que el presidente confiere a combatir las causas estructurales de la violencia y restaurar el tejido social, no podemos desconocer la obligación que el Estado tiene de perseguir, investigar y sancionar la comisión de ilícitos realizados por la delincuencia organizada. Celebramos la decidida persecución del robo de combustible en todas su facetas, esa es una manifestación más del crimen organizado. Es evidente que el crimen se extendió al robo de combustible cuando se le declaró la guerra al narco. Como cualquier compañía, buscó nuevas fuentes de ingresos y negocios, por eso la pregunta es: ¿ahora, con qué nuevas actividades se van financiar? La historia reciente y los estudiosos de la materia nos dicen que las mafias son dirigidas por líderes en un esquema de autoridad vertical, lo que no se ve reflejado en el caso mexicano, por lo que no funcionó la persecución de los cabecillas. Por el contrario, la delincuencia opera con estructura horizontal y por células, con un esquema empresarial, por lo que seguramente buscarán aumentar la distribución de narcóticos, tratarán de someter a toda la delincuencia común, fomentando el secuestro, el robo y la extorsión, además del contrabando y la piratería; intentarán controlar la obra pública y la proveeduría de gobierno y cualquier negocio lícito que pueda representarles ganancias. Por ello debe perseguirse a la delincuencia organizada, abatiendo sus estructuras criminales y fuentes de ingresos. La inseguridad y violencia fue generada precisamente por estas estructuras criminales. El combate a la delincuencia implicará delinear estrategias innovadoras y fortalecer las existentes, como la responsabilidad penal de las personas morales, el desmantelamiento de la estructura de la empresa criminal y la recuperación de activos ilícitos, la aprobación del sistema de responsabilidad criminal en materia civil como lo prevé la Ley RICO, evitar la expansión de la actividad delictiva a otros campos, la disminución de los espacios de impunidad y corrupción, el monitoreo de las actividades propensas al blanqueo de capitales regulando o suprimiendo el uso de efectivo, el destierro de la pertenencia social hacia las actividades delincuenciales, la relación oficial con nuestros aliados internacionales estratégicos, entre otras. Lo importante, como hemos dicho, es construir una política criminal que articule las acciones que se emprendan, que les dé rumbo y dirección. Corresponderá al Legislativo la alta responsabilidad de delinear dicha política ante su reciente presentación por el gobierno federal. Será necesario darle seguimiento, evaluarla, ajustarla y enriquecerla, requerirá de acciones complementarias o paralelas, mediatas e inmediatas que contengan los efectos perversos en el campo de lo económico y político, como ya está sucediendo con el combate al huachicol. Lo más importante es sumar a la sociedad en la lucha. Así las cosas, la asistencia social y la reconstrucción del tejido social, como la propone López Obrador, y el combate a la delincuencia son compatibles y esenciales para la consolidación del Estado de derecho. De no hacerlo así, estaríamos condenados a vivir en un estado delincuencial, gobernado por los criminales, porque el poder criminal y el público no pueden coexistir. Frentes Políticos I. Tersura. Gritos, insultos y acusaciones mutuas abundaron durante la presentación del punto de acuerdo aprobado por la mayoría en la Cámara de Diputados, para exhortar al gobierno para que, a través de las secretarías de Bienestar y Hacienda, garantice la operación integral de las estancias infantiles, que sufrieron un recorte de 50% en su presupuesto. En su participación en tribuna, diputados de Morena, PT y PES caldearon los ánimos al acusar a panistas de estar detrás de negocios millonarios con “estancias infantiles fantasma”, “que lucran con la necesidad de 300 mil niños y niñas”. José Luis Montalvo, diputado petista, advirtió que “de nada serviría incrementar los recursos de las estancias si no atacamos a estos grupos que las han convertido en un negocio”. Así las cosas. II. Contentos. Luis Humberto Fernández, titular de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, anunció que “inicia el proceso de debate con el cual se le dará sepultura a una reforma a la que nadie llorará su muerte”. Tras lo dicho, comenzaron las audiencias para definir el destino de la educación. Participan unos 30 docentes y representantes sindicales, en estas audiencias, organizadas por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el reclamo recurrente es el uso de la fuerza para contener a los maestros que se opusieron a la pasada Reforma Educativa. Rubén Núñez, exlíder de la Sección 22 de la CNTE, habló de que les arrebataron sus derechos. ¿A quién le pedirán cochupo? III. Adiós. El gobierno de la Ciudad de México no cederá a los chantajes de los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, cuyos agremiados instalaron desde el pasado lunes un campamento en el circuito del Zócalo, en demanda de apoyo económico para las zonas rurales de la capital. Ante la decisión de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, quien enfatizó que las reglas de operación han cambiado y el dinero que anteriormente se entregaba a los dirigentes de esta organización, ahora se dará directamente a los productores, los cuales deberán de acudir a las instancias correspondientes a realizar el trámite respectivo, optaron por levantar sus cosas y retirarse. Firmeza.  IV. Ocaso. Un jurado en la Corte de Nueva York delibera la condena a Joaquín El Chapo Guzmán. En México la decisión de qué sucederá con el narcotraficante ya se tomó: la SCJN puso fin a los litigios impulsados por El Chapo en contra de que el gobierno de México permitiera que fuera extraditado y juzgado en EU. Los ministros declararon infundados los recursos de la defensa de Guzmán en los que se reclamaban que la presidencia de la Corte desechara sus inconformidades en septiembre pasado. Y es que El Chapo, buscó ampararse ante juzgados y tribunales federales, pues consideró que el gobierno de EU no los había solicitado en extradición conforme los exigen los tratados internacionales firmados por México. Se le acabaron los cartuchos.  V. Juntos. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, convocó a los senadores a trabajar juntos para edificar una nueva era de la educación en México. Al presentar la iniciativa de modificaciones a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales a legisladores de Morena, PT y PES, comentó que sólo el acuerdo entre todos y el trabajo incansable, llevará a darle a las niñas, niños y jóvenes la educación que merecen. Aseguró que la iniciativa no plantea ser una reforma que parta de la autoridad educativa, ni de la voluntad unilateral del gobierno. Por el contrario, dijo, proviene de un ejercicio democrático e incluyente, como fue la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad. Todos deben poner de su parte por la educación. Sí o sí.  BITÁCORA DEL DIRETOR / Por una transparencia institucional, no voluntarista

Ayer por la mañana, las secretarias de Gobernación y de la Función Pública hicieron sendas declaraciones públicas sobre un mismo tema que resultan contradictorias entre sí. El tema era la revelación de que Olga Sánchez Cordero posee un departamento en Houston que no aparece en la declaración patrimonial que registró ante la Secretaría de la Función Pública. La titular de Bucareli se inconformó por el hecho de que presentó –dijo ella– toda la información sobre sus bienes, pero que –a pesar de eso, agregó– la propiedad en cuestión, que tiene un valor de medio millón de dólares, no fue incluida en su declaración. Sánchez Cordero responsabilizó de la omisión a Fernando Martínez García, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Función Pública.  Irma Eréndira Sandoval, cabeza de esa última dependencia, afirmó a su vez que la propiedad en Houston no aparece en la declaración de Sánchez Cordero porque fue adquirida de forma mancomunada con su esposo, Eduardo García Villegas, y que el sistema Declaranet está diseñado para proteger la información de terceros. Ante el aluvión de reacciones que produjo el tema, la secretaria Sánchez Cordero se sintió obligada de justificar la posesión del departamento, diciendo que a su esposo y a ella les había costado 100 años de trabajo adquirirlo, 50 años de ella y 50 de él. Este sainete pudo haberse evitado fácilmente, me dijo ayer mismo el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez, a quien entrevisté en Imagen Radio para que me diera su opinión. La clase política, señaló Bohorquez, se ha resistido a cambiar los formatos para las declaraciones patrimoniales, pese a que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ya elaboró formatos nuevos, como mandata la Ley General de Responsabilidades Administrativas –conocida como Ley 3de3–, promulgada en julio de 2016. “Siguen utilizando los formatos que estaban vigentes durante el gobierno anterior (…) Los nuevos formatos, elaborados en colaboración con el Banco Mundial, para incluir las mejores experiencias internacionales en la materia, están durmiendo en algún limbo burocrático, y no estamos echando mano de los mecanismos de control que la propia ley ya tiene. Todos los formatos son perfectibles, pero sin duda son mejores que los que tenemos hoy y con los que están dando tumbos varios servidores públicos en esta administración”. Resulta difícil de entender que un gobierno que se ha apresurado en imprimir su sello en distintos rubros de la administración pública no haya tenido la iniciativa de usar los nuevos formatos, los cuales –agregó Bohorquez– debieron emplearse para registrar las declaraciones de salida de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. A decir del director de Transparencia Mexicana, esto quizá se deba a que formatos del SNA piden más información que los que se usan actualmente, como la identidad de los acreedores que tiene el servidor público e incluso el número de millas de viajero frecuente que ha acumulado en comisiones de trabajo oficiales. “Ahora se entiende por qué la academia, la sociedad civil, las organizaciones hemos insistido por tanto tiempo en tener un buen sistema de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que nos permita prevenir los conflictos de intereses”, me dijo Bohorquez. “No se trataba de colores, de simpatías o de antipatías, sino de un problema estructural que tenemos en el país y que por muchos años, después de que conseguimos que se aprobara la Ley 3de3, sigue dando problemas porque se niegan a hacer una nueva plataforma universal para las declaraciones, no sólo para la administración pública federal, que es algo que está considerado en la ley, sino para los tres Poderes y los tres órdenes de gobierno”. La condena de la corrupción fue uno de los motores que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Por eso no tiene sentido persistir en viejos modelos de declaración patrimonial que sólo sirvieron para instaurar la opacidad en el servicio público. No se trata de señalar a Sánchez Cordero como una funcionaria que posee bienes mal habidos. Está muy claro que el departamento en cuestión es algo que pudo adquirir fácilmente durante una vida de trabajo, sin tener que recurrir a algo ilegal. Aquí se trata, más bien, de renunciar al voluntarismo como método para promover la honestidad de los funcionarios y apostar por modelos institucionales, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que asegure que, más allá del partido que esté en el poder, el ciudadano pueda confiar en la pulcritud con que sus autoridades manejan el erario.