El experto en temas jurídicos, José Mario de la Garza analizó el reciente estudio que difundió México Evalúa sobre la iniciativa ¡Ojos a la Obra! para observar la transparencia, eficiencia y eficacia de los proyectos de infraestructura. Consideró que las licitaciones no están garantizando suficiente competencia y que en este sentido se ha observado una gran descalificación de empresas contratistas por procesos de formalismos aunado a que la creación de obra pública se ha convertido en una de las grandes áreas de corrupción de los gobiernos en México y ello representa una puerta hacia la impunidad. De la Garza sostiene que licitaciones automáticas como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la interminable construcción del Tren Rápido México. Querétaro y la tragedia del socavón en el Paso Exprés de Toluca, son la muestra de que se ha privilegiado a empresas constructoras que ofrecen menos costos de presupuesto pero que al final se evidencia la ineficiencia de las construcciones con sobrecostos mayores a los que se podían planear desde un inicio. “En muchas de las veces se va privilegiando a empresas constructoras que ofrecen el menor precio y por ello se ven las consecuencias como la tragedia del socavón en el Paso Exprés que al final resultó más caro en el camino por los esquemas complementarios de precios; de manera que se inflan los presupuestos y sobrecostos al final”.  De la Garza Marroquín aseveró que estas prácticas parecen indicar que existe una falta de voluntad del gobierno para analizar la mayor cantidad posible de contratistas capaces con propuestas viables, a pesar ser una exigencia de estos proyectos, por su tamaño y complejidad natural. Sin embargo expresó que desafortunadamente no hay un sistema de sanción para empresas constructoras que fallen en las obras públicas porque es obsoleto, dijo. “Yo diría que se tienen que solucionar dos temas: por un lado tener un sistema que adjudique los correctos procesos de licitación e impida la corrupción, que prevenga estas consecuencias porque nuestro sistema de sanción es tan ineficiente para sancionar a las empresas constructoras. El combate a la corrupción debe operar, pero no lo hace porque se tienen altos niveles de impunidad y se requieren castigos tanto a las empresas y gobiernos que asignaron las obras”.