La decisión de una corte federal de Washington permitirá a partir de ahora acabar con las detenciones arbitrarias de solicitantes de asilo que huyen de sus países de origen por persecución política, tortura o riesgo de muerte, algo que activistas y expertos en inmigración aplaudieron ayer. Con su fallo del lunes, conocido hoy, el juez federal James Boasberg ordenó terminar con la parcialidad en los arrestos de personas que piden asilo, y dictaminó que se revise caso por caso para ver si los solicitantes deben ser puestos en libertad condicional. “Esta es una gran victoria contra las políticas de (el presidente Donald) Trump y que reconoce nuestros valores como país”, dijo a la prensa Edgar Saldívar, abogado principal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). 

Antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, los demandantes de asilo recibían la libertad condicional humanitaria mientras esperaban los procedimientos de inmigración, siempre que cumplieran una serie de requisitos estrictos. En cambio, la administración Trump optó por detener de forma indefinida a miles de inmigrantes, según la ACLU, que ha denunciado que esta práctica “viola la Constitución, las leyes de inmigración del país y la política del Departamento de Seguridad Nacional”. En concreto, los denunciantes apuntaron a cinco oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que dejaron de otorgar la libertad condicional desde principios de 2017. Esas oficinas están en Detroit (que cubre Michigan y Ohio), El Paso (que cubre Nuevo México y la zona oeste de Texas), Los Ángeles (Newark, que cubre Nueva Jersey) y Filadelfia (que cubre Pensilvania). “Esta decisión tendrá un enorme impacto en los solicitantes de asilo, que no representan ningún riesgo y que actualmente languidecen bajo custodia”, afirmó en un comunicado el director legal de Human Rights First, Hardy Vieux.

Además, el fallo supone un duro golpe contra la política de “tolerancia cero” impulsada por el gobierno de Trump y que ha llevado a Estados Unidos a procesar criminalmente a los indocumentados detenidos en la frontera. Según Saldívar, de la ACLU, las personas que ya han sido arrestadas bajo esa política, la mayoría de las cuales son solicitantes de asilo, van a poder reclamar la libertad condicional humanitaria. “A partir de hoy, estos inmigrantes tendrán la oportunidad de pedir permiso para salir de las cárceles donde están y reunirse con los familiares que ya viven en el país o con sus hijos”, explicó Saldívar, mientras se dirigía a un centro de detención en Livingston, Texas, para visitar a adultos detenidos e informarles de la decisión judicial.

Mientras tanto, Trump acusó de “violaciones a la privacidad” a la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense (NSA), que el pasado viernes reveló que había borrado millones de datos de llamadas telefónicas debido a “irregularidades” en el sistema por el que archiva esa información. “¡Guau! La NSA ha borrado 685 millones de llamadas telefónicas y mensajes de texto. ¿Violaciones a la privacidad? Ellos echan la culpa a irregularidades técnicas. Vaya vergüenza. La Caza de Brujas sigue!”, escribió Trump en Twitter. Asimismo, Trump aseguró ayer que las conversaciones con Corea del Norte “van bien”, tres días antes de que su secretario de Estado, Mike Pompeo, viaje a Pionyang para dialogar sobre la desnuclearización. “Muchas buenas conversaciones con Corea del Norte, van bien! Mientras tanto, no ha habido lanzamiento de cohetes o pruebas nucleares en ocho meses. Toda Asia está encantada. Solo el partido de oposición, que incluye a las noticias falsas, se queja”, escribió el mandatario en Twitter. “Si no fuera por mí, estaríamos ahora en guerra con Corea del Norte”.

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