El año pasado, la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuó una visita oficial a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, invitado por el Gobierno. La misión, encabezada por el Relator Especial, Edison Lanza, y llevada a cabo conjuntamente con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye. Durante dicha visita, se trataron varios temas relacionados con la Libertad de Expresión, y las precarias condiciones en la que esta se desarrolla en nuestro país; además se le dio seguimiento a la visita de los relatores antecesores en 2010. Mientras los relatores visitaban nuestro país, la Fundación Mora Gómez, se encargó de hacerle llegar nuestros 4 informes, así como varias propuestas incluidas la referida al tema de Publicidad Oficial y su regulación en nuestro país. Por lo visto en el informe, tenemos las mismas inquietudes para que esta situación mejore, por lo que se puede decir que: Se presentó una propuesta de ley para regular la publicidad oficial en el Congreso en marzo de 2018 en seguimiento a una sentencia emblemática de la Corte Suprema. . En un proceso acelerado, el Senado aprobó la legislación propuesta, que el Presidente convirtió en ley el 11 de mayo de 2018, sin cambios.

Preocupa que la nueva legislación no cumpla con los principios básicos ni con las recomendaciones de organismos internacionales o expertos en derechos humanos. En particular, la ley no establece normas claras sobre sus objetivos, criterios y procedimientos de asignación y mecanismos de supervisión, dejando un amplio margen de discreción y abuso de las autoridades.

Los Relatores, al igual que la Fundación instan al Gobierno de México a modificar la legislación, de acuerdo con estos principios y mejores prácticas.

De la misma manera es necesario adopatr una ley general para regular la publicidad oficial por parte de todas las instituciones a nivel federal, de los estados y municipios, con el objeto de reducir la discrecionalidad conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

Los recursos para publicidad oficial deberían asignarse en función de criterios preestablecidos, claros, objetivos y transparentes.

Hacer cumplir la obligación jurídica de publicar de manera proactiva información relevante sobre criterios de contratación, motivos para la asignación presupuestaria, gastos y contratos de publicidad de entidades públicas.

Algunos puntos que preocupan a las Organizaciones no gubernamentales en cuanto a la nueva ley de publicidad oficial:

1. La iniciativa considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de los gobiernos y sujetos obligados abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos.

2. La propuesta exenta de regulación a los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar “disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal”.

Lo cual, dicen las organizaciones, fomenta la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto.

3. De acuerdo a la propuesta, la Secretaría de Gobernación estará a cargo del Padrón de Nacional de Medios de Comunicación, además omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial.

4. Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad, la propuesta no cuenta con disposiciones que permitan promocionar la diversidad y el pluralismo de medios en el país.

5. No propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating. Actualmente, dicen los firmantes, no hay indicadores disponibles ni confiables para medir el impacto de los medios, lo cual perjudica su monitoreo.