San Luis Potosí, México (24 Octubre 2017).-La diputada Josefina Salazar Báez ingresará este jueves a la sesión del pleno del Congreso del Estado una iniciativa para que legalmente se establezca un registro de perros potencialmente peligrosos, que sería administrado por los ayuntamientos, regulando la posesión y las condiciones de estos animales en espacios públicos, con el objetivo de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de las personas y animales. El censo implicaría que el dueño estaría obligado a asegurarse que el perro porte bozal y correa cuando se encuentre en lugares públicos, portar una credencial otorgada al registrarse y colocar una placa de identificación al animal con el número de folio asignado por el registro. El registro estaría integrado por los Municipios a través de la Dirección de Ecología, en caso de detectar a personas en posesión o custodia de un animal con las características descritas y que no esté registrado, o sin cumplir con la disposición sobre el uso de bozal, correa y placa en espacios públicos, así como la credencial por parte del propietario, éstas se harían acreedores a una sanción en los términos de la Ley Estatal de Protección a los Animales. Reconoce también que puedan existir diferentes posturas al respecto, pero “a la vista de los incidentes de ataques de este tipo de perros, los cuales se siguen presentando, no podemos permanecer inertes ante la necesidad de tomar medidas para salvaguardar la integridad tanto de las personas (usualmente niñas y niños y adultos mayores) como de los animales y prever más hechos lamentables, siendo urgente entonces, abrir el diálogo para encontrar una solución”. Señala en la propuesta que es necesario considerar que la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en el Código Penal, puede significar, en la práctica, que la posesión de ejemplares caninos que comúnmente son utilizados para dichas peleas, se pueda relacionar con actos que sean considerados delictivos. “En nuestra entidad se han producido incidentes relacionados a razas de perros utilizadas en peleas, y que han derivado en lesiones, a veces de gravedad, particularmente en niñas y niños y en personas de la tercera edad”, explica. Asegura que la iniciativa se basa en que existe una necesidad de control regulatorio, debido al uso que algunas personas les dan a estos perros en peleas, a los incidentes que puedan producir en caso de abandono, a episodios de pérdida de control por parte del propietario o a la utilización deliberada en actos violentos y a la necesidad de protección para evitar que los animales sean sometidos a malos tratos.