Derivado de los daños ocasionados a los inmuebles del Congreso del Estado y la Fiscalía General del Estado, el pasado 5 de junio, la diputada Alejandra Valdés Martínez presentará una iniciativa en el Pleno para normar y sancionar la destrucción de bienes que son invaluables y cuya conducta delictiva específica escapa al imperio de la ley. La legisladora propone reformar el Código Penal del Estado para agravar las sanciones en caso de que él o los sujetos causen daños, destruyan, lapiden o incendien, edificios públicos o bienes con valor histórico, se impondrá el doble del mínimo y el máximo de las penas. Actualmente, los artículos 270 y 271 del Código Penal del Estado señalan que por el delito de motín se sancionará con una pena de uno a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 500 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, con lo que la pena pasaría de 2 a 10 años de prisión. Mientras que también a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, actualmente considera una pena de dos a seis años de prisión y sanción pecuniaria de 200 a 600 días del valor de la UMA, la propuesta la agrava hasta 4 y doce años de cárcel.