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Explica en la justificación que parte toral es que todas las autoridades estén obligadas a respetar, promover y garantizar el ejercicio periodístico
22:34 jueves 4 octubre, 2018
San LuisEn sesión ordinaria del Congreso del Estado el diputado Óscar Vera presentó una iniciativa para que en la Constitución de San Luis Potosí se adicione en el artículo 8 un último párrafo, para reconocer el goce pleno del derecho a la libertad de expresión y opinión, así como garantizar la seguridad de las personas para ejercer el periodismo en el Estado. Explica en la justificación que parte toral es que todas las autoridades estén obligadas a respetar, promover y garantizar el ejercicio periodístico, “con base en el derecho irrestricto a la libertar de expresión y opinión, a efecto de garantizar la existencia de un clima de seguridad y libertad en la que los medios puedan desplegar la importante función que están llamados a cumplir en la sociedad potosina”. Mencionó el legislador que el concepto de "periodista" debe partir del contexto de inseguridad que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad y tener como propósito el permitir el acceso a los mecanismos de protección que deben ofrecer los distintos ordenamientos jurídicos. En los últimos 15 años, de acuerdo a diversas investigaciones del Comité para la Protección de los Periodistas, cerca del 85 % de los responsables de asesinatos de periodistas no fueron investigados ni enjuiciados por sus crímenes. Incluso en los casos en que los homicidios se investigaron más ampliamente, y se obtuvieron algunas sentencias, los autores intelectuales fueron juzgados en sólo el 7 %. De acuerdo a la misma UNESCO, en algunos casos, “las autoridades sencillamente no están interesadas en investigar el caso, y en otros pretenden deliberadamente ocultar la verdad prohibiendo las investigaciones al respecto”. La impunidad también afecta las muertes durante los combates de los periodistas, por lo que concluyó que es evidente que el ejercicio del periodismo en sociedades azotadas por el crimen y la impunidad, debe garantizarse a toda costa, incluso cuando la violencia puede provenir del mismo Estado, al inhibir y coartar el ejercicio de la profesión, poniendo en riesgo la vida y dignidad de los comunicadores.