Según argumenta el diputado Cándido Ochoa Rojas la aprobación de actualizaciones tarifarias del servicio de agua potable que presentan los organismos operadores del estado se sujeta a cuestiones políticas sin que se tome en cuenta el costo real tanto de lo que implica la infraestructura como el abasto. “La intención, insiste, es despolitizar los criterios para establecer cada año las cuotas y tarifas de agua, que a veces tenían como rehenes a los organismos operadores, pues actualmente se dejan a un lado los aspectos técnicos y financieros, suficientes para la operación del organismo para calcular las tarifas, privilegiando la rentabilidad electoral; en síntesis, al transparentar el proceso de definición de cuotas y tarifas, se despolitiza y su aprobación no estará sujeta a la decisión del Congreso, y así, el ejercicio de una facultad que hasta hoy es exclusiva del cuerpo legislativo pasará a una comisión ciudadana”. Además explica que existe “escasa participación del Consejo Consultivo; confusión de la Metodología establecida en el Decreto 594 para la formulación de cuotas y tarifas de agua potable; y la politización para establecer cada año las cuotas y tarifas por servicio de agua potable; la ausencia de criterios técnicos y financieros para el cálculo de cuotas y tarifas; la falta de una tarifa real por metro cúbico de agua con criterios en los que participen más representantes ciudadanos, entre otras”. Consiste en modificar la integración del actual consejo consultivo, para que en lo subsecuente se denomine “Consejo Consultivo y Tarifario”, como un organismo o instancia de participación social para realizar, estudiar, formular, y en su caso aprobar el proyecto de las cuotas y tarifas por el servicio de agua, previo análisis de la Auditoría Superior del Estado, dicha propuesta deberá ser elaborada por los organismos operadores, que deberán tomar como soporte la realización de estudios financieros y tarifarios que reflejen “el costo real de los servicios”, incluyendo lo correspondiente al “uso del recurso hídrico o por el pago de vertidos en cuerpos receptores y para su tratamiento respectivo. Así los organismos operadores podrán establecer diversos sistemas tarifarios, como el escalonado, en donde los usuarios que más consumen paguen un mayor precio unitario y el uso doméstico sea el de menor costo. Además de la garantía de servicio a grupos vulnerables. Este modelo pretende que sea fijada una tarifa real por metro cúbico de agua con criterios en los que participen más representantes ciudadanos, pues proyecta la inclusión de representantes de los sectores con mayor actividad económica y social en los municipios, sin excluir a los particulares. El fin de la propuesta será que los organismos aumenten sus ingresos mediante el cobro a los usuarios del costo real del agua, y así, estar en condiciones de proveer un servicio completo y de suficiente calidad. Además asegura que esta propuesta que se ha implementado en otras entidades, sería trascendental, pues implica retirar a los diputados la potestad para decidir la última palabra en la materia, casi siempre en contra de cualquier incremento