La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental inalienable e inherente a todas las personas. Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia se quebrantan, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se tornan inoperantes y se crea un escenario ideal para el arraigo de sistemas autoritarios en la sociedad. Es por esto que, es importante que las diversas autoridades de la ciudad de México, y los diferentes gobiernos avancen de forma sostenida en acciones en al menos cuatro aspectos básicos: Políticas públicas. La situación de crisis por la que atraviesa el ejercicio de la libertad de expresión en el país debe orientar a que las autoridades desarrollen estas políticas desde las siguientes acciones: Las que contribuyan a que, desde la capital del país, se coadyuve a garantizar mecanismos de seguridad para la vida y la integridad de las personas amenazadas por el ejercicio de la libertad de expresión.

Las que respeten, protejan, promuevan y garanticen el derecho a la libertad de expresión de manera integral. Es necesario que para tal efecto se consideren:

• Las acciones afirmativas para el ejercicio de este derecho por parte de poblaciones altamente discriminadas como son: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, indígenas, migrantes, mujeres, población LGBTTTI, entre otras. • El reconocimiento a la labor periodística como profesión y, desde el marco de sus competencias, el establecimiento y promoción de las garantías laborales para su ejercicio.

La asignación transparente y equitativa de la publicidad oficial, así como el mejor uso de su capacidad.

Realizar informes periódicos sobre los avances en planes y programas en materia de libertad de expresión.

La búsqueda de la articulación de esta política con gobiernos de otras entidades, así como el federal.

Procuración y administración de justicia. Una adecuada procuración de justicia y el combate a la impunidad a partir de acciones como:

• Diseño de programas de protección específicos, protocolos de investigación y atención a víctimas de violaciones a la libertad de expresión;

• Perfeccionar los protocolos de investigación ministerial especializada en materia de agresiones contra quiénes ejercen la libertad de expresión.

• Establecer mecanismos de evaluación de las medidas cautelares a fin de hacerlas más eficientes, así como los recursos necesarios para su correcta implementación;

• Establecer programas de reclutamiento, selección formación sistemática y evaluación del personal destinado a la procuración de justicia. Una mejor administración de justicia que, entre sus componentes implique:

• Programas sistemáticos de capacitación efectiva para jueces, magistrados y personal de tribunales sobre los criterios nacionales e internacionales que debe cumplir el Estado mexicano al administrar justicia.

• Diseño e instrumentación de protocolos judiciales que ayuden el poder judicial atienda las recomendaciones internacionales en materia de administración de justicia, así como el estímulo de estudios sobre libertad de expresión y administración de justicia desde un enfoque de derechos humanos. Agenda Legislativa. Es necesario que sean discutidas nuevas reformas e iniciativas encaminadas a la armonización de los marcos legales vigentes con estándares internacionales y derecho comparado en materia de libertad de expresión. Concretamente se hace el llamado para que: Se impulse una iniciativa que obligue a las autoridades a transparentar la asignación de publicidad oficial, a fin de que ésta sea asignada en función de criterios equitativos, imparciales y con un principio de no discriminación.

Se armonice la Ley del Secreto Profesional del Periodista, de conformidad con los estándares internacionales y derecho comparado en materia de libertad de expresión.

Se modifique el Código Penal a fin de que se establezca un solo tipo para las agresiones cometidas en contra de la libertad periodística. Asimismo, es clave que se incluya la definición de actividad periodística de conformidad con lo establecido en la Ley del Secreto Profesional.

Participación ciudadana: Es necesario recomendar que se evalué el tipo de espacios necesarios para atender las necesidades relacionadas con los aspectos de carácter técnico para el seguimiento y evaluación de las líneas de acción, así como su actualización y, por otro lado, de coordinación política necesarios para la generación de sinergias intersectoriales. La participación ciudadana debe de promoverse como parte de una política amplia que considere tres ámbitos básicos: Los espacios y mecanismos para que grupos de población específica, sobre todo aquella que enfrenta mayor discriminación tengan acceso a los medios de comunicación tanto formales como alternativos, a fin de que sus opiniones puedan ser conocidas y tomadas en cuenta.

El fortalecimiento de mecanismos ciudadanos para el monitoreo y evaluación de la calidad de los contenidos de los medios de comunicación y de las políticas en la materia.

La consolidación de espacios y mecanismos que permitan la participación real de las personas en la toma de decisiones de manera efectiva. En ello debe de darse alta prioridad a las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden la libertad de expresión y, sobre todo, a aquellas conformadas por periodistas y profesionales de la comunicación, de forma tal que sus voces siempre sean escuchadas en todas las decisiones que les afectan.