Cd. de México.- El candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, provocó un enfrentamiento entre dirigentes de la iniciativa privada.  Su propuesta de conformar una mesa para hacer un análisis técnico de la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) provocó un choque entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).  Durante su participación en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, López Obrador propuso que la mesa la integren cinco representantes del Gobierno, cinco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y cinco personas elegidas por su equipo.  "Estamos listos para sentarnos con toda la industria de la construcción para hacer este análisis", propuso ante los constructores del País. Presente en el encuentro, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aceptó la propuesta. 

"Es tiempo para hacerlo, y lo que se tenga que transparentar de los contratos que sean asignados que se transparente y se le dé certeza jurídica a los contratos que están correctamente asignados, de tal forma que se genere confianza", señaló el líder empresarial.  "Hagámosla con la mesa de los 15 técnicos y lleguemos a conclusiones. Nos parece adecuado". 

Más tarde, la Canaero criticó la decisión.  "Queremos manifestar respetuosamente nuestra enérgica protesta para llevar a cabo la mesa técnica (...) La viabilidad de esta obra no está a discusión, su diseño y construcción fue analizado y discutido varios años por expertos e instituciones internacionales", escribió Sergio Allard, presidente de Canaero, en carta enviada a Castañón. 

En tanto, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México obtuvo ayer 30 mil millones de pesos para la continuidad de las obras mediante la colocación de una Fibra E.  El grupo responsable del proyecto y colocador del instrumento financiero dijo que la operación en la Bolsa Mexicana de Valores implicó la colocación de certificados bursátiles fiduciarios y no representa deuda pública ni cuenta con la garantía del Gobierno federal. -- REFORMA