Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, intermediaria de los recursos sindicales transferidos en favor de Elba Esther Gordillo y quien desde un principio se convirtió en testigo protegido contra la maestra, quedó en libertad la noche del viernes, informaron fuentes judiciales. Xucotzin Karla Montes Ortega, Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, declaró procedente el incidente de sobreseimiento promovido por la acusada y desechó el juicio que se instruía en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Al igual que sucedió con la propia Gordillo y con sus coacusados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, en el caso de Ugarte la juzgadora determinó que no había elementos para continuar con el juicio. Los argumentos fueron los mismos que en los casos citados, es decir, que los recursos que ella recibió del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para reenviarlos en beneficio de Gordillo tenían un origen legal y ello desacreditaba la imputación de lavado. También se determinó que tenía el carácter de ilícita la documentación bancaria que empleó la Procuraduría General de la República para sostener la acusación, debido a que no la obtuvo con autorización de un juez, como lo establece una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conclusión, si el origen del dinero no era ilícito, tampoco se había conformado una organización delictiva para llevar a cabo el lavado de dichos activos, razón por la cual la juzgadora también desechó la acusación por el delito de delincuencia organizada, el de más alta penalidad. Ugarte fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el sur de la Ciudad de México, aunque no estuvo tras las rejas en las primeras semanas de su detención, pues por sus aparentes problemas de salud, la PGR la internó en el Hospital Central Militar. Durante 19 años, esta mujer trabajó como secretaria en el área de caja general del SNTE y, según sus testimonios ministeriales, tenía como responsabilidad encargarse de algunas nóminas, pagos a proveedores y viáticos de transporte. Desde su primera declaración, la PGR le concedió los beneficios de testigo colaboradora, a cambio de información que pudiera consolidar las acusaciones contra Gordillo. Fue así que el 28 de febrero de 2013, apenas dos días después de su captura, declaró en el nosocomio castrense que ella se encargaba de pagar vía transferencias bancarias todos los gastos de la maestra, incluidos los servicios aéreos y sus cuentas en las exclusivas tiendas departamentales como Neiman Marcus. Pero Ugarte fue más allá y también señaló que con dinero del SNTE ella pagaba gastos de Maricruz Montelongo y Mónica Arriola (finada), hijas de la ex lideresa del magisterio. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece una pena mínima de 10 años de prisión a quienes cometan ese delito, sin tener funciones de dirección o supervisión, y una reducción de las dos terceras partes de la condena cuando el acusado colabora con información. La mujer estuvo 5 años, 6 meses y 2 días privada de la libertad, más de lo que hubiese estado si le hubiesen hecho efectivos los beneficios como testigo colaboradora. -- REFORMA