La trata de personas es uno de los delitos que constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos, informó la Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Julieta Méndez Salas, ya que este fenómeno afecta a todos los países como origen, tránsito o destino de esta práctica. 

La funcionaria estatal agregó que, se enfrentan situaciones adversas por la pandemia del COVID-19, que exacerba la vulnerabilidad de las personas para convertirse en víctimas, por lo que es muy importante concientizar sobre la situación de las personas y proporcionar protección a sus derechos humanos.

Las modalidades en que se presenta son a través de la explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad infantil o extracción de órganos, entre otros.

Agregó que este tipo de delitos los padecen muchas personas todos los días, en su mayoría mujeres y niñas, y la cifra de los delitos que se denuncian no representa la verdadera problemática, ya que muchas de las víctimas son engañadas y no son conscientes que lo viven.

En septiembre de 2015 los países miembros de la ONU, entre los que se encuentra México, establecieron la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, entre cuyos objetivos destacan el cumplir objetivos y metas para poner fin a la trata y a la violencia contra mujeres, niñas y niños, tomar medidas y acabar con todas las formas de violencia y explotación.

Por ello, México se ha unido a la campaña “Corazón azul”, a través de la que la ONU busca sensibilizar sobre la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad, además de alentar una participación masiva.

En San Luis Potosí, en 2018 el Gobierno del Estado emitió la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos para el Estado de San Luis Potosí. 

En 2019, se emitió el Protocolo general de actuación para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que atiende a niñas, niños y adolescentes y el Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el Estado. 

Méndez Salas reiteró que se han hecho esfuerzos permanentes para capacitar al personal de las instituciones sobre este delito, garantizar que se investigue y se sancione a los responsables; también se cuenta con espacios especializados  para la defensa gratuita de las mujeres y las niñas  víctimas de violencia de género, a través de la Procuraduría para la Protección de Niñas Niños y Adolescentes, y la Red Estatal de Centros de Justicia para Mujeres.

La intervención de las áreas de atención a la violencia en el Estado, son fundamentales para detectar este tipo de delitos que con frecuencia se manifiesta a través de diferentes formas de violencia, por ello lo más importante es garantizar la intervención institucional, ya que es la vía que asegura su acceso a la justicia pero no solo de quien denuncia, sino para todas las mujeres, ya que previene que más personas sean vulneradas y que se sancione adecuadamente por las áreas de procuración de justicia a los responsables.