En los últimos ocho años, el Partido del Trabajo (PT) ha recibido 4 mil 162.8 millones de pesos en fondos federales por manejar centros educativos que hoy están en la mira de la PGR. La dependencia investiga a líderes de ese instituto político por un presunto lavado de 100 millones de pesos entregados por el Gobierno de Nuevo León a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis). En una revisión al presupuesto federal se encontró que, de 2009 a 2017, se han entregado al PT más de 4 mil millones de pesos mediante subsidios estatales del Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil. La partida fue creada en 2007 para financiar los gastos de operación y la nómina de los 75 Cendis en 18 entidades. Estos centros educativos han recibido ampliaciones presupuestales constantes. En 2011, por ejemplo, el programa obtuvo recursos por 166 millones de pesos, mientras que en 2015 se le destinaron 950 millones. El presupuesto se ha canalizado a las secretarías de Finanzas o de Educación de los estados donde tiene presencia este programa. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los recursos que el Gobierno federal destina a los Cendis se han otorgado con opacidad y discrecionalidad. En la revisión de la Cuenta Pública 2014, al analizar 747 millones de pesos destinados a estos centros, la ASF encontró que 119.1 millones de pesos no fueron ejercidos correctamente y pidió su restitución a la Tesorería de la Federación (Tesofe). En ese año, la Cámara de Diputados aprobó el programa presupuestario U031 "Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil", al cual le asignó los 747 millones de pesos para repartirlos entre 17 entidades del País. De ese total, al menos 43.5 millones de pesos se canalizaron para Cendis administrados por el PT en Morelos y Colima. La Auditoría señaló que esta partida no cuenta con regulaciones normativas, tales como lineamientos para garantizar los principios de selectividad, equidad y transparencia que se establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. "No existen criterios para seleccionar los estados, ni tampoco la metodología para la determinación del monto con los que serán apoyados. "La SEP, mediante nota informativa, señaló que para la entrega de los recursos, considera únicamente a los estados que solicitan el apoyo, y que los montos se determinan conforme a lo que éstos requieran y los distribuye de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria con que se cuente", indicó la ASF en su Informe General de la Cuenta Pública 2014. En el caso de los Cendis patrocinados por el PT, en Morelos, los 30 millones que se destinaron para la construcción de las instalaciones no fueron ejercidos durante 2014, sino hasta un año después, incumpliendo con la obligación legal de emplear los recursos dentro del ejercicio fiscal para el que fueron presupuestados. La gestora de los recursos fue la organización asociación civil "Unidos Vamos por Morelos", que preside la ex dirigente del PT en ese Estado Tania Valentina Rodríguez. La ASF determinó que como los 30 millones de pesos no fueron ejercidos durante el año fiscal para el que fueron aprobados, éstos deberían ser reintegrados. En Colima fue la asociación civil "Unión de Solicitantes Tierra y Libertad, A.C.", vinculada al PT, a la que se canalizaron 13 millones de pesos para la construcción de un Cendi. El flujo de los recursos es el siguiente: la Cámara de Diputados los aprueba, la Secretaría de Hacienda los transfiere a los estados y éstos los entregan a distintas organizaciones sociales, sin que al final se compruebe que el dinero fue utilizado correctamente. Acusa Coneval fallas Desde 2014, el Coneval advirtió que que el financiamiento público a los Cendis es opaco y carece de indicadores de desempeño, ya que es imposible conocer cómo se distribuyen los recursos en cada centro ni a qué gastos son aplicados. En un estudio elaborado ese año, advirtió que la asignación del presupuesto está basada en criterios políticos y que su distribución entre las entidades federativas también es discrecional. Apuntó que en los convenios firmados con los Gobiernos estatales no se especifica claramente que los subsidios deben destinarse a fortalecer los centros educativos, lo que permite un considerable margen de discrecionalidad para las entidades. El organismo cuestionó que, pese a estas irregularidades, los recursos asignados año con año al programa fueran en aumento. -- Reforma