Colectivos de desaparecidos en Veracruz acusan al Gobierno de Miguel Ángel Yunes de ocultar la cifra real de víctimas. En los dos años de Administración del panista, de diciembre de 2016 a la fecha, el Colectivo Solecito ha documentado al menos 41 casos de personas que han sido víctimas de desaparición forzada tras las negativas para obtener el número oficial. "¿Por qué razón no dan la cifra?", cuestionó la vocera del grupo, Lucía Díaz. "Eso hace que haya una percepción muy falsa de seguridad que no existe, muchas personas pueden caer en una desaparición, porque piensan que no están sucediendo". Pese a que en enero de 2017 la Fiscalía estatal presumió la creación del Registro Público de Personas Desaparecidas, actualmente ésta sólo contiene información de 2006 a diciembre de 2016, fecha en la que tomó el poder el panista. "Se le ha pedido (el número de desapariciones) por medio de la Comisión de la Verdad en tres ocasiones, algunos periodistas vía transparencia, y nunca la entregaron. "Han seguido sucediendo continuamente, él tiene una cifra que está ocultando de manera dolosa y tendrá que responder por eso", dijo a REFORMA Lucía Díaz. El Solecito, sentenció, tratará de comprobar judicialmente que el Mandatario y el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz han ocultado con conveniencia los datos. "Yo lo estoy, cuando menos, documentando -claro de manera informal- para que cuando llegue la próxima Gubernatura esto sea sacado", indicó Díaz. REFORMA recabó historias de mujeres que han perdido a sus hijos entre 2016 y lo que va de 2018. Elsa Patricia Murda perdió a su hijo el 6 de diciembre de 2016. La madre relató que su hijo Carlos Moscoso Murda, de 20 años, fue levantado en la Avenida Miguel Alemán, en el Puerto de Veracruz, detrás de un parque de diversiones entre las 14:00 y 15:00 horas. Desde entonces, no ha tenido ningún avance en la investigación en la que le han negado obtener las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la ciudad, que podrían darle más indicios sobre los delincuentes. "Estoy en ceros, no hay nada, hice una ampliación de declaración para pedir las listas de llamadas, me dijeron que no se podía. Aparte, hay cámaras por donde mi hijo desapareció, pedí y dijeron que no se podían adquirir". La razón, afirmó, es que las corporaciones policiacas están involucradas en las desapariciones humanas en varias partes del Estado. "El Gobierno no hace nada y la carpeta de investigación está en blanco". Por otro lado, Elda Ruiz, quien perdió a su hijo Luis Fermín Arroyo Ruiz, de 33 años, el 8 de enero de este año, coincidió en la poca atención que recibe como familiar de una víctima. "Derechos Humanos me ha apoyado mucho, es por medio de ellos, pero las autoridades no", explicó. Su hijo fue visto por última vez en la Unidad Habitacional La Florida, en el puerto veracruzano. "No me dice nada el Fiscal, incluso a veces no lo encuentro, sólo cuando voy acompañada con Solecito me tratan bien, me tienen afuera, ni donde sentarme". Lidia Lara también es víctima colateral de desaparición desde el 6 de junio de 2017, cuando su hermano Ángel Gabriel Jobón, de 17 años, fue plagiado al acudir a una tienda en el Municipio de Boca del Río. En la carpeta 25/2018, que se encuentra en la Fiscalía regional del puerto de Veracruz, Lidia aguarda nuevos indicios. El Colectivo Solecito exigió que en los menos de dos meses que le falta por gobernar, Yunes exija a Winckler Ortiz la documentación que sustente la realidad que padeció Veracruz. -- Reforma