WASHINGTON.- Varios centenares de “dreamers” reclamaron este jueves ante el Capitolio estadounidense un nuevo estatus que incluya una vía hacia la ciudadanía antes de fin de año. Lo anterior dado que el Gobierno de Donald Trump canceló el pasado septiembre la Acción Diferida (DACA por sus siglas en inglés). El programa, creado por la Administración de Barack Obama en 2012, permitió eludir la deportación a los jóvenes que habían llegado al país como niños, los llamados "dreamers". Bajo el lema "sin papeles y sin miedo", centenares de manifestantes procedentes de 20 estados diferentes, según los organizadores, se manifestaron en una marcha desde la Estación Central de Washington hasta el Capitolio federal. En ella se entonaron consignas como "No a Trump y al Ku Klux Klan; no a unos Estados Unidos racistas" y la protesta se amplió a uno de los edificios del Senado norteamericano. Durante el acto en la oficina legislativa, un total de 15 manifestantes fueron arrestados mientras desplegaban pancartas y fueron acusados de obstruir el paso, según fuentes de la Policía del Capitolio. La comunidad está harta y el pueblo americano está harto de que la Administración esté tomando decisiones tontas y de que estén poniendo en riesgo de deportación a los 'dreamers'", afirmó el director regional de la organización, Ricardo Campos, quien cifró en 800 mil el número de jóvenes afectados. Campos pidió a los líderes demócratas y republicanos en las dos cámaras legislativas que elaboren un proyecto de ley “limpio" con una solución permanente para que no ponga en riesgo la vida de las familias afectadas. La protesta tuvo lugar paralelamente a la defensa por parte de un grupo de legisladores del papel que los "dreamers" han jugado en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Según el Center of American Progress, desde que Trump aboliera el programa, alrededor de 7 mil 900 jóvenes indocumentados perdieron su protección. Asimismo, los “dreamers” tienen derecho a un debido proceso, resolvió un juez federal de una corte de Seattle. El caso involucra al inmigrante mexicano Daniel Ramírez Medina, de 24 años, quien fue detenido por agentes de inmigración que acudieron a arrestar a su padre indocumentado, pero también a él cuando creían que era un miembro de la pandilla. La administración Trump ha argumentado que las decisiones de inmigración con respecto a los inmigrantes ilegales no pueden ser impugnadas en los tribunales regulares, diciendo que la ley otorga a los agentes amplia discreción para decidir a quién excluir o deportar. Pero el juez Ricardo S. Martínez, designado por el presidente George W. Bush en Seattle, señaló en un fallo el miércoles que incluso inmigrantes ilegales tienen derecho al debido proceso que el gobierno debe respetar, y su estado DACA no puede ser cancelado sin justificación. -- EXCÉLSIOR