Afortunadamente la reelección no funcionará en San Luis Potosí como un pase automático. Porque nuestros actuales políticos están tan desprestigiados que sería terrible que por el simple hecho de ser diputados o alcaldes merezcan aparecer nuevamente en la boleta electoral. Según el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a lo que sí tienen derecho es a participar en el proceso interno de sus partidos, que determinará quien será el candidato o candidata a diputaciones locales y alcaldías. Si un partido les niega esta posibilidad de contender en el proceso interno, entonces sí el político puede recurrir a un amparo, porque se estarían violando sus derechos. Pero en caso, contrario, un amparo no procederá. Lo que aún no se sabe cómo van a manejar los partidos es el tema de la equidad de género, donde por ley deberán asignar el 50% de candidaturas a mujeres. Eso significa que algunos diputados hombres no podrían participar en los procesos internos de sus partidos y por ende es casi seguro que impugnarán la decisión. Parece que estamos frente a un escenario de qué derecho vale más: el derecho a reelegirse o el derecho a la equidad de género en la política. Pero también estamos frente a unas elecciones judicializadas, algo que no conviene nada a la estabilidad, ni del país, ni del estado. A los ciudadanos nos conviene y hasta alegra que la reelección no sea una carta en blanco, para los actuales legisladores y alcaldes, porque sus resultados son tan pírricos, que no merecen seguir en el cargo. Y si llegaran a la boleta reducen las posibilidades de selección de la ciudadanía. Aunque duela reconocerlo, la democracia en México no está preparada para la reelección. Esta figura es para democracias más avanzadas, no para políticos que ven la administración pública, como un espacio donde se trabaja poco y se gana mucho, donde se puede escalar socialmente sin mucho esfuerzo. Afortunadamente la reelección está en manos de los partidos, aunque tampoco son garantía de éxito, porque en los últimos años lo único que han demostrado es que están al servicio de grupos y no de la vida democrática.