Sanciones económicas, suspensión del cargo o inhabilitación para ocupar puestos públicos hasta por 10 años, pueden ser algunas de las figuras jurídicas a las que se harían acreedores los regidores capitalinos que estarían impidiendo la aprobación de los planes de desarrollo urbano para San Luis Potosí. El abogado Gustavo Barrera indicó que un juicio político procede cuando se violan los intereses políticos fundamentales de la sociedad y un interés fundamental de la sociedad potosina es el ordenamiento territorial. “Los programas son la base de la planeación y ordenamiento territorial, distribución de espacios de asentamientos humanos y desarrollo urbano, es una decisión política fundamental. Y cualquier obstrucción, entorpecimiento, dilación, tardanza, o veto irracional es motivo de juicio político” explicó. De igual manera, señaló que este proceso no es menor a cuatro meses y pudiera extenderse hasta dos años, sin embargo, las sanciones derivadas de este proceso son extensibles, pero no impugnables. “En mi opinión las o los regidores que se estén oponiendo u obstaculizando, impidiendo, retrasando, difiriendo o postergando la aprobación de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sí están en la causal inmediata de violación a los intereses políticos fundamentales de la sociedad potosina” comentó. Indicó que estas acciones frenan el desarrollo, vulneran la economía, alteran la composición social en cuanto a los desarrolladores urbanos con la demanda de vivienda tan apremiante. Agregó que cuanto más tarden en la aprobación de dichos programas el efecto será más difícil de mitigar.