El Reglamento del Congreso del Estado de San Luis Potosí es “muy laxo”, toda vez que no atribuye la facultad a este Poder para comprobar que los diputados locales efectúen las compras de apoyos sociales y estos en verdad sean entregados a los beneficiados, señaló Jorge Escudero Villa, ex diputado local y experto en temas legales. Lo anterior tras cuestionarle sobre los argumentos vertidos por la encargada de la Oficialía Mayor del Congreso local, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, quien señaló que no es obligación de la Contraloría Interna el corroborar las compras efectuadas por los legisladores, sino sólo revisar que las facturas se encuentren en la plataforma del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Ello, en referencia al caso del proveedor “Francisco Benjamín Lozano Canseco”, al cual el legislador Manuel Barrera Guillén ha facturado diversos apoyos sociales, luego de que la Auditoría Superior del Estado también le pagó miles de pesos para la organización de una fiesta navideña que presuntamente nunca se llevó a cabo. “Con cuestiones de vigilancia del Congreso, los diputados fueron muy laxos en su reglamento y en las leyes que aplican ellos mismos y efectivamente hicieron normas mochas, un montón de reglamentos que son de difícil aplicación y con ello, no pueden checarlo, más que efectivamente se encuentre en la plataforma (del SAT)”, señaló Escudero Villa. Agregó por último, que dentro de las tareas de los legisladores no se tiene considerado entregar apoyos sociales, sino sólo legislar, con lo que la entrega de apoyos sociales debe ser tarea del Ejecutivo.