Reporteros de Guerrero se reunieron con el relator sobre la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), David Kaye, donde le expusieron las condiciones en que se ejerce el periodismo en un contexto de violencia generada por los grupos delictivos. “Nunca, como ahora, la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos tienen bajo la mira”, expresaron los reporteros en un documento que le entregaron al relator. Añadieron que, en este año, en Guerrero se han perpetrado 34 agresiones en contra de 43 periodistas; la mayoría por parte de servidores públicos. “El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”. En un breve discurso, David Kaye dijo que los gobiernos federal y estatal deben castigar las agresiones contra de los reporteros, y los llamó a respetar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Para confirmar esto, el fin de semana se conoció que en Baja California, la PGR detuvo al ex director director general operativo de la policía estatal de Baja California, por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad del periodista Mariano Soto Cortez, el pasado 15 de febrero; mejor conocido como “Fabricio N”. La captura se realizó en el municipio de Mexicali a solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión sin hacer uso de violencia ni afectar a terceros, y en estricto apego al debido proceso, por lo que en todo momento le fueron respetados sus derechos. La detención de Fabricio “N”, se dio gracias a las labores de gabinete y campo de los agentes de investigación criminal que lograron dar con su ubicación; el presunto culpable será puesto a disposición de la autoridad judicial. Como hemos venido diciendo en nuestras investigaciones, las autoridades, son los principales agresores de periodistas y defensores. Según los casos evaluados por el Mecanismo de Protección, las autoridades son las principales causantes de las agresiones de periodistas y defensores de derechos humanos. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció su plan de protección a periodistas, aseguró que el gobierno federal como los gobiernos estatales “haremos valer la justicia y la libertad de expresión”. Paradójicamente, el mayor número de agresiones contra periodistas en México proviene de servidores públicos. De acuerdo con el informe estadístico emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), con motivo de 265 casos de periodistas que se han integrado al Mecanismo de Protección, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, 98 funcionarios públicos fueron “probables agresores” de periodistas, contra 84 casos en los que los ataques provinieron de “particulares” y 83 de “desconocidos”. El informe de Segob indica, además, que este patrón se repite en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos: en 79 casos, las agresiones provinieron de servidores públicos, contra 76 ataques de desconocidos y 65 de particulares. La Fundación Fernando Mora Gómez, como organización preocupada por los ataques a la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico en México; reconoce la labor de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, hasta el momento, pero aun falta mucho por hacer. De la misma manera, como organización, estamos convencidos que se tendrían mejores resultados con la independencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en el ámbito federal, o de las Agencias Ministeriales a nivel estatal; ya que la autonomía de estas instancias llevaría a tener mejores resultados en las investigaciones de delitos contra la Libertad de Expresión.