Autoridades eludieron su responsabilidad ante las denuncias por minas ilegales, autorizaciones irregulares y compra de huachicol con dinero público en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En una reunión entre pobladores afectados, funcionarios y representantes del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la Comisión de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Cámara de Diputados, el legislador Rafael Hernández Soriano, presidente del grupo, exhibió el desinterés de las autoridades para detener el problema ambiental. "Nosotros esperábamos que plantearan soluciones, pero las recomendaciones, las felicitaciones por el interés y que después les hagan llegar las pruebas que están presentando son lamentables", les dijo. En la Cámara baja, habitantes de Texcoco, San Martín de las Pirámides, Tezoyuca y San Pedro Tepetlaoxtoc, entre otros municipios, denunciaron tiraderos ilegales de lodo contaminado que se extrae del Lago de Texcoco, destrucción de zonas forestales, uso de dinamita en las minas, y afectaciones en casas y zonas de cultivo. Sin embargo, las autoridades dijeron desconocer o estar poco enteradas sobre ello a pesar del tiempo que lleva la obra. El director general de Impacto Ambiental del Estado de México, Nicolás Mendoza Jiménez, felicitó a los habitantes de Ixtlahuaca, Municipio de San Martín de las Pirámides, por haber expulsado a una minera ilegal y los invitó a continuar interponiendo demandas ante la amenaza de que otro cerro sea destruido, lo que fue criticado por el abogado de los pobladores. "Ya nos hemos sentado en la misma mesa y siempre le dan vueltas al asunto porque no se quieren hacer cargo del desastre, ahora nos aconsejan poner demandas, pero a quienes vamos a demandar es a ellos mismos y a sus jefes que no cumplen con su función de detener el medio ambiente", dijo Felipe Hernández, representante legal de Ixtlahuaca. Al final del encuentro, Mendoza Jiménez argumentó en privado ante el presidente de la Comisión de Seguimiento de la obra que él apenas lleva cinco meses en el puesto. Con fotografías y planos, José Espino, habitante de San Nicolás Tlaminca, Texcoco, exhibió los datos falsos que entregó la empresa Urbanums S.A. de C.V para abrir un tiradero de lodo contaminado de cloro, boro y sosa cáustica entre dos ríos y a unos metros de la reserva forestal Parque Nacional Molino de Flores. Hernández Soriano mostró además material que se utiliza para colocar explosivos, recogidos de las minas mexiquenses. Acusó también que los camiones que llevan el materia hacia las pistas se surten con combustible robado. "Están pagando con dinero público combustible robado, hay evidencias", dijo. Inclusive, el legislador del PRD preguntó al encargado de la Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire del GACM, Benjamin Granados, cuántas minas estaban autorizadas en el Estado de México para surtirle de material, a lo que el directivo respondió que 60. Hernández Soriano mostró entonces documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. "Es de verdad criminal que quien tiene la obra más importante de este País en este momento no esté enterada de cuántas minas hay. Tengo la lista de la SCT y son 110 minas", acusó. Al final de la reunión, Arturo Hernández Buendía, poblador de San Pablo Tecalco, Tecámac, lamentó que estas reuniones sean como catarsis. "Venimos, nos quejamos, pero no se soluciona nada", dijo. --

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