La cancelación de 14 encuestas que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no permitirá evaluar las estrategias del Gobierno federal, como la operación de una eventual Guardia Nacional o el cambio en la política de drogas, advirtieron investigadores. El Inegi anunció que suspendía 14 estudios de opinión por el recorte presupuestal, entre ellos el de prevención de delincuencia, de uso de tecnologías en hogares, de consumo de sustancias sicotrópicas, de gasto en hogares, entre otros. "Es una verdadera tragedia la rotación de personal, de gente de alto perfil técnico. Es una decisión que no pagaremos por años, sino por décadas", opinó Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. "Nos importa mucho la información: lo que se mide se puede mejorar, y al revés, cuando las cosas no se miden no es tan fácil corregirlas o mejorarlas", dijo el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona. Entrevistadas por separado, Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se refirieron en específico a las encuestas nacionales de Población Privada de la Libertad (Enpol), de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) y de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (Ecosuo). "No importa tener la radiografía de un momento y saber cuántas personas fueron torturadas, pues sí, pero ¿eran más o menos que antes?, ¿vamos mejorando o no?, ¿cuáles son los problemas de violencia en las localidades?, ¿qué políticas hay que diseñar? "No se pueden suspender esas encuestas, a menos que no le den importancia alguna a contar con esa información y crean que la Guardia Nacional va a resolver todos esos problemas, porque no es así", comentó Azaola. ¿Estas encuestas ayudarían a evaluar la efectividad de la Guardia Nacional?, se le cuestionó. "Exactamente, así es, entre otras cosas", dijo.  "No hemos escuchado que el Gobierno actual le dé la importancia que merece apostar a la prevención y no sólo a la contención, que es necesaria, pero no únicamente eso". Pérez Correa detalló que la Enpol, por ejemplo, daba información sobre la actuación del Ejército y la Marina, entre otras instituciones, en los traslados de detenidos. "Les preguntan (a los internos) quién los detuvo, y luego toda una serie de cuestiones como si los llevaron directamente al Ministerio Público o los estuvieron paseando", explicó. "Están tomando la decisión de militarizar la seguridad pública porque supuestamente (los soldados y marinos) son más confiables, pero los datos de la Enpol muestran que cometen más abusos durante las detenciones y se está ignorando, y no sólo eso, además se está dejando de producir esa información". Refirió que uno de los puntos del plan nacional de seguridad es cambiar la política de drogas, pero justo se dejará de realizar también la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas. "Lo cual quiere decir que el año en que supuestamente se va a implementar por primera vez una regulación del consumo de mariguana no habrá un instrumento para medir cuál fue el resultado o el efecto de esa política", reprochó.

'Perdemos información confiable' La cancelación de al menos 14 encuestas del Inegi implica una pérdida significativa de datos confiables y actualizados, reprocharon investigadores universitarios y de organizaciones especializadas en salud. La Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, por ejemplo, aporta información sobre el trabajo doméstico y de cuidados que no es remunerado y, sin estos datos, se complicará diseñar mejores políticas públicas en igualdad de género, criticó Luz María Galindo, académica de la UNAM. "Eso se contrapone, incluso, con esta iniciativa que se aprobó para que las trabajadoras domésticas tengan seguro social obligatorio. De ahí se podrían obtener datos para diseñar esta estrategia", recordó. Víctor Gutiérrez, coordinador de proyectos del programa de drogas de México Unido Contra la Delincuencia, consideró que la suspensión de la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas afecta a las clínicas que se dedican a brindar tratamiento a personas con problemas de drogadicción. "¿Cómo poder saber qué medicamentos tienen que comprarse? ¿Cuántos doctores necesitarías por clínica?", ilustró. Y aunque reconoció que la Secretaría de Salud ha elaborado encuestas sobre consumo de drogas, el experto estimó que éstas no podrán suplir la que hacía el Inegi, un órgano autónomo. -- Reforma