Una iniciativa de Ley sobre Consultas Indígenas propuesta en el actual Congreso pide establecer como un derecho en la Constitución que los pueblos indígenas sean consultados por los tres órdenes de Gobierno para cualquier obra de infraestructura que ocupe sus territorios. Actualmente, falta una normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (EvIs) y una Ley de Consulta Indígena, lo que ya ha puesto en riesgo a un sinnúmero de proyectos energéticos en el País. La iniciativa, propuesta por el diputado de Morena, Armando Contreras Castillo, pretende que los pueblos sean consultados, pero también podría abrir la puerta a nuevos conflictos por grandes proyectos de infraestructura. Esto, porque la iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas presentada buscará garantizar que todo desarrollo de obra o megaproyecto en territorios de los pueblos indígenas se someta a su consentimiento. "Aunque México ha firmado todos los convenios internacionales incluido el 169 de la OIT, en el País han ocurrido una serie de atropellamientos con relación de los pueblos indígenas con el Estado y las empresas", afirmó. A raíz de la reforma energética, en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos se estipuló que los desarrolladores de proyectos energéticos deben presentar una Evaluación de Impacto Social (EvIs) para poder realizar cualquier proyecto de energía. A diferencia de estas evaluaciones, esta Ley quedará establecida en la Constitución, y aplicará en todo el País, por lo que se consagrará ese derecho a los pueblos indígenas. No sólo se trata de llegar a una negociación con la comunidad, sino además contar con su consentimiento para poder llevar a cabo el proyecto. Contreras Castillo afirmó que la Ley será una herramienta para que haya un consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, que genere acuerdos y convenios escritos. "La consulta va a sacar de la pobreza y la marginación a los pueblos indígenas porque por primera vez en la historia van a ser socios o participantes directos", aseveró Contreras. Y es que la oposición de los pueblos indígenas ha frenado o retrasado a algunos proyectos energéticos importantes. Ahí está el caso del Gasoducto El Encino-Topolobampo, a cargo de la empresa TransCanada, y Guaymas-El Oro, a cargo de IEnova, que tuvieron problemas derivados de conflictos sociales con las comunidades aledañas. De acuerdo con Gabriel Baeza, director área social del Centro de Investigaciones Interculturales Jurídicas y Ambientales (CIIJA), hay ciertos elementos de la iniciativa que no se mencionan y que son fundamentales para su desarrollo, como el procedimiento mediante el cual la entidad gubernamental indique si procede o no la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Recordó que la iniciativa deberá someterse a un procedimiento de consulta a nivel nacional porque es un acto legislativo que afectará a todos los pueblos y comunidades del País, y que podría hacerse hasta en dos años. -- Reforma