Como parte de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí para respetar las disposiciones en materia electoral, la Contraloría Municipal solicitó a todas las áreas de la administración y el personal respetar los horarios laborales y no usarlos para hacer proselitismo a favor de algún partido político o aspirante a cualquier puesto de elección popular.

El titular de la dependencia, Ignacio González Rivas, informó que desde marzo pasado se giró un oficio a directores, delegados, jefes de área, coordinadores y personal en general para precisar los lineamientos que habrán de cumplirse especialmente en el desarrollo de las campañas, la veda y la jornada electoral.

Detalló que de acuerdo a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se marcaron los principios para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales, por lo que se les pide a los servidores públicos del Ayuntamiento a abstenerse de:

“Entregar, prometer, condicionar o retener la credencial para votar a cambio de la entrega de dinero, recursos en especie, obras, servicios o programas públicos a la promesa o demostración del voto a favor o en contra de algún candidato; ordenar o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales o financieros para influir en ese mismo sentido; así como ordenar o tolerar la promoción funcionarios o partidos, o incluso la abstención de la votación”.

Otras medidas prohibitivas son: “Asistir en horas hábiles a mítines, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad influir en el voto; usar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales; utilizar el padrón de beneficiarios para promover un gobierno, partido y  candidatura, de igual manera, los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos u otra modalidad que afecte el principio de equidad, entre otras restricciones”.

González Rivas reafirmó que la Contraloría Interna del Gobierno de esta capital está vigilante del cumplimiento cabal de los lineamientos establecidos por la autoridad electoral y recordó que en caso de detectarse actos fuera de la ley, se aplicarán sanciones que van desde una amonestación pública o privada, separación del cargo y hasta la inhabilitación. En casos más drásticos, se aplica prisión de 6 meses a 12 años de prisión y/o pago de 100 a 500 UMA.