Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) validó parte de la verdad histórica sobre una quema en el basurero de Cocula y el hallazgo de por lo menos 19 restos óseos, pidió a la Procuraduría General de la República ser exhaustiva en las investigaciones forenses para determinar si son de los 43 normalistas desaparecidos. "Para la CNDH, en el basurero de Cocula sí hubo un incendio" y en el sitio fueron encontrados restos de 19 personas, mínimo”, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez. En la presentación de la recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala, denunció que se trata de un hecho "abominable" en el que la verdad es una de las víctimas. Respecto a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, sostuvo que la investigación "es el caso más ominoso y complejo en la historia de la comisión. Social y políticamente marcó un antes y un después". González Pérez manifestó que el trabajo realizado por la CNDH "constituye la mayor aproximación a la verdad" y reveló que en no pocas ocasiones altos funcionarios de la PGR se negaron a proporcionar información, incluso a facilitar la toma de fotografías para validar información. Por el contrario, señaló que fue el Ejército la institución con la que menos problemas de obstrucción de información enfrentó el organismo. “En diversas ocasiones, las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial o falsa, lo cual desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública, propiciando que las víctimas fueran revictimizadas”, subrayó. El ombudsman indicó que la recomendación 15VG/2018 debe constituir "un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer" y corresponderá al próximo gobierno federal "enderezar y continuar las investigaciones penales". La CNDH documentó que al menos 72 de los imputados fueron torturados o recibieron algún tipo de maltrato, y denunció que en diversas ocasiones hubo falta de cooperación de la PGR, incluso que negó o hizo caso omiso a las solicitudes de información. También detectó que la diligencia de inspección que realizó la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón y a la que se llevó al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, se hizo al margen de la ley con irregularidades en la captura. En el informe, cuya presentación llevó más de nueve horas, la CNDH señaló que hubo dos rutas de desaparición de los normalistas, pero la PGR no ha explicado por qué no se han investigado los restos pétreos, ni la totalidad de las prendas recuperadas. Precisó que lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala es una evidencia a escala internacional de "las profundas deficiencias de la seguridad pública, así como de los sistemas de procuración e impartición de justicia". La recomendación está dirigida a 16 autoridades, entre ellas Presidencia, Semar, Sedena, Función Pública, SEP, el subprocurador jurídico de PGR, el comisionado nacional de Seguridad, el de Atención a Víctimas, el gobernador de Guerrero y funcionarios locales, además del gobernador de Morelos. Entre las consecuencias del desaseo en la investigación a cargo de la PGR, explicó González Pérez, está que se haya subestimado el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos, así como que se ignorara el material encontrado en el río San Juan, donde había tres porciones más, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que deberían ser susceptibles a pruebas de ADN. Dicho hallazgo, agregó, "puede constituir un elemento suficiente para concluir que cuando menos 19 cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula". Por ello pidió ampliar diligencias para ahondar en los posibles destinos de los normalistas, ya que no hay evidencia de que todos hayan ido a parar al basurero de Cocula, como se señaló en su momento. El titular de la oficina especial para el caso Iguala, José Trinidad Larrieta, informó que se incluyen 128 recomendaciones a las autoridades sobre antes, durante y después de lo sucedido en Iguala y que derivó en la "desaparición forzada" de los 43 estudiantes de la Norma Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Dijo que el informe contribuye a que se conozca la verdad sobre lo ocurrido y su contenido puede ser incómodo para algunas autoridades. La CNDH llegó a la conclusión de que la PGR deberá determinar quién es “El patrón”, pues de acuerdo con diversas declaraciones fue quien decidió hacia las 11 de la noche del 26 de septiembre el destino de los 43. La investigación, apuntó el ombudsman, confirma la existencia de una vinculación clara y previa entre autoridades con el crimen organizado, así como "la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante tales vínculos"; advirtió que esta colusión ocasionó la muerte de seis personas, lesiones a 41 y la desaparición de 43. Y ADEMÁS GOBIERNO ACEPTARÁ RECOMENDACIÓN El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el gobierno federal aceptará la recomendación de la CNDH y estudiará el contenido para definir si cambia la “verdad histórica” y para dar a conocer su postura en los próximos días. LA VERDAD HISTÓRICA DE MURILLO KARAM El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, estableció la “verdad histórica”, que sostiene que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero. Expertos y organismos la rechazaron. -- MILENIO