Se reproduce íntegro el reportaje de Marcela Del Muro, publicado en Pie de Página SLP: simulación en la alerta de género

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Pasaban de las 5 de la mañana del 29 de agosto de 2017; Berenice esperaba el transporte de personal para su trabajo, en la avenida Ricardo Gallardo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, uno de los seis municipios de San Luis Potosí en los que se había activado la alerta de género dos meses atrás. Un vehículo hizo parada enfrente de ella, el chofer bajó y la jaló al interior del camión. Una hora después la arrojó, desnuda, violada y brutalmente herida en muslos, espalda y cuello (hasta el día de hoy tiene secuelas), a unos 3.5 kilómetros de distancia, en una calle sin pavimentar de la colonia El Morro. Berenice pudo levantarse, sosteniendo su cabeza con una de sus manos, y emitiendo sonidos para pedir ayuda. Un hombre la auxilió, acompañándola unos cuantos metros hasta el Centro Comunitario Las Huertas, donde el vigilante la recostó en una jardinera, mientras el primero traía una cobija con que cubrirla. Berenice se aferró a la vida, tenía 25 años y dos hijos pequeños. La ambulancia llegó alrededor de las 6.30 de la mañana, y la trasladó al hospital en calidad de urgencia. Por su parte, el agresor huyó con el camión hasta topar con la construcción del colector pluvial en las laterales del Río Santiago, donde abandonó la unidad. La policía ministerial llegó a la escena del crimen a las 7 de la mañana y hallaron el camión blanco minutos antes de las nueve de la mañana, aunque fue reportado por los trabajadores de la construcción, pasadas las ocho de la mañana. Tras la exposición mediática del caso, otra mujer interpuso una nueva denuncia contra el agresor. Una semana antes del ataque de Berenica, el agresor ya había raptado y violado a otra trabajadora que, al igual que Berenice, esperaba el transporte por la misma zona de la ciudad. Antes de dejarla ir, el agresor le robó todas sus cosas, sus identificaciones y le dijo que él pertencía al crimen organizado, y si lo denunciaba, la mataría. Actualmente, el chofer del camión se encuentra vinculado a procesos en etapa intermedia, por delitos de doble violación agravada y tentativa de feminicidio.

El 31 de agosto del 2018, a más de un año de que la AVGM fuera activada, el gobernador Juan Manuel Carreras López hizo público el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas en todo el estado de San Luis Potosí, esto debido a la presión, por parte de la academia, la sociedad civil y la prensa. Este mensaje se hace público sin tener varias de las medidas de seguridad y prevención –emergentes- que se dictan dentro de la declaratoria y con un conteo oficial de 46 muertes violentas de mujeres; de las que hasta el momento únicamente 21 se han clasificado como feminicidios. Pero además existe un conteo extraoficial, hecho por la sociedad civil, que suma 73 muertes violentas de mujeres en el estado. El 11 de marzo del 2018, fue hallado el cuerpo de una adolescente de 16 años suspendido en los barandales de la zona de transferencia en el centro de la capital potosina. Se trata de una avenida principal, con gran flujo de personas. Pero, las autoridades dirían después que las cámaras de seguridad no operan correctamente. Ello a pesar de que, dentro de la Declaratoria de la AVGM en el apartado de medidas de seguridad se dice que es necesaria la implementación de mecanismos de vigilancia y seguridad pública como la instalación de cámaras de video. En el mismo apartado de seguridad, habla sobre la instalación y mejora del alumbrado público; tanto en este caso, como en el de Berenice –que también es una vialidad transitada–no había alumbrado suficiente y adecuado. Dos días después del hallazgo, el subprocurador Aarón Edmundo Castro Sánchez, señaló en conferencia de prensa que las primeras indagatorias apuntaban a un suicidio. Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la aplicación del protocolo de feminicidio, no pudo confirmarlo, únicamente comentó que se trataba de “una muerte no natural”. Sobre esto, el subsecretario de Derechos Humanos, Ulises Valencia Gordillo comentó: “La primera línea de investigación en la muerte violenta de una mujer debe ser el feminicidio. Lo que corresponde a la Fiscalía es investigar con perspectiva de género y no se puede descartar esa línea, pues es una violación de los Derechos Humanos”. Pero, si se escarba en las noticias publicadas sobre el caso, no es posible saber si se aplicó el protocolo de feminicidio. Diez días después de ser hallado el cuerpo de la adolescente, el 21 de marzo del 2018, el titular de la policía ministerial de San Luis Potosí, José Guadalupe Castillo Celestino, declaró a los medios que no se contaban con grabaciones del hecho, pero que se había obtenido información de la pareja sentimental de la joven: “La niña tenía un estado de depresión, él [novio] señala que ella se sentía triste porque su mamá la había corrido de su casa y que habían salido en la noche a hacer un recorrido de venta de chocolates para poder comprar más drogas”. Este comentario se realizó sin contar con los resultados del examen toxicológico. Además, el Protocolo de Feminicidio, publicado en el Diario Oficial del Estado de San Luis Potosí y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado, establece que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar comentarios de la investigación y de utilizar términos peyorativos, denostativos, discriminatorios o de descalificación sobre la víctima. Nuestros gobernantes tienen una responsabilidad al momento de emitir un comentario, pues a raíz de eso se construye la opinión pública. Según datos proporcionados por el Instituto de la Mujer, Sector Salud, CEDH y varias organizaciones civiles, existe capacitación constante de sensibilización y transversalización en perspectiva de género para todos los funcionarios públicos. ¿El problema? Según Arely Torres Miranda, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, es “La falta de compromiso de nuestros funcionarios y tomadores de decisiones dentro de las instituciones para asistir a este tipo de preparaciones y poner en práctica lo aprendido en las capacitaciones, aún siendo parte del apartado de medidas de prevención dentro de la declaratoria de la AVGM, para evitar la re victimización desde las primeras instancias hasta la aplicación de la ley”. Hasta la fecha en la Fiscalía General del Estado, el caso continúa abierto, servicios periciales trabaja en estudios de criminalística de campo y, en teoría, la línea de investigación se sigue como feminicidio; pero no se cuenta con el equipo suficiente. En entrevistas realizadas con personal del área de servicios periciales, se comentó la falta de infraestructura: desde áreas de trabajo con espacio suficiente, instrumentación, laboratorios y, sobre todo, personal suficiente en todas las áreas. La carga de trabajo rebasa hasta cinco veces el personal operativo. El 21 de junio de 2017 se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis municipios de San Luis Potosí: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín. Se emitió a raíz de un informe hecho por la Comisión Estatal del Derechos Humanos (CEDH) en 2015, que provocó presión por parte de la sociedad civil y la academia. Pero a más de un año de su implementación, los índices de asesinatos de mujeres en el estado son preocupantes, y las previsiones de la alerta no se aplican. La AVGM es un mecanismo que dicta medidas emergentes para salvaguardar del riesgo a las mujeres en un contexto determinado, además de enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Esta definición está expuesta en la Declaratoria de la Alerta, y de forma más concreta en la página oficial de la alerta de género en San Luis Potosí, sin embargo, el titular de la subsecretaría de Derechos Humanos, Ulises Valencia Gordillo, puntualizó que “la AVGM no habla de acciones emergentes y que se establece este mecanismo con el fin particular de hacer visible una violencia en grado feminicida”.

Estas confusiones provocan una mala implementación de este mecanismo. Y continúan al alza las cifras de muertes violentas de mujeres en el estado.

El 24 de enero del 2018 en el municipio de Río Verde (el cual no cuenta con alerta de género, pero sí con un Centro de Justicia para la Mujer), fue asesinada María, una mujer de 32 años que discutía con su exesposo fuera de su domicilio. María dejó a cuatro menores de edad huérfanos. Ella había interpuesto una demanda por violencia intrafamiliar en octubre de 2017, pero no recibió ninguna orden de protección por parte de las autoridades. Ella es una de las tantas mujeres a las que el estado y la justicia en San Luis Potosí les han fallado. Cinco meses después, y también en Río Verde, el 6 de junio, la expareja de Rocío la golpeó y balaceó al interior de su domicilio, por defender a una de sus hijas de ser agredida sexualmente por su padre. Rocío lo había denunciado por agresión sexual contra sus hijas y violencia familiar desde noviembre de 2017. La procuraduría emitió una orden de aprehensión que nunca fue ejecutada y una orden de protección que se aplicó pero nunca tuvo un seguimiento. Rocío murió una semana después de ser atacada. Tanto en la Declaratoria de la AVGM como en la Ley de Acceso, es obligatoria la aplicación eficaz y el seguimiento a las órdenes de protección de naturaleza emergente y preventiva, sumando la protección inmediata y pertinente en caso de violencia familiar. Pero tanto María como Rocío estaban desprotegidas tras denunciar. No hubo coordinación entre las instancias para protegerla, una coordinación interinstitucional que iría desde las instituciones encargadas de hacer el acompañamiento a la víctima en todo el proceso –el Centro de Justicia para las Mujeres–, la Fiscalía del Estado –que debe de emitir inmediatamente las ordenes de protección–, y por último, que el agresor sea sancionado. La doctora Gloria Serrato Sánchez, investigadora de la Fiscalía General del Estado, comenta sobre esto: “Se esta trabajando en la acciones de largo plazo pero las acciones inmediatas no las vemos, están puestas en el documento pero no han dado resultados. Esto se va a notar en la medida en que las mujeres pongan una denuncia por agresión sexual o violencia familiar, y que las instituciones que les toca hacer el acompañamiento estén pendientes de la mujer hasta que concluya su proceso […] ¿Qué hizo el Centro de Justicia para identificar sus necesidades? Y sí la medida de protección no era suficiente buscar otra alternativa como asesores jurídicos de la víctima”.  Además, la ley exige una reeducación después de cometer una infracción y la AVGM sugiere la creación de programas de atención a hombres generadores de violencia. Actualmente, en San Luis Potosí, la fiscalía no cuenta con este programa, ni proyecto próximo para realizarlo. Entonces se recurre a los programas de Sector Salud, pero en estos grupos se mezclan a personas que han cometido delitos de agresión física y sexual, que incluso pueden llegar a tener una psicopatía, con personas que han ejercido algún tipo de agresión menor y no cuentan con antecedentes penales. Esto, señalan fuentes del sector Salud, ha imposibilitado el buen manejo de los grupos y se pone en riesgo tanto a la población que recurre a este servicio gratuito como a los capacitadores.

San Luis Potosí es el único estado en la República en el que se ha activado la AVGM y tras lo cual se desarticuló el grupo interinstitucional que vigila su cumplimiento. Esto se dio porque aquel fue señalado como un grupo de simulación; así que se creó una mesa ciudadana de seguimiento a la alerta de género, compuesta por Urenda Navarro, académica de la UASLP; Oresta López, académica del COLSAN; Sofía Córdova, directora de EDUCIAC; Arely Torres Miranda, consejera de INMUJERES y Elizabeth Rapp, presidenta de Otra Oportunidad, el único refugio en San Luis Potosí para mujeres víctimas de violencia. Urenda Navarro insiste en que “seamos las mujeres quienes interpelemos las instancias y construyamos una ruta para exigir nuestros derechos”. Este colectivo desde sus diferentes espacios de incidencia ha realizado trabajos de información ciudadana para dar a conocer las medidas de prevención sobre la AVGM, además de una presión contante a las instituciones gubernamentales para el buen funcionamiento de está. La mesa ciudadana no ha sido la única que acusa de simulación al gobierno. También la CEDH hizo una declaración pública en medios de comunicación unos días después de que se cumpliera un año de la activación de la AVGM. Paloma Blanco, consejera de la CEDH, mencionó en entrevista: “Veo con preocupación la falta de coordinación y comunicación, demuestra un total desapego con las obligaciones que exige contar con una alerta. Se requiere establecer indicadores de impacto para medir la eficiencia de las medidas de seguridad y campañas que se implementan”. Respecto a medir la eficacia, se preguntó al subsecretario Valencia, y respondió: “La única entidad que puede medir las acciones es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que cuenta con una metodología que apenas se está construyendo y consiste en una medición de impacto metodológico, para saber sí las políticas públicas implementadas están ayudando a salir de la AVGM. El gobierno del estado de SLP no cuenta con la posibilidad de aplicar indicadores, sólo Conavim, que es una instancia federal; de esta forma se cumple con el objetivo de la transparencia y objetividad”. De este modo, no hay cifras certeras, no hay indicadores de eficiencia, no hay implementación de las medidas, no hay coordinación entre instancias. Sólo hay declaraciones.