En entrevista para Imagen Informativa, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), lamentó que tras la confirmación de que la muerte violenta la joven dentista Érika, hace unos días en la ciudad capital, fue un feminicidio ejecutado por una expareja de la víctima. Con ello esta muerte se registra como la número 50, en lo que va del presente año.  La académica lamentó que dentro de este número de registros, la mayoría se concentra en la zona metropolitana, sin embargo advirtió que este fenómeno se está extendiendo hacia otros municipios convergentes, en donde están más marcadas las condiciones de desigualdad para el acceso a los derechos humanos y la marginalidad, lo que son caldo de cultivo para que las prácticas de degradación hacia la mujer se sigan convirtiendo en muertes violentas, muchas veces perpetradas por victimarios que son familiares cercanos.  “Este fenómeno ubica a San Luis Potosí en el quinto lugar a nivel nacional de feminicidios, un lugar alarmante en términos de definirlo un problema estructural que proviene de una cultura patriarcal que discrimina a las mujeres y por otro lado no se ven acciones efectivas de las instituciones que garanticen cómo van a erradicar estos estereotipos de género para salvaguardar la integridad de las mujeres”.  Navarro Sánchez condenó el actuar de las autoridades, pues dijo en la mayoría de las ocasiones cuando las víctimas llegan a denunciar que fueron víctimas de una agresión física o violación, muchas veces son revictimizadas y por tanto las mujeres deciden no acudir por temor a sus victimarios de recibir alguna represalia o porque simplemente están atadas porque son dependientes del sustento de sus parejas agresoras.  “La realidad es que solamente se ve la punta del iceberg del problema, porque vienen muchas veces sus agresores de actos de violencia pasados y consideramos muy imprudente que las autoridades digan que son las mujeres, quienes se desisten de las denuncias cuando en realidad hay problemas serios de capacidades institucionales. Muchas de las víctimas eran mujeres que iban a ser madres que en todas las perspectivas seguimos siendo infravaloradas, no puede ser que se prive de la vida así a una mujer”.

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