En los centros penitenciarios de San Luis Potosí se ubican al menos 386 casos de personas que padecen una discapacidad intelectual, mental o psicosocial, y que se encuentran tras las rejas llevando un proceso legal, además de buscar acceder a la justicia. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la entidad potosina se ubica como el segundo estado con mayor número de personas encarceladas con una discapacidad mental. San Luis Potosí se ubica tan sólo por debajo de la Ciudad de México con 622 casos y le continúa Baja California con 382 y Guanajuato con 346 reos con alguna enfermedad mental. Al respecto, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Renace Capítulo San Luis, lamentó que el problema sea de fondo sobre cómo se integran las acusaciones, a quién se acusa, cómo se les defiende, los delitos que se les imputan, y los mecanismos para garantizar que a estas personas no se les fabriquen acusaciones desproporcionadas. Además que dijo significan un alto costo para los centros penitenciarios.

“Es muy poco rentable porque son personas que realmente no representan ningún peligro para la sociedad y estarles manteniendo una situación así de salud en un penal es muy complejo.  Hay que estarlos llevándolos a hospitales, regresándolos, llevarles medicamentos; realmente la vida del penal con personas con esta vulnerabilidad se complica muchísimo”. “Es un problema de fondo, de cómo se están integrando las acusaciones, a quiénes estamos acusando, cómo se les defiende, por qué tipo de delitos, qué mecanismos hay para garantizar que a estas personas no se les fabriquen las acusaciones totalmente desproporcionadas…” Con ello, De la Garza Marroquín urgió para que en el Congreso del Estado se atienda a la brevedad posible una iniciativa que presentó Renace para crear la Ley de Amnistía en San Luis Potosí. Además, dijo que al ser una población vulnerable se presentó también un amparo hace algunas semanas ante los juzgados del fuero federal de distrito, que se concedió tras una inconformidad y en el que se obliga a revisar “caso por caso” a esas personas para verificar su situación para definir su pre liberación, quienes son acusados por delitos menores, pues llevan sentencias muy largas.