Las propuestas anticorrupción impulsadas por José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, ya están contempladas en la ley o fueron presentadas por la Oposición y frenadas por el tricolor en el Congreso. De acuerdo con especialistas, la confiscación de bienes a los funcionarios corruptos está tanto en la Constitución como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En abril de 2017, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 22 constitucional, el cual establece que la extinción de dominio será imprescriptible y se ejercitará de manera independiente al procedimiento penal que siga el acusado. Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), indicó que la extinción de dominio para casos de corrupción ya está prevista en la Constitución y la ley para garantizar la recuperación de activos. "Ya tenemos un esquema bastante sólido", afirmó. Por otro lado, consideró que el incremento de las penas para castigar a los funcionarios corruptos es una medida "muy concurrida" cuando hay reclamos en la sociedad por la comisión de algún delito. "Lo importante no es aumentar las penas, sino la eficacia para aplicarlas. No deberíamos pensar en aumentar las penas sin haber probado todavía el sistema", advirtió. El endurecimiento de las penas de cárcel a los involucrados en estos delitos ya fue incluido en la reforma al Código Penal Federal, impulsada por el PAN y el PRD en el Senado. Sobre la certificación de las declaraciones patrimoniales, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene una plataforma digital a la que deben ingresar las declaraciones de bienes, impuestos y conflictos de interés que presenten los funcionarios. Con base en esa información es como se puede vigilar la evolución patrimonial de los servidores públicos, en función de los ingresos que han obtenido. -- Reforma