En un comunicado firmado por casi 30 asociaciones, organizaciones y colectivas promoventes de Alertas a nivel nacional, expusieron que a dos años de haber sido declarada la Alerta de Violencia de Género en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Tamazunchale, Tamuín y Ciudad Valles, el despliegue de las acciones públicas emprendidas para atender la violencia contra las mujeres, ha estado lejos de poder incidir de forma directa en la disminución de los feminicidios en la entidad. “Si bien, la falta de incidencia directa, esta estructuralmente relacionada en las formas en las que se han construido los incipientes marcos institucionales de actuación en los tres órdenes de gobierno y la débil ejecución de las estrategias contenidas en las medidas contempladas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para San Luis Potosí del 21 de junio de 2017 (DAVGM). Es notable la ausencia de capacidades de coordinación desde el propio seguimiento hecho por la CONAVIM, hasta la falta de acuerdos y trabajo conjunto entre Estado y Municipios, espacio territorial en el que descansa la efectividad del mecanismo”. Exponen que gran parte de las medidas contenidas en la Declaratoria, no se han conectado con la acción pública municipal y en consecuencia limitan su posible efectividad. En este sentido, el cumplimiento de la AVGM, se ha direccionado a la acción del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), donde las diversas instituciones que lo conforman, no ha podido dar un cumplimiento de sus obligaciones, que vaya más allá de mínimas gestiones y esfuerzos administrativos y sectorizados, de ciertas dependencias y actores institucionales. Ante ese escenario, señalan en la misiva difundida este sábado, la realidad de las mujeres, jóvenes y niñas de esta entidad es otra: “pasamos de 35 muertes violentas de mujeres en 2015 a 74 en 2017. También apuntaríamos, que de ese conjunto de muertes violentas, no todas han sido investigadas como feminicidios, y de estás, tan solo en 2017, cinco alcanzaron una sentencia emitida por la autoridad judicial”. Y agregan: “Vemos con preocupación que pese a la DAVGM, las instancias encargadas de brindar atención y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, no han sido fortalecidas en términos de infraestructura y personal, pues por citar ejemplos, hasta el momento la Fiscalía de Atención a la Mujer, carece de un espacio digno y personal suficiente para ofrecer sus servicios; de igual forma, no hay un reforzamiento y compromiso institucional de hacer que el Centro de Justicia para las Mujeres opere de forma adecuada, pues las instancias -que de acuerdo a su modelo- debiesen de funcionar y tener presencia en dicho espacio, están ausentes”. El CJM, según afirman, no ha operado de forma permanente como la estancia transitoria que permite sustraer del riesgo a muchas mujeres víctimas, pues carece de personal y sistemas que evalúen el riesgo de las víctimas redirigiendo dicha tarea al único refugio en el Estado. Aunado a lo anterior, consideran necesario colocar sobre la mesa que el Poder Judicial del Estado requiere asumir un compromiso real con las mujeres de este Estado, para adoptar de forma real, los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, pues la formación sobre el tema no ha sido recibida por las juezas y jueces directamente implicados en atender la problemática, sino, en su mayoría, por personal que ejerce otras funciones en dicha institución. “Se requiere de un reforzamiento estatal que redunde en acción pública en las áreas de seguridad, justicia, salud, trabajo y educación, por mencionar las más. Las mujeres de éste Estado exigimos el compromiso y acción gubernamental para atender a cabalidad la violencia contra las mujeres. Que la violencia de género no sea un tema ínfimo en la agenda de los gobiernos estatal y municipales, sino área prioritaria de gobernabilidad. Queremos que las mujeres dejen de poner el cuerpo frente a la impunidad de los feminicidios y exigimos también la reparación del daño a las familias y víctimas indirectas que en estos dos largos años han sido dejadas en el olvido institucional”.