Luego de que casi concluye el primer trimestre del año, el Sistema Estatal Anticorrupción en San Luis Potosí continúa sin recursos, pese a que en el Presupuesto de Egresos 2020, el Congreso del Estado aprobó 6 millones de pesos para el Secretariado Ejecutivo encargado de operar este sistema, esto debido a que dicho secretariado ni siquiera se ha dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Jesús Sierra Acuña, explicó que, al no tener una oficina en el estado, no se podía darle un domicilio fiscal al Secretariado Ejecutivo, que se creó a finales del año pasado, por lo que tuvieron que usar, de manera provisional, el domicilio de la oficina de uno de los miembros del CPC para poder efectuar el trámite ante el SAT. Sin embargo, ante la contingencia del coronavirus les cancelaron la cita que tenían esta semana para concretar el trámite y ahora esperan que sea hasta dentro de un mes que puedan contar con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para que de esa manera la Secretaría de Finanzas les pueda liberar el recurso, mismo que les será liberado en cantidades de 500 mil pesos mensuales. “DEBERÍA HABER SUELDOS PARA EL CPC”

El también miembro del CPC, Juan Ramón Infante Guerrero, quien a finales del año pasado fue nombrado secretario técnico interino del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que actualmente se está operando con recursos de los miembros del CPC: “el Comité de Participación Ciudadana no tiene un centavo, ni siquiera para comprar una hoja y hacer un escrito… no tenemos oficina, no tenemos nada y por todos es conocido que nosotros tampoco percibimos un sueldo”. El investigador de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Ricardo Alvarado Andalón, consideró que los miembros del CPC sí deberían recibir un sueldo, dado que al no tenerlo deben realizar otras actividades profesionales para mantenerse, lo que genera que no se dediquen de tiempo completo a canalizar las inquietudes ciudadanas en materia de corrupción. UNO DE LOS PRESUPUESTOS MÁS BAJOS

La organización Mexicanos contra la Corrupción recientemente publicó el estudio “Carreras de Tortugas. Los Sistemas Estatales Anticorrupción”, que deja ver que San Luis Potosí es la séptima entidad a nivel nacional que menor presupuesto asignó en 2020 a su sistema, con 6 millones de pesos, que solo están por arriba de los presupuestos de Chiapas, Ciudad de México y Morelos, que no asignaron un solo peso a sus sistemas; así como Baja California Sur, que asignó 3.9 millones de pesos, Campeche con 4 millones 763 mil 514 pesos y Colima con 5 millones de pesos. El promedio de presupuesto que asignaron los estados a sus sistemas anticorrupción este año fue por 16.4 millones de pesos, es decir que San Luis Potosí no asignó ni la mitad de esa cantidad e incluso entidades como el Estado de México asignó un presupuesto por 93.6 millones de pesos, Jalisco destinó 40.9 millones de pesos y Coahuila 28.3 millones de pesos. FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ACÉFALA

Aunado a la falta de recursos, el Sistema Estatal Anticorrupción tampoco cuenta con un secretario técnico definitivo, que sea el encargado de operar el sistema, ya que el CPC había designado una terna de candidatos, que nunca se votó y que finalmente se frenó debido a un amparo promovido por uno de los aspirantes, por lo que ahora el CPC debe designar una nueva terna para hacer este nombramiento. Jesús Sierra Acuña dijo que actualmente no se puede elegir al secretario técnico del sistema, debido a que a inicios de año renunció a su cargo el Fiscal Anticorrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, dejando acéfala una de las sillas del Comité Coordinador, que es el órgano que debe elegir a este secretario técnico, por lo que tendrán que esperar a que se nombre a un nuevo fiscal para posteriormente poner a consideración la nueva terna de secretario técnico. El miembro del CPC señaló que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción no establece un plazo límite para que el gobernador envíe al Congreso del Estado una terna de candidatos para encabezar la Fiscalía Anticorrupción, por lo que este cargo podría quedar acéfalo hasta que el Poder Ejecutivo así lo decida y, después de presentada la terna, el Congreso del Estado todavía tendrá un periodo de 30 días para analizar los perfiles y elegir al nuevo fiscal.