En los primeros 3 meses de las nuevas administraciones, los funcionarios potosinos, que ganaron en las urnas en este 2018, han demostrado ser igual de opacos que sus antecesores, ya que solo 3 de ellos tienen actualizadas sus declaraciones #3de3 en el portal del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco); mientras que los diputados locales publicaron sus declaraciones en el portal del Congreso del Estado, pero totalmente testadas, por lo que no se puede ver la información en ellas. El portal del Imco muestra las declaraciones de 7 funcionarios potosinos, sin embargo, la mayoría de ellas no está actualizada. El gobernador Juan Manuel Carreras López es el primero que aparece, sin embargo, sus declaraciones fueron presentadas en mayo de 2017, es decir hace más de 1 año; también se encuentra la diputada federal Josefina Salazar Báez, cuyas declaraciones fueron presentadas en abril de 2018, cuando todavía era diputada local. Martín Juárez Córdova, actual diputado local, es otro de los que tiene su declaración publicada, sin embargo, esta fue presentada en noviembre de 2016, cuando solo era presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la diputada Sonia Mendoza Díaz también tiene sus declaraciones, las cuales fueron presentadas en mayo de 2015, es decir hace más de 3 años, cuando ella fungía como Senadora. Los únicos funcionarios con sus declaraciones actualizadas son el alcalde Francisco Xavier Nava Palacios y los diputados Jesús Emmanuel Ramos Hernández y José Antonio Zapata Meraz. “LUEGO LO HACEMOS”: DIPUTADA Al ser cuestionada respecto de la publicación de estas declaraciones, la diputada de Morena Marite Hernández Correa, justificó que el formato del Imco es muy amplio y por falta de tiempo postergó la publicación de dichas declaraciones en esta plataforma: “luego lo hacemos”, argumentó la diputada, quien no dijo cuándo lo hará. Sin embargo, la legisladora dijo ya haber cumplido con esta obligación, ya que presentó sus declaraciones ante la Contraloría del Congreso del Estado, mismas que fueron publicadas en el portal del Poder Legislativo, aunque reconoció que estas tienen información testada, como direcciones, números de cuenta y otros datos personales. Al revisar las declaraciones en el portal del Congreso del Estado, efectivamente se confirmó que estas se encuentran completamente testadas. En la declaración de conflicto de intereses, por ejemplo, no se puede ver nada de información, mientras que en la declaración patrimonial solo se permite ver el sueldo que los diputados y diputadas perciben por el cargo público que desempeñan, pero no se dejan ver las propiedades que los legisladores tienen. Además de ello, hay 13 diputados y diputadas que no tienen publicadas sus declaraciones fiscales, de los cuales 5 son de Morena, 5 del Partido Acción Nacional (PAN), 1 del Partido del Trabajo, 1 del Partido Encuentro Social y 1 del Partido Nueva Alianza (Panal); de igual forma no aparece ninguna de las 3 declaraciones de los diputados Pedro César Carrizalez Becerra ni Óscar Carlos Vera Fábregat. “PARA MÍ NO APLICA”, DICE PRIISTA La diputada del PRI, Laura Patricia Silva Celis, al ser cuestionada respecto de por qué no ha hecho pública su declaración #3de3 en portales como el del Imco, se limitó a decir que su contador le dijo que para ella “no aplica”, ya que explicó que no ha tenido actividad empresarial anteriormente. Este argumento es falso, ya que la declaración #3de3 lo que busca es transparentar la situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses de los funcionarios públicos antes, durante y después de haber ocupado el cargo, sin excepción alguna. Sin embargo, la diputada dijo no tener ningún problema en que se conozca su situación patrimonial: “solo tengo una casa, una camioneta y no tengo conflicto de intereses”. Argumentó que, por cuestiones de seguridad, el Congreso del Estado testa la información de sus declaraciones y al ser cuestionada respecto de por qué no ha presentado sus declaraciones en plataformas ciudadanas como el Imco, la diputada dijo “no me lo han solicitado”. HUECOS LEGALES Con anterioridad, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se ha pronunciado en torno a huecos legales que le impiden sancionar a los funcionarios que no hagan pública la información de sus declaraciones #3de3. De entrada, la Ley de Transparencia solo obliga a los funcionarios a presentar una “versión pública” de sus declaraciones, lo que significa que pueden hacer lo mismo que hicieron los diputados, es decir testar toda la declaración y dejar visible solo el apartado que reporta su sueldo como servidores públicos, dado que el resto de la información se considera reservada. Este hueco legal podría resolverse si el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción hubiera determinado ya cuáles datos de la declaración #3de3 serán públicos, lo cual no ha sucedido; además de que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tampoco ha emitido el formato para presentar la declaración de conflicto de intereses. Todo este lío legal y el hecho de que la Ley de Transparencia se emitiera antes de que se estableciera el Sistema Anticorrupción, abre la puerta a que funcionarios ganen amparos para evitar hacer públicas sus declaraciones.