Hace un año un grupo de ex diputados tuvo que devolver dinero que observó la Auditoría Superior del Estado con relación a las ayudas sociales que fueron “falseadas” y justificadas mediante el uso de empresas fantasmas las cuales ya fueron denunciadas antes el Sistema de Administración Tributaria (SAT), así se expuso desde la organización Ciudadanos Observando. Sin embargo Alejandro Segovia del Partido Verde y actual alcalde de Matehuala, Enrique Flores (quien destapó la llamada “ecuación corrupta”), José Belmárez del PT, Ricardo García Melo y Guillermina Morquecho de Nueva Alianza y Jorge Díaz Salinas del PAN “entraron en plena rebeldía y ante la complicidad de los actuales diputados que integran la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior del Estado nunca se puso la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que el plazo para solventar las observaciones caducó desde hace un año”. En el caso de Enrique Flores, las víctimas Aurelia Ortiz Escobar y Ángel Calvillo de Santiago aseguraron no haber recibido ni despensas ni material de construcción y que sus firmas fueron falsificadas. De la misma forma Luis Santiago Catarina negó haber recibido algún apoyo por parte de Guillermina Morquecho Pazzi.  Ventura Ramírez, Teresa de Jesús Sierra, Heriberto López y Hugo Figueroa fueron víctimas del panista y luego candidato a diputado federal por el PRD Jorge Díaz Salinas ya que con el uso de firmas falsificadas y facturas de empresas fantasmas simuló haber entregado tinacos, despensas, uniformes deportivos, trofeos y balones. El petista José Belmarez del PT entregó documentos con firmas falsificadas de Laura Martínez, Abundia Villanueva, Mario Pacheco y Praxedis Velasco los cuales negaron haber firmado, solicitado o recibido algo. Sin embargo por medio de empresas fantasmas justificó haber entregado despensas. Alejandro Segovia afirmó haber entregado a Irene Herrera Guzmán 79 bultos de cemento, una cisterna y un tinaco lo cual la víctima negó. Y exhibe además la organización civil que “Si la ciudadanía en general no exige la aplicación de la ley, este grupo de ex diputados que desviaron recursos públicos usando a gente en estado de pobreza, si estos aberrantes actos nos nos indignan entonces nos estamos convirtiendo en cómplices involuntarios. Tanto la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Vigilancia de la actual legislatura que encabeza la Diputada Marite Hernández Correa tienen que poner las denuncias penales de manera inmediata, lo cual debió suceder desde mucho tiempo”.