El tema de la inseguridad y la violencia sobresale en las localidades del Estado de México, Michoacán y Sonora y en las zonas metropolitanas de Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, Tijuana y Ciudad de México, así lo concluye el estudio “El futuro de los jóvenes pobres en México” realizado por los Colegios de México, SLP, Michoacán, el Instituto Mora (Mora) y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas). Entre los hallazgos de la investigación se detectó que los “levantamientos” y desapariciones son frecuentes en las periferias de Monterrey y San Luis Potosí, donde los jóvenes relatan haber perdido hermanos y otros parientes como consecuencia de su relación con el tráfico de drogas. Los indígenas del norte de Veracruz se han visto obligados a salir de sus localidades de origen en busca de oportunidades para estudio y trabajo, debido a la presencia en la región del Cartel del Golfo; ciudades receptoras como Tamaulipas y Reynosa se han vuelto particularmente peligrosas en los últimos 10 años, imponiendo la necesidad de abrir nuevos flujos migratorios que tienen como destino la ciudad de Monterrey. La falta de seguridad con respecto a la vivienda es una angustia cotidiana para algunas de las unidades domésticas estudiadas. Al menos 14 hogares de la muestra enfrentan día a día el temor de ser echados de sus viviendas ya sea porque se trata de propiedades prestadas o porque se localizan en terrenos irregulares. Esta falta de seguridad les impide hacer reformas o construir con mejores materiales, viven con la zozobra de que sus inversiones se pierdan El estudio se enfocó a “un sector desfavorecido de la población que representa el futuro de México”. Y mencionan que “Nos centramos en los jóvenes porque son ellos quienes han sufrido más las consecuencias del escaso dinamismo del empleo y los salarios; quienes son eliminados, acosados o seducidos por las organizaciones criminales; y quienes se han convertido en cuidadores de sus padres y sus hermanos, además de sus propios hijos”. En las localidades estudiadas, la violencia derivada de la delincuencia organizada afecta el desarrollo de los y las jóvenes. La inseguridad se recrudece por las carencias de infraestructura urbana como alumbrado público y las deficiencias en el transporte público, precarizando aún más la oferta laboral y las condiciones para realizar una actividad remunerada, asistir a la escuela o realizar actividades recreativas. Se encontró además la aflicción como experiencia social, en la que una política fundamentada únicamente en la atención psicosocial y en la medicalización de la vida cotidiana de niños y jóvenes que viven en condiciones de pobreza, es una respuesta limitada para el tipo de experiencias que serán expuestas en este apartado. “Un caso emblemático para ese propósito es el de Daniel, un joven de 22 años que vive en la periferia de la ciudad de San Luis Potosí. Con 11 años, Daniel fue remitido a un hospital público de psiquiatría con el propósito de tratar alucinaciones, ataques de pánico y ansiedad. Hoy en día, el joven atribuye sus ‘problemas de la cabeza’ a la violencia y maltratos que su padre alcohólico ejercía contra él y sus hermanos, situación que lo llevó a huir de casa a los 15 años junto con su hermano, secuestrado y desaparecido unos años después. Daniel es consciente de que los medicamentos recetados durante la infancia no fueron una respuesta a su sufrimiento y reconoce que ni él ni sus padres recibieron otro tipo de tratamiento a no ser el farmacológico”. El estrés económico es una constante en los hogares estudiados y la imposibilidad de encontrar empleo o estabilidad de ingresos, además con frecuencia los jóvenes pasan por períodos de desempleo. Tal es el caso de Luis de 23 años y Lucio de 24, quienes cada mañana esperan la oportunidad de trabajar como cargadores en las ladrilleras de un barrio periférico de San Luis Potosí por un sueldo de $70 pesos diarios.