La transparencia es uno de los ejercicios más benéficos que tenemos las personas, nos sirve para saber cómo y en qué se gastan los recursos públicos las autoridades. En San Luis Potosí, el tema de la transparencia inició con la aprobación y publicación de la ley de transparencia, que se ha modificado para incorporar disposiciones sobre el gobierno abierto y gobierno digital; para hacer cumplir la ley se formó la CEGAIP como organismo autónomo, con un pleno compuesto por tres personas que deben fungir como comisionadas, electas por el Poder Legislativo. A la luz del tiempo, este organismo que mayoritariamente ha estado dirigido por comisionadas mujeres, no ha sido lo totalmente eficiente para generar una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas entre las autoridades del gobierno estatal y municipales, más grave aún, muchas personas no saben que existe. A lo largo de la historia de esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), ha sido muy equitativo el número de comisionados varones y comisionadas mujeres, de 14 personas electas por el Congreso del estado 6 han sido mujeres, de ellas 4 se desempeñaron como presidentas electas por mismo Congreso del Estado. De las comisionadas, la primea en llegar Luz María Islas Moreno, abogada postulante, fue secretaria general del Ayuntamiento, trabajadora, responsable; Gerardina Ortiz, comunicóloga trabajadora de la Junta Estatal de Caminos; Yolanda Camacho columnista en Pulso; Claudia Avalos ex funcionaria del Poder Judicial Federal; Paulina Sánchez Pérez del Pozo se inició profesionalmente en la CEGAIP; María José González Zarzosa ex trabajadora de la CNDH, del poder Judicial de San Luis Potosí. Las mujeres hemos estado buscando espacios de toma de decisiones, y en la CEGAIP ha estado liderada principalmente por ellas, para poca fortuna de la transparencia las últimas comisionadas se han desempeñado de manera gris,  no se han caracterizado por promover grandes avances en la materia, sino sólo dar continuidad a lo que ya se había desarrollado. Con saldos muy negativos de retroceso para la rendición de cuentas por parte de los ente obligados. La CEGAIP perdió toda la fuerza ganada de los primeros años de formación. El único cambio significativo fue una nueva ubicación de las oficinas a mayor costo en el arrendamiento. A las mujeres siempre nos han exigido estar mejor preparadas para el desempeño de un cargo y reunir los requisitos de liderazgo para enfrentar los retos de una institución que le toca hacer que los entes y autoridades cumplan con honestidad y transparencia su quehacer. A la CEGAIP han llegado perfiles vinculados al acomodo de parientes y familiares de quienes gobiernan, que personas realmente preparadas en el tema de transparencia. De las mujeres la mejor preparada y única persona que no tuvo una relación de parentesco con ninguna autoridad, fue la Luz María Isla, eso le permitió poder avanzar en el apercibimiento y sanción de los entes obligados opacos. Para la lucha de las mujeres en el proceso de alcanzar acciones afirmativas para llegar a cargos de toma de decisiones, ha sido muy positivo que elijan de manera equitativa a hombres y mujeres, a pesar de que han habido señalamientos públicos de que llegan por ser familiares de gobernadores, de abogados reconocidos, de dirigentes de partidos, de familiares de magistrados. Alejarse de los lazos familiares y de amistades con las autoridades en turno, lleva a no tener compromisos y desempeñarse de manera exitosa en la función pública. Es un hecho que la elección debe darse al mejor perfil, a que la persona que quede no tenga ningún lazo con autoridades para que no tenga temor alguno de amonestar y apercibir a los sujetos obligados que no cumplan con la ley de transparencia. El declive de la CEGAIP no tiene que ver con las situaciones de que sean mujeres las comisionadas, sino de que no han sido los mejores perfiles para ocupar un cargo de ese tipo, y nos enfrentamos nuevamente a situaciones en las que no es porque sea mujer y no pueda con el cargo, sino porque han sido personas que no reúnen los requisitos para asumir un cargo de semejante responsabilidad. Ha prevalecido en las legislaturas anteriores que han elegido bajo la presión del ejecutivo, que ha buscado colocar comisionadas y comisionados a modo, para darle la vuelta a la transparencia. ¿Qué esperamos de esta nueva elección que se avecina? Que diputados y diputadas pongan en el centro el interés colectivo de contar con un órgano de transparencia que sea eficiente, que se deje de despilfarrar los recursos públicos que se le asignan en una plantilla onerosa, con sueldos que están por arriba del salario del presidente de la República. Por ejemplo, sólo el staff de una de las comisionadas significa un gasto anual de más de dos millones de pesos. Con mayor presupuesto, que se le ha duplicado en sólo cinco años, de 15 millones en 2015 pasó a 30 millones para el 2020, el organismo garante de la transparencia apenas resuelve un promedio de 22 procedimientos de sanción en contra de dependencias de la administración pública estatal o municipal, es decir cada sanción que emite le cuesta al erario público poco más de un millón 300 mil pesos, siendo la mayor parte de los gastos al capítulo de salarios. Con esta simple operación, del total del presupuesto dividido por el número de resoluciones que emiten de las quejas que interponen la ciudadanía, para resolver en un procedimiento de sanción, nos sale carísimo, nos cuesta mucho dinero seguir sosteniendo los altos sueldos de las personas servidoras públicas, pero sobre todo del Pleno. ¿Quién revisa a quien revisa? Desafortunadamente la CEGAIP dejó de ser la entidad que supervisaba la responsabilidad de las autoridades y sancionaba a quienes no cumplían. Las personas que han estado al frente se han engolosinado con el poder, y siguen extendiendo sus malas prácticas a tal punto que se ha convertido en el ente más opaco de todas de todos los órganos autónomos.