La Auditoria Superior del Estado (ASE), tiene la gran responsabilidad de cerrar el círculo del proceso de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, “en donde la ciudadanía advierta que no es una plena simulación sino que efectivamente se está dando un puntual seguimiento al uso de los recursos públicos y, que la Fiscalía General del Estado (FGE) atienda puntualmente las demandas que presente la Auditoria”.

Señaló el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, diputado José Antonio Zapara Meráz, puntualizó que la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, sigue su curso, y en este proceso, “nosotros vamos a seguir trabajando y fortaleciendo a la Unidad de Evaluación y Control para estar inmersos en este proceso de vigilancia y fiscalización”.

“Mi apuesta en lo individual, es fortalecer a la ASE para generar esa credibilidad que se ha minado y, únicamente va a ocurrir en la medida en que la ciudadanía perciba que los actos de corrupción tienen consecuencias y, en la medida en que las denuncias que presenta la Auditoria sean atendidas por la Fiscalía y veamos que los culpables paguen por desviar los recursos públicos y por traicionar la confianza de la ciudadanía”, sostuvo el diputado Zapata Meráz.

Explicó que el Congreso del Estado únicamente aprueba los dictámenes generados por la Comisión de Vigilancia, en los cuales, se aprueba o desaprueba que el trabajo realizado por la Auditoria Superior del Estado (ASE) en la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, se realizó apegado a derecho.   

“Lo que sigue, es que los entes auditables ahora tienen dos oportunidades para poder desahogar las observaciones realizadas por la ASE a sus cuentas públicas 2018. Después de la notificación de la Auditoria,  tienen un plazo de 30 días hábiles para atender las observaciones y, después tienen otro periodo similar para presentar pruebas suficientes para determinar si cumplieron o no”.

“Este proceso culminará el próximo año, en donde la ASE tendrá que interponer las denuncias penales correspondientes en contra de los entes auditables que no hayan podido solventar las observaciones  y, realizar los procedimientos de las sanciones administrativas correspondientes en los casos de las faltas que así lo requieren; y la Fiscalía tendrá que atender puntualmente las demandas que llegue a presentar la Auditoria”, finalizó.