El Tribunal Electoral del Estado, en sesión efectuada el pasado martes, determinó reducir las multas que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) impuso a los ciudadanos David Alejandro Arroyos Ruíz y José Refugio Santana Ruíz por actos de violencia política de género en contra de la alcaldesa de Zaragoza, Paloma Bravo García, ocurridos en julio de 2019 durante la toma de la Presidencia Municipal. El pasado 26 de enero de 2021, el pleno del Ceepac resolvió que existió violencia política de género en contra de la alcaldesa de Zaragoza por parte de cuatro trabajadores de dicho ayuntamiento, entre los que se encontraba el regidor Rafael Cárdenas Govea y le impuso una multa de 8 mil 449 pesos al ciudadano José Luis Loredo Martínez y de 12 mil 663.50 pesos a los ciudadanos David Alejandro Arroyos Ruíz y José Refugio Santana Ruíz; a estos dos últimos se les aplicó una multa mayor bajo el argumento de que violaron las medidas cautelares impuestas por la autoridad. El 3 de febrero, el regidor y cinco ciudadanos más interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral, buscando que se revocara la resolución del Ceepac, sin embargo, el tribunal determinó que sí existió violencia política de género en contra de la alcaldesa, aunque reconoció que el Ceepac no fundó ni motivó la sanción por desobediencia de medidas cautelares, por lo que le redujo la multa a David Alejandro Arroyos y a José Refugio Santana de 12 mil 663.50 pesos a 8 mil 449 pesos, que fue la misma multa que tuvo José Luis Loredo Martínez. Los quejosos también señalaron que el Ceepac no debió dar vista al Tribunal Electoral para que sea este quien emita las medidas de compensación a la alcaldesa y dicho tribunal resolvió que efectivamente es competencia del Ceepac emitir las medidas de reparación integral del daño, dado que el Tribunal Electoral no fue la autoridad que resolvió de fondo la denuncia. Los quejosos también señalaron otras presuntas irregularidades en la resolución del Ceepac, sin embargo, el Tribunal Electoral las consideró infundadas, por lo que los quejosos deberán pagar las multas impuestas, ofrecer disculpas públicas a la alcaldesa y cumplir con otras sanciones que les impuso la autoridad electoral. En julio de 2019, el regidor Rafael Cárdenas Govea y trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal y desalojaron a la alcaldesa con agresiones; además, el regidor amenazó de muerte a la alcaldesa con un revólver y se privó de su libertad a 10 policías municipales. Estos hechos motivaron que la alcaldesa promoviera el procedimiento sancionador ordinario por violencia política de género.