CIUDAD DE MÉXICO. Por un cambio de orden, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron “eliminados” y “desaparecidos” hace 6 años. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, aseguró a Excélsior que, de acuerdo con las investigaciones del caso, entre las diez y las 11 de la noche de ese 26 de septiembre de 2014, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente. Explicó que, tras un enfrentamiento y una persecución a balazos por parte de sus atacantes, muchos estudiantes quedaron heridos. Ellos fueron separados de sus compañeros ilesos y trasladados al hospital, incluso a bordo de patrullas y ambulancias.

Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos. Sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche, viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores: deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”, indicó.

Esta tesis del “cambio de orden” fue planteada por la CNDH en su Recomendación 15VG/2018, donde señala que César Nava, entonces subdirector de la policía de Cocula y presente aquella noche, se retiraba de Iguala cuando recibió una llamada de alguien identificado como El Patrón. Tras esto, el mando regresó a la comandancia de Iguala para exigir que por “orden de arriba” les entregaran a los normalistas que para ese momento estaban detenidos.

EL PLAN NO ERA DESAPARECER A LOS NORMALISTAS

Un cambio de orden” provocó hace seis años que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueran “eliminados” y “desaparecidos”, aseguró a Excélsior el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales. Sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones del caso, aproximadamente en una hora —entre las 10 y las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014—, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente. Previo al sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que conmemorarán con una marcha, Rosales expone la línea de investigación sobre ese “cambio de orden”. Ese modus operandi de las agresiones a los estudiantes se tiene que investigar de manera profunda, exhaustiva, porque los datos de prueba dan cuenta que hasta las 10 de la noche, por lo menos, la forma y el comportamiento de los agresores no era para desaparecer, no era para eliminar a los normalistas”, afirmó.

La tesis del “cambio de orden” a la que se refiere Vidulfo Rosales, fue planteada e investigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 15VG/2018 Caso Iguala.

Para sustentar el “cambio de orden” que redimensionó el caso de los normalistas durante los hechos en Iguala, Rosales refiere: Si bien es cierto que hubo un enfrentamiento, una persecución a balazos, donde hubo un herido de gravedad que es Aldo Solano, en Periférico Norte, muchos estudiantes que salieron heridos, fueron bajados del autobús, apartados con los que estaban ilesos y tendidos en la banqueta; todos los heridos fueron llevados al hospital; incluso algunos en las patrullas de la policía municipal, en ambulancias y recibieron atención médica”.

 Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos, sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores; a partir de ahí deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”.

A pregunta expresa sobre si César Nava, entonces subdirector de la policía municipal de Cocula fue quién recibió el “cambio de orden” de parte de alguien identificado por la CNDH como El Patrón, Rosales dijo: Ese dato yo no lo tengo preciso. No puedo asegurar ese dato de prueba, no tengo los elementos, pero lo que puedo decir es esto: los datos de prueba nos indican que después de las 11 de la noche la orden fue de desaparecer; antes no había una orden de desaparecerlos. Los datos nos indican el modus de los agresores y no había orden de desaparecer”.

Sobre quién dio ese “cambio de orden”, Rosales dijo que “tenemos algunos indicios, son parte de la investigación, no son susceptibles de referirlos públicamente”.

La afirmación del abogado Rosales cobra fuerza en el apartado 26 de la Recomendación de la CNDH, Transmisión de órdenes para ejecutar actos de agresión y desaparición de los normalitas de Ayotzinapa.

Relata el órgano autónomo que los agentes de la policía municipal de Cocula se retiraron de las calles de Juan N. Álvarez —sitio de la primera balacera, sin heridos ni muertos— y se enfilaron rumbo a ese municipio por órdenes del comandante Ignacio Aceves Rosales, segundo al mando del subdirector de la policía municipal, César Nava. Ya en el trayecto, una llamada telefónica recibida por el subdirector (César Nava) hizo cambiar la instrucción originalmente recibida por lo que las tres camionetas patrulla de Cocula, de forma repentina, retornaron y se dirigieron a la comandancia de la policía de Iguala, lugar al que ingresó el subdirector de la policía municipal de Cocula”.

El documento de la CNDH, que se concatena con la afirmación de Vidulfo Rosales, señala como “momento crucial”, de lo que sucedería con el “cambio de orden”. Se trata de la declaración ministerial de un elemento de la policía municipal de Cocula: …escuché que César Nava les decía a los muchachos del camión que se bajaran para arreglar eso sin saber de qué (sic) cosa, pero los muchachos le pedían que se quitara el arma y se descubriera el rostro, ya que los muchachos mencionaban que no traían armas; al no llegar a un arreglo por órdenes de César Nava, nos indica el comandante Aceves que nos retiráramos del lugar, por lo que nos retiramos creyendo que regresábamos a Cocula, pero en el trayecto se retornan nuestras camionetas hacia la comandancia de Iguala; en donde estuvimos aproximadamente una hora y en ese lapso me percato que César Nava se baja de la unidad y se mete a la comandancia…”. 

El hecho de que Nava cambiara la dirección del rumbo de sus patrullas y la estancia en el lugar fue confirmada por el agente municipal que conducía la camioneta patrulla en la que viajaba Nava.

Por lo que, instantes más allá de las 23:00 horas aproximadamente, con una actitud diferente a la mostrada hasta entonces, el subdirector de la policía de Cocula (César Nava) va directamente al inmueble que ocupa la comandancia policial de Iguala e insta a los mandos policiales y de barandilla a que le sean entregados los normalistas detenidos.

 Sobre este hecho –sigue la recomendación de la CNDH–, la declaración del subdirector de la Policía de Iguala es clara cuando refiere que el mando policial de Cocula (Nava) le dijo textualmente: “De orden de arriba me voy a llevar a los chavos”. Es evidente que en ese corto periodo, el subdirector de la policía de Cocula (Nava) habría recibido otras instrucciones que lo hicieron actuar de manera distinta a como lo había hecho antes en Juan N. Álvarez y Periférico”.

El mismo policía que describió el “cambio de orden” a Nava, declaró haber visto a detenidos en el patio de las instalaciones de su corporación, añadió: “vi que llegaron elementos de la policía preventiva a bordo de dos patrullas y subieron en ella a los muchachos, ignoro hacia dónde se los hayan llevado”. De acuerdo con la sucesión de hechos, las dos primeras víctimas mortales ocurrieron entre los primeros 16 y 30 minutos del 27 de septiembre en Juan N. Álvarez y Periférico Norte, esto durante el ataque de un comando armado; en el sitio había periodistas, algunos resultaron lesionados. Minutos después, muy cerca de ese un lugar, ocurrió la muerte de otro normalista, Julio César Mondragón Fontes.

La CDH refiere que un servidor público municipal de Cocula no involucrado en los hechos, ni acusado por ellos, de manera espontánea, declaró que César Nava desde mucho tiempo antes del 26 y 27 de septiembre de 2014, estaba ya vinculado con el grupo criminal de Guerreros Unidos. Y que recibía instrucciones de un líder criminal que Nava identificaba como El Patrón. En una parte de su declaración, el testigo dijo que Nava “… recibe instrucciones por parte del crimen organizado… se comunica sospechosamente con una persona a quien le llama El Patrón para reportarle…” Ese “cambio de orden” que asegura Rosales ocurrió y que documentó la CNDH, ocurrió después de que El Patrón se convenció de que su territorio estaba siendo invadido por sus enemigos Los Rojos. Identificó a, al menos, 4 líderes normalistas vinculados a Los Rojos, quienes cumplían órdenes de El Carrete —capo regional de Los Rojos— que le transmitió al director de la normal de Ayotzinapa y éste a David Flores Maldonado alias La Parka, quien, a su vez, ordenó a El Cochiloco y a los demás líderes salir con el grueso de normalistas hacia Iguala en pos del autobús 2513 —al que la CNDH identifica como el sexto autobús—, en el que viajaban miembros de Los Rojos, armados, después de que abordaran en Chilpancingo, de acuerdo a lo que se rescata de unos chats de Chicago. Esas comunicaciones indican que una mujer que iba en el sexto autobús, vinculada a los Guerreros Unidos, se dio cuenta del ascenso de esas personas armadas en Chilpancingo y así lo avisó a sus jefes de Guerreros Unidos. Ella decidió bajarse de la unidad. Esos individuos armados también fueron detectados por los Guerreros Unidos, lo que contribuyó al convencimiento de El Patrón para dar el “cambio de orden” en contra de los normalistas, entre los que estaban los vinculados a Los Rojos, y en contra de los sujetos armados. La hipótesis es que este “cambio de orden” tuvo implicaciones en el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

PIDEN DETENER A ZERÓN

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, familiares, amigos y estudiantes de ese plantel se manifestaron ayer frente a la Fiscalía General de la República en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de hace seis años. Encabezados por el abogado Vidulfo Rosales, y el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, exigieron al fiscal general Alejandro Gertz Manero la detención del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio. Se han presentado avances en las investigaciones, pero hay situaciones que deberían caminar con mayor celeridad”, indicó Vidulfo Rosales, a la vez que expresó su temor de que la indagatoria lleve muchos años más.

 El gobierno anterior nos llevó 4 años con puras mentiras, como madres y padres estuvimos aquí presentes, desmintiendo todo lo que decía el gobierno de Peña Nieto; reconocemos el trabajo del gobierno actual, pero como madres y padres pensamos que no es suficiente, va lento, pero se están realizando esas investigaciones, esas búsquedas”, detalló por su parte la señora Cristina, madre de uno de los 43.

Los manifestantes se apostaron frente a las oficinas de la FGR ubicadas en la glorieta de Insurgentes, donde gritaron consignas y colocaron mosaicos impresos con fotografías de los 43. Una comisión encabezada por el abogado Vidulfo Rosales ingresó al inmueble para exigir el avance de las investigaciones. Hay situaciones que deberían de caminar con mayor celeridad, a los ojos de los padres y a las necesidades del caso, desde nuestro punto de vista las investigaciones avanzan de manera lenta (...) todavía no podemos coronar los esfuerzos con detenciones fundamentales de personajes claves que construyeron la verdad histórica, pero también las autoridades claves que participaron de manera directa e indirecta en la desaparición de nuestros 43 compañeros”, detalló el abogado.

-- ANDRÉS BECERRIL / EXCÉLSIOR

Foto: David Solís