El Presidente Enrique Peña Nieto tiene la posibilidad de vetar la Ley de Seguridad aprobada a la que se opusieron la ONU, organismos de derechos humanos, universidades y grupos de víctimas, sugirió el colectivo #SeguridadSinGuerra. En un posicionamiento conjunto, le pidieron emplear su facultad de veto en congruencia al llamado que hizo la semana pasada, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, para abrir el debate sobre la legislación. "No existió el debate al que se comprometió el Presidente, y los cambios no modifican en términos sustantivos lo ya aprobado en la Cámara de Diputados", indicó en entrevista Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh. "Es improbable el veto, pero de todos modos habría que demandarlo y si el Presidente escucha las críticas de organismos de derechos humanos podría tener suficientes elementos para ejercer ese derecho". El colectivo afirmó que, de decretarse la Ley, seguirán una serie de acciones para evitar su entrada en vigor. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puede impulsarse una acción de inconstitucionalidad que llevaría el análisis de la norma ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN). También las minorías legislativas, municipios y Gobernadores podrían impulsar las controversias constitucionales, añadió Aguirre. "Por parte del colectivo hicimos una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pueda revisar en el ámbito interamericano lo que se ha aprobado", informó. Las organizaciones destacaron que, pese a la imposición de la legislación, se ha generado una conciencia social sobre la importancia de debatir el esquema de seguridad en el País. También lamentaron que los legisladores hicieran expresiones demostrativas hacia los Derechos Humanos y desoyeran a la sociedad civil, pese a las múltiples advertencias sobre la falta de controles y contrapesos en la operación de las Fuerzas Armadas. La legislación tampoco establece plazos definidos sobre la participación de las Fuerzas Armadas, lo cual incentiva que los estados y municipios no fortalezcan a sus policías, advirtió Aguirre. -- Reforma