El Congreso de la Unión inicia este jueves el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura, en medio de una confrontación entre los grupos parlamentarios y una larga lista de pendientes que deben atender, a más tardar, el 30 de abril. La agenda legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado depende ya de las prioridades electorales de los partidos metidos en la lucha por la Presidencia de la República, se dejó ver en las plenarias de los legisladores. Por un lado, los senadores tienen como principal pendiente el nombramiento del Fiscal General y del Fiscal anticorrupción, pero los tres principales bloques de legisladores no han llegado a ningún acuerdo de cómo procesarlos. El PAN en la Cámara alta condicionó a que antes de destrabar los nombramientos haya una reforma al artículo 102 constitucional para modificar los términos de la elección del Fiscal General y dar más herramientas de independencia del Gobierno, entre otros puntos. Después de ello, expedir la ley general que crea la Fiscalía General de la República y, como tercer paso, ir a los nombramientos de los Fiscales General y Anticorrupción, así como de los magistrados anticorrupción de la Sala Superior y auxiliares aún pendientes. Tal ruta de trabajo fue solicitada por el precandidato de la coalición por México Frente, Ricardo Anaya, a fin de construir un sistema más robusto y efectivo. Como a los senadores, el panista demandó a los diputados dicha reforma para poder llegar a fiscales verdaderamente autónomos e independientes. Sin embargo, la bancada de Morena en el Senado decidió ir en contra de la elección del Fiscal General y del fiscal anticorrupción, luego de que Andrés Manuel López Obrador presentara sus propuestas de fiscales. Los legisladores del bloque PT-Morena acusaron que PRI y PAN pretenden un reparto de posiciones para tener funcionarios a modo. El PRI, en tanto, no emitió postura sobre si apoyaría la reforma al artículo 102 o, sin ésta, si podría empujar los nombramientos. En tanto, los diputados arrastran desde diciembre el nombramiento del Auditor Superior de la Federación. También están pendientes los titulares de Órganos Internos de Control en Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Aunque hay una terna de propuestas para auditor superior, no hay acuerdo sobre el nombre. Los partidos de la coalición Por México al Frente han rechazado la propuesta del PRI de designar a Salim Arturo Orci Magaña, actual Auditor Especial de Gasto Federalizado en la ASF, priista y cercano al senador Emilio Gamboa, y proponen apoyar a David Colmenares. El grupo del PRI culpa al Frente de detener la designación del auditor y ha afirmado que ya tiene acuerdo con Morena para sacar adelante el proceso, para el cual se requiere la mayoría calificada. Otro tema que no tiene aún consenso es la discusión de una ley que regule la propaganda gubernamental, reglamentaria del artículo 134 constitucional. Dicha norma debe expedirse antes del 30 de abril, para que el Congreso acate la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que resolvió sobre la omisión de no haber legislado en la materia. A la fecha, no se han emitido iniciativas de las bancadas y el PAN demandó al Ejecutivo que presentara una propuesta como iniciativa preferente. -- Reforma