La Fiscalía General del Estado ya solicitó el ejercicio de la acción penal ante un juez, en torno al caso de la presunta fiesta “fantasma”, organizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en diciembre de 2016 y con la cual se habrían desviado 600 mil pesos de recursos públicos, lo cual provocó que tres de los 7 imputados promovieran amparos este miércoles para evitar ser aprehendidos. El vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción, Hugo Stevens Amaro, confirmó que cuentan con información respecto de que este caso ya fue judicializado por la Fiscalía General, es decir, que ya se cuentan con los elementos suficientes para llevar el asunto ante un juez y que este emita una sentencia. En el portal de internet del Consejo de la Judicatura se publicaron, durante este miércoles, los amparos promovidos ante el 2° Juzgado de Distrito, por parte de Manuel Abraham Reinhardt Guerrrero, ex coordinador de auditorías especiales (Expediente 1100/2018); Fernando José Barrera Guillén, ex auxiliar técnico contable de la Coordinación de Auditorías Especiales (Expediente 1099/2018) y Abraham Payán Torrescano, ex contralor de la ASE. Dichos amparos buscan prevenir una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía. También se informa que la audiencia constitucional de este caso se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre a las 10 horas y se cuenta con un resolutivo, en donde un juez concede la suspensión provisional a Manuel Abraham Reinhardt Guerrero. Hace exactamente 1 año, la Auditora Superior, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, presentó una denuncia penal en contra del ex auditor Héctor Mayorga Delgado, un proveedor de nombre Benjamín Lozano Canseco y 5 ex funcionarios de la ASE por el presunto desvío de 600 mil pesos, que fueron justificados con supuestas compras de insumos para una fiesta navideña que, se presume, nunca se llevó a cabo. El analista jurídico, Jorge Chessal Palau, consideró que, tomando en cuenta todas las diligencias que deben realizarse, la investigación de la Fiscalía tuvo una duración adecuada y no se puede decir que hubo tardanza en la misma, ya que indagatorias de este tipo pueden tardar entre 1 año y 1 año y medio, ya que la Auditora presentó una denuncia muy detallada y con gran cantidad de datos de prueba, que obligan al Ministerio Público a investigar que cada uno de esos datos son ciertos. Chessal Palau explicó que esta denuncia fue integrada pensando en el sistema de justicia penal anterior, en el cual los elementos de prueba aportados por el denunciante eran tomados en cuenta para la resolución del caso; sin embargo, con el nuevo sistema de justicia penal, dichos elementos se convierten en solo datos de prueba, que forzosamente deben ser corroborados por el Ministerio Público, por lo que consideró un error haber hecho tan detallada la denuncia, ya que se obliga al MP a comprobar todos y cada uno de esos datos. Explicó que con el sistema anterior, una factura, por ejemplo era considerada una prueba documental, sin embargo, actualmente dicha factura se debe adjuntar a una entrevista que se le hace a la persona que emitió la factura; por lo que consideró, que lo correcto habría sido presentar la denuncia sin quererla documentar tanto y simplemente sugerir las líneas de investigación a seguir para que la carpeta se integrara de una manera más fluida. Jorge Alejandro Vera Noyola, fiscal Anticorrupción, informó que desde el 21 de agosto que entró en vigor la Ley Orgánica, la instancia a su cargo ha recibido 5 denuncias en contra de elementos de seguridad de diferentes corporaciones policíacas y se espera que con el arranque de administraciones municipales haya un repunte de denuncias por presuntos actos de corrupción. El funcionario mencionó que sigue habiendo mucha burocracia en los procedimientos de investigación de esta clase de asuntos, lo cual retrasa el trabajo de la Fiscalía, por lo que se está trabajando para que esta instancia tenga acceso a bases de datos de dependencias públicas, sin necesidad de que tenga que hacer una solicitud de información y esperar a que estas la respondan. Chessal Palau añadió que la ASE, además de presentar la denuncia penal, tenía la facultad de imponer sanciones administrativas en contra de los ex funcionarios responsables de estos presuntos desvíos, además de que debería estar fungiendo como coadyuvante de la Fiscalía dentro de la investigación de este asunto, a través de aportar nuevos elementos de prueba que vayan surgiendo. La fiesta navideña de la ASE, supuestamente se habría llevado a cabo el 20 de diciembre de 2016. La propia ASE en su momento, reportó la asistencia de diputados y de miembros de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior, quienes en su momento afirmaron nunca haber acudido a dicha celebración, lo que alimentó aún más las sospechas de que dicho evento nunca se llevó a cabo.