La iniciativa de reforma electoral presentada ayer ante el Senado de la República pone ojo en los candidatos independientes. En la propuesta se contempla por primera vez castigo de 4 a 8 años de cárcel a los aspirantes a candidatos independientes y aspirantes que proporcionen documentos "no auténticos" para el trámite de su registro. De acuerdo con la propuesta de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la pena de 5 a 15 años de prisión por el rebase de los topes de campaña también debe aplicarse a los independientes y ser un delito de prisión preventiva oficiosa, es decir, sin el derecho a un proceso en libertad.  "Esta nueva figura de las candidaturas independientes, de 2014, nunca se imaginaron que algunos candidatos, por ejemplo, con la presentación de las firmas, iban a tener una falta de validez por temas de irregularidades, entonces, no había tipo penal para firmas. Esa es una de las propuestas que estamos haciendo", dijo el fiscal Héctor Díaz Santana. Y proponen endurecer castigos La Fepade busca que el financiamiento desde el extranjero y el uso de recursos públicos en campañas electorales, así como el condicionamiento de programas sociales y los actos violentos durante los comicios, sean delitos con prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con la iniciativa de reforma presentada en el Senado, en este mismo catálogo deben estar los ilícitos electorales cometidos por servidores públicos. "Muchas personas critican que la Fepade tiene poca efectividad a la hora de concluir sus procesos y que las penas que se ponen no son muy severas. Más del 95 por ciento de las penas que tenemos ahora... no son delitos graves; solamente el artículo 15 (de la Ley General Electoral) tiene una sanción entre 5 y 15 años", explicó el titular de la Fiscalía. "Pero los demás tipos penales, aunque tú encuentres el culpable, puede tener suspensión condicional del proceso o, en un momento dado, en una medida alterna, puede tener un juicio abreviado y en el juicio abreviado las medias aritméticas (de las penas) dan menos de 4 o 5 años y realmente no llega ninguna persona a la cárcel". El fiscal reconoció que no va a ser fácil cancelar el derecho a la libertad provisional en procesos por los delitos electorales enumerados, ya que se requiere una reforma constitucional. "El Gobierno electo ha declarado que los delitos electorales tendrían que ser graves, ya por parte de Morena se presentó una iniciativa (...) Creo que a todos los legisladores y a todos los actores políticos les conviene empezar a desarrollarlos en un circuito de legalidad electoral", dijo Díaz Santana. La iniciativa plantea tipificar delitos cometidos en el periodo de intercampaña, la violencia política por razón de género, permitirle a la Fepade la intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización en tiempo real de una persona indagada, así como la creación de juzgados y tribunales especializados en materia electoral. -- Reforma