La justicia federal ordenó investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, Guerrero, grabados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según el fallo del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, al mismo tiempo que será creada una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala, las autoridades deben investigar a quienes hicieron desaparecer estas evidencias. "Deberá investigarse y sancionarse a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia", dice la sentencia. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció desde 2015 que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Las grabaciones luego fueron enviadas a la presidencia del tribunal, pero es allí donde se supone que fueron destruidos. Investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que la noche en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron plagiados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia. El Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando (C4) de Iguala, que aquella noche estuvo a cargo de un funcionario municipal y un militar, tenía acceso a las imágenes de esas cámaras. "Particular preocupación genera la circunstancia destacada en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, tocante a la existencia de un video capturado por las cámaras del Palacio de Justicia, el cual habría sido remitido al Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, y finalmente, fue destruido. "Tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial", señala el tribunal.

Retención ilegal El Tribunal también ordenó investigar a funcionarios federales por la presunta retención ilegal de Miguel Ángel Landa Bahena, uno de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos acusado de la desaparición de los 43 normalistas. De acuerdo con el fallo judicial, la Policía Federal detuvo el 10 de abril de 2015 a Landa en la Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y rindió una declaración ministerial, sin embargo, en las actas del proceso se hizo constar que lo aprehendieron al día siguiente. De hecho, el colegiado refiere que en esos días la PGR llevó a cabo dos diligencias con el supuesto sicario, pues no sólo lo sometió a interrogatorio sino que también participó en la reconstrucción de la "ruta de desaparición" de algunos estudiantes. -- Reforma