Aunque las leyes respaldan el aumento de la tarifa al transporte público, no es legal que se haya dado sin haber cumplido los ejes rectores de calidad y servicio que están determinados en el artículo 94, algunos incluso están incluidos en el Periódico Oficial del Estado del 2024, señaló en entrevista David Cibrián, especialista en Métodos Estadísticos.

Recordó que en 2024 se autorizó el aumento a la tarifa en función del valor del índice nacional de precios al consumidor, sin embargo, ya está estipulado que para que se dé el aumento es necesario que las unidades no tengan más de 10 años en funcionamiento, deben contar con un sistema de videograbación, así como controles o botones de pánico que estén comunicados al C5, lamentablemente ninguno de ellos se ha cumplido.

Aseveró que las autoridades han sido bastante permisivas con los permisionarios, pues no se están cumpliendo las obligaciones que deben de ser resueltas a la ciudadanía para que pueda acceder a un servicio de mayor calidad.

"No hay una medición en la cual se de sustento y sea público que las unidades estén cumpliendo", puntualizó.

Descartó que el abandono a las unidades y el incumplimiento al mejoramiento del servicio son consecuencia de la tarifa del pasaje, debido a que habitualmente el servicio está siendo muy demandado por la población, misma que se ha visto perjudicada por el incremento de la tarifa del mismo.

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Exhortó a los permisionarios a rescindir de su contrato si es que ya están presentando más pérdidas que ganancias durante la operación de los camiones y a las a autoridades a buscar ofrecerle el servicio a la ciudadanía.