El compromiso del Gobierno del cambio con las y los potosinos es ofrecer un servicio de transporte público, en su modalidad camión urbano, eficiente, seguro y de calidad, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tras comentar que los ajustes a la tarifa se hicieron conforme a la Ley Estatal del Transporte y a la inflación, garantizando que los nuevos costos no afecten el bolsillo de la ciudadanía.  Comentó que este viernes se llevó a cabo la sesión el Consejo Estatal de Transporte, en el que, con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se decidieron las nuevas tarifas, quedando en 11 pesos para pago en efectivo, 10 en tarifa de prepago y 5 pesos para la tarifa especial, es decir para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. El secretario general de Gobierno reiteró que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue claro al instruir no afectar la economía de las y los potosinos y tomar en cuenta la petición de las y los usuarios del servicio de transporte público, por lo que se acordó que el ajuste a la tarifa del servicio de transporte público para el Estado de San Luis Potosí sea del 10 por ciento. A partir de este domingo 15 de enero, se publicará el decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE). Torres Sánchez expuso que es necesario ser conscientes que los costos de los insumos suben y al año pasado no se registró un aumento a las tarifas, lo cual también se debe reconocer, "el año pasado no hubo aumento, la verdad que esa solidaridad que mostraron con el pueblo de San Luis Potosí, nuevamente se los reconocemos, y yo creo que es justo que se hagan algunos ajustes". El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que el monto de las tarifas del servicio del transporte público es proporcional a las cantidades necesarias para cubrir los gastos derivados del mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, el consumo de combustible, el gasto corriente de la operación, las primas de los seguros que deben contratar y mantener vigentes los concesionarios y permisionarios, así como la rentabilidad derivada de la explotación de la concesión o permiso.